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El Gobierno quiere pedir al sector renovable que adelante a 2022 un ingreso de 3.000 millones de euros que estaba previsto para el trienio 2023-2025

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Y así será -explican desde la Fundación Renovables- si sale adelante la "oportuna propuesta" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de adelantar para el inicio de 2022 la regularización de la retribución de las centrales del ReCoRe (Renovables, Cogeneración y Residuos) prevista para 2023, una vez finalizado el semiperiodo 2020/2022 de regularización de la parte regulada. "De aprobarse la propuesta, el sistema eléctrico podría recuperar -según las estimaciones de la Fundación- en torno a los 3.000 millones de euros este año, sin tener que esperar al próximo trienio".
El Gobierno quiere pedir al sector renovable que adelante a 2022 un ingreso de 3.000 millones de euros que estaba previsto para el trienio 2023-2025

Los valores del marco retributivo de las plantas sujetas al régimen ReCoRe (Renovables, Cogeneración y Residuos) se establecen cada tres años. En 2019 se estableció como precio base del mercado mayorista, a efectos de cómputo de la parte regulada de la retribución a las renovables y a la cogeneración, 54,42 euros por megavatio hora (€/MWh) para 2020, 52,12 para 2021 y 48,82 €/MWh para 2022. En el último trimestre de 2021 (y para las plantas de generación instaladas antes de 2013 que reciben una retribución específica, garantizada durante su vida útil a una rentabilidad del 7,34 %), la subida del precio del mercado mayorista por encima de los valores fijados (con niveles de precios por encima de los 200 €/MWh) ha supuesto una percepción económica superior que deberán devolver durante el periodo 2023/2025.

Pues bien, según la Fundación Renovables, la necesidad de rebajar los costes de la tarifa tiene una oportunidad si estas cantidades se recuperan "cuando más se necesitan, es decir, ahora, cuando los precios del mercado mayorista (pool) son inasumibles por los consumidores domésticos más vulnerables y se replican en la factura por el diseño actual del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)". La Fundación estima que esta rebaja supondría descontar alrededor de 3.000 millones de euros en los costes del sistema eléctrico, un 16,5% de la parte regulada de la tarifa eléctrica y un 8,8% si consideramos todos los ingresos del sistema, según las magnitudes de 2019 (año con datos dentro de una normalidad).

Fundación Renovables
«La asimetría intrínseca de la estructura de la tarifa eléctrica, en la que el cargo de los costes regulados es mayor para los consumidores domésticos que para los industriales, provocará que los más beneficiados sean los más vulnerables, los consumidores domésticos, porque la repercusión para estos por kilovatio hora es un 60% mayor que para los de la tarifa 3.0 de la pequeña industria o 3,5 veces más que para los de la gran industria, tarifa 6.0»

La Fundación considera que "no podemos esperar a finales del año 2022 para regularizar la situación y aliviar el coste que los consumidores están soportando en la factura de la luz desde principios del segundo semestre de 2021". La energía incluida en el ReCoRe es aproximadamente el 35% de la generada, con un precio previamente establecido, según la reforma de 2013, y que distorsiona la fijación de los precios al ser su retribución independiente al precio de cierre fijado en el mercado.

La Fundación Renovables recuerda por otro lado que hemos denunciado el funcionamiento perverso del modelo marginalista.

El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico
Otro punto que destacar -añaden desde la Fundación- es el impacto de esta medida sobre el futuro del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, presentado en noviembre de 2020 y aprobado en junio de 2021 por el Consejo de Ministros, que sigue paralizado en su tramitación parlamentaria como anteproyecto de ley.

"De hecho -explica la FR-, si no se aprueba esta regularización del ReCoRe, el Fondo dejaría de tener sentido ya que la cantidad a traspasar a los sectores del petróleo y del gas para el siguiente semi periodo va a ser mucho más reducida". Así, la Fundación felicita la idoneidad y oportunidad del Fondo "y ya propusimos medidas para que su contenido fuera más sólido y acorde con la realidad del mercado energético español".

Permanentes
La Fundación Renovables recuerda que "ya hemos demandado, en multitud de ocasiones, que algunas de las medidas promovidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para reducir la factura eléctrica no sean temporales, sino permanentes".

Así, la FR demanda "una política fiscal acorde con el gravamen de un bien de primera necesidad, que la rebaja del IVA sea permanente, de ahora en adelante, y se aplique a todos los sujetos pasivos".

Fundación Renovables
«El 21% establecido en España hace que los consumidores soporten el IVA más alto de los países europeos y la bajada permanente al 10% sólo nos acercaría a la media, quedándonos todavía lejos de países como Italia, Portugal o Francia, que lo tienen más bajo. Además, proponemos que para los consumidores y las familias vulnerables se reduzca hasta el 4%, con la tendencia a la exención total para esta tipología de sujetos pasivos. De la misma forma, hemos propuesto la necesidad de establecer un mínimo vital energético para los consumidores vulnerables desde la aprobación de una tarifa social y el consiguiente abandono del actual Bono Social»

Por fin, la Fundación recuerda que "seguimos firmemente convencidos de la necesidad urgente de una reforma integral de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y mantenemos la esperanza de que el modelo marginalista de fijación de precios se adapte a una realidad que es diferente a cuando se creó ya que en la actualidad el 60% de la energía eléctrica que va al mercado es infra marginal y de precio aceptante".

En ese sentido, además, la FR considera que la política de medidas provisionales, "con el consiguiente letargo ocasionado por los dilatados periodos de tramitación", pone en riesgo la transición hacia un modelo energético sostenible, al no disponer de un marco integral de actuación "y aumentar la inestabilidad jurídica y regulatoria para poder ser capaces de dar una respuesta unificada a los retos que debemos de afrontar".

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