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La política energética del gobierno, una invitación a la huida de los inversores

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Esa es una de las conclusiones que ha alumbrado la sexta edición del "Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España", documento obra de la Cátedra BP de la Universidad Pontificia de Comillas en el que media docena de expertos de primera fila analizan los "principales indicadores de energía y su sostenibilidad en España". Según el Observatorio, la moratoria renovable y las diversas violaciones de la seguridad jurídica que ha protagonizado el gobierno a lo largo de los últimos meses "son una invitación –tal como está sucediendo– a una huida al extranjero de los inversores, promotores e industrias relacionadas con este sector clave para la sostenibilidad energética".
La política energética del gobierno, una invitación a la huida de los inversores

"El año 2012, Año Internacional de la Energía Sostenible para todos, no ha supuesto mejoras en las políticas de sostenibilidad del modelo energético español, sino más bien un mantenimiento de las malas prácticas tradicionales. La verdadera reforma energética que permita alcanzar un modelo energético con precios competitivos, respeto por el medio ambiente y seguridad energética, sigue pendiente". Se podrá decir más alto, pero, seguramente, difícil será hacerlo con mayor claridad. La prestigiosa Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad acaba de presentar su sexto Observatorio, un documento en el que media docena de expertos de primerísimo nivel -entre los que se encuentra por ejemplo Ignacio Pérez-Arriaga, autor del Libro Blanco de la Generación Eléctrica en España- radiografían exhaustivamente el ítem "energía y sostenibilidad en España". Pero, más allá de los números de la energía (el informe está lleno de cuadros y gráficos), el Observatorio opina con la misma claridad que siempre. Regrese el lector al entrecomillado que abre este párrafo o lea el siguiente: "si en el informe del año pasado decíamos que la regulación energética de la última década se ha caracterizado por la improvisación, la inseguridad jurídica y la falta de transparencia, este año 2012 no ha supuesto un cambio de tendencia".

Un informe con denominación de origen
Esas son las conclusiones a las que ha llegado el equipo de redacción del "Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España. Edición 2012. Informe basado en indicadores". El equipo en cuestión está integrado por Alessandro Danesin, María Cruz Lascorz, Pedro Linares, Álvaro López-Peña, Ignacio Pérez-Arriaga y Renato Rodrigues y su discurso -cabe insistir- no puede ser más explícito: "desde el Observatorio reiteramos el llamamiento por una política energética estable, que perdure más allá de un ciclo político". Para ello -continúan los autores-, el legislador "debe dar prioridad a dos aspectos principales: recuperación de la credibilidad regulatoria, que es la base de la seguridad jurídica, y una visión de futuro de nuestro modelo energético –en una senda de sostenibilidad, desde luego–, debatida democráticamente y aprobada con el consenso de los partidos políticos". El llamamiento del Observatorio llega avalado por un exhaustivo análisis de lo acontecido a lo largo del año 2012, análisis que repasa los hitos clave de este primer año de Ejecutivo Rajoy, un ejecutivo que ha puesto al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al canario José Manuel Soria. A continuación, repasamos las perlas del análisis de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia de Comillas.

De la moratoria de enero del 12 al IPC imaginativo de Soria
El año 2012 comenzó (Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero) con una moratoria al sistema de primas para las nuevas instalaciones del régimen especial de generación (cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos), salvo las acogidas al pre-registro, es decir, aquellas instalaciones ya autorizadas a cobrar prima, aunque no construidas, fundamentalmente las solares termoeléctricas. Pues bien, según el Observatorio, "una moratoria de este tipo no es necesariamente mala, si se concibe como una forma de replantear una política de apoyo a las renovables que ha presentado desajustes y errores y si forma parte de un plan de largo plazo, con actuaciones previsibles y planificado y ejecutado con transparencia, lo que no es el caso". Además, añade el Observatorio, "en febrero de 2013 se han introducido (Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero) nuevas modificaciones restrictivas a la remuneración del régimen especial de generación". ¿Conclusión, según los autores? "La moratoria –de duración incierta–, los cambios en el régimen retributivo y los diversos temas regulatorios abiertos son una invitación –tal como está sucediendo– a una huida al extranjero de los inversores, promotores e industrias relacionadas con este sector clave para la sostenibilidad energética".

Inventiva gubernamental
Las "modificaciones restrictivas a la remuneración del régimen especial de generación" constituyen la última embestida de Soria a las energías renovables y desataron el mes pasado una reacción durísima del sector. Grosso modo, la restricción clave, marcadamente retroactiva, consiste en que las primas no se van a actualizar conforme al IPC, que era lo que establecía la ley, sino conforme a un nuevo indicador -un nuevo IPC- que "se ha inventado Soria", según denunciase en su momento la Asociación de Productores de Energías Renovables. El IPC nuevo, que viene a sustituir al IPC convencional, se llama IPC subyacente y se obtiene restando del IPC general la evolución del precio de los productos energéticos (véase al respecto ecooo.es). Según el economista Mario Sánchez-Herrero, esta enésima triquiñuela de Soria va a suponer que las renovables cobrarán menos por kilovatio que en 2012: "de acuerdo con los datos publicados por el INE, la inflación general en noviembre (y diciembre) de 2012 había alcanzado al 2,9% de incremento; les correspondía por tanto [a los productores de energías renovables] un aumento en el precio primado del 2,4% (IPC menos 0,5 puntos, según decía la ley); pues bien, en lugar de aumento, los titulares de estas instalaciones van a ver [gracias a este IPC reinventado] cómo su electricidad va a ser retribuida incluso a un precio inferior al que han venido cobrando en 2012".

Del déficit
El déficit de tarifa –"deuda que ya alcanza los 30.000 millones de euros, unos 700 euros por persona"– es otro de los objetos de análisis del Observatorio. Según este informe, "el instrumento fundamental para tratar de hacer frente al déficit tarifario ha sido una reforma fiscal (Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética de 27 de diciembre de 2012), con la que se grava a las empresas de generación eléctrica (7% sobre la facturación)". Pues bien, el Observatorio señala que, "en realidad, lo que la reforma ha supuesto, en su mayor parte, es una subida de tarifas para el consumidor (ya que las empresas generadoras trasladan la mayor parte de esos cargos al precio de la electricidad, lo que es la respuesta económicamente racional ante el diseño que el Gobierno ha adoptado para estos impuestos), y también una cierta redistribución de los beneficios entre las distintas tecnologías, sin una explicación que la avale. La cogeneración y algunas renovables han resultado especialmente afectadas negativamente". Más aún: los autores sostienen que esta Ley "carece por completo de un plan para hacerle frente [al déficit de tarifa], como lo confirma el hecho de que el Gobierno aprobase en diciembre de 2012 la derogación del compromiso existente de extinción del déficit de 2013".

En el día de los inocentes, 28 de diciembre
En el colmo del absurdo, el gobierno recogió esa derogación en el Boletín Oficial del Estado del 28 de diciembre de 2012 en un real decreto-ley (RDL) que nada tenía que ver con la electricidad: el denominado Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social (es ahí, entre esas "y otras medidas", donde aparece el recorte). La maniobra refuerza la sensación de que el gabinete de Soria regula desde las antípodas de la transparencia, o -más apropiadamente, quizá- desde la clandestinidad del que sabe que está cometiendo algo ciertamente irregular. El Observatorio lo denuncia así en su informe: "cabe decir que, en línea con esta improvisación y falta de transparencia ya mencionadas, dicha derogación se recogió no en una norma específica, sino dentro del Real Decreto de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar". O sea, que el 28 de diciembre, casi en el último minuto de la prórroga (a punto de expirar el año), el gobierno cuela en un RDL "para Empleados de Hogar" una medida -derogación del compromiso existente de extinción del déficit de 2013- que supone, por una parte, el reconocimiento de un fracaso (el gobierno había establecido por ley que el déficit en 2012 no debería superar los 1.500 millones de euros y a final de año se encontró con que ese número se había elevado hasta más allá de los 4.000), y constituye, por otra parte, la enésima demostración de que la política energética española es cualquier cosa menos transparente.

Del ahorro y la brecha que se abre
Otro de los extremos abordados por los autores ha sido el ahorro. Y ahí el discurso es igualmente explícito y crítico: "España votó en contra y trató de vetar la recientemente aprobada Directiva de Eficiencia Energética (enorme paradoja, en un país con una dependencia energética muy superior a la media europea)". Y es que España, en materia de ahorro, hace doblete. A saber: por una parte, nuestro país depende más del gas y el petróleo árabes que los países de la UE, y, por otra, empleamos menos eficientemente esa energía que importamos: en 2011 -señala el Observatorio- tanto España como la UE han conseguido reducir el valor de la intensidad energética (consumo energético por unidad de PIB, expresado este en euros constantes de 2005). Eso sí: "mientras el nivel para España se quedó por encima de 6100 GJ por millón de Euros, para la UE este valor está por debajo de los 5300 GJ por millón de Euros". O sea, que somos mucho menos eficientes (gastamos más energía para producir la misma unidad de PIB que nuestros vecinos europeos). Es más: "en el periodo entre los años 2000 y 2011, en la UE-15 la intensidad energética bajó el 17% mientras que en España bajó solamente el 8%". O sea, que ya andábamos mal, pero es que, ahora, la brecha es mayor aún.

Las cosas del mercado eléctrico: cae la demanda, sube el precio de la luz
No es esa la única medida de dudosa idoneidad pro ahorro que ha impulsado el gobierno en los últimos doce meses. Según el Observatorio, "lo anterior se suma a los recientes recortes (anulación de los convenios con las comunidades autónomas para los planes “renove” de electrodomésticos, calderas o edificios), a los retrasos en aplicar medidas obligatorias de ahorro energético y a la expropiación de los fondos excedentes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético para taponar el déficit tarifario" (recorte al IDAE de 616 millones de euros). Y, todo ello, cuando, según los autores, "hoy nadie pone en cuestión que el ahorro y la eficiencia energética es la medida más eficaz, menos costosa y de mayor alcance en la senda para un modelo energético más sostenible". Así pues, el único "ahorro" que está experimentando el sistema eléctrico nacional es el que no puede ser intervenido por el gobierno: la caída de la demanda, fruto de la crisis, que ha sido del 2,1% en 2011 y del 1,7% en 2012. Caída no obstante paliada por las compañías eléctricas con fuertes subidas del precio de la luz. El Observatorio habla de una "preocupante escalada del precio de la electricidad en comparación con otros países de nuestro entorno económico (entre 2006 y 2011 el precio de la electricidad para los consumidores domésticos españoles, según Eurostat, excluidos los impuestos, aumentó un 69,9%, mientras en la UE-27 creció un 19,9%, y en el área euro un 13,1%)".

Matar al testigo... o la súper comisión batiburrillo
Otra medida que está ideando el Ejecutivo Rajoy es la disolución de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el ente regulador del sistema eléctrico nacional, un testigo incómodo en ocasiones para el gobierno, testigo que lleva años denunciando -con menor vigor del necesario, al decir de algunos, pero denunciando- muchas de las medidas que han puesto en marcha, o propuesto, los últimos gobiernos. Esa disolución es calificada por el Observatorio como "un claro paso atrás" para el país, un paso atrás que afecta a un organismo, la CNE, que es, según los autores, "elemento clave en la implementación de un modelo energético sostenible". Grosso modo, lo que quiere hacer el gobierno es crear una súper comisión batiburrillo que agrupe en sí las funciones que desarrollan ahora la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. ¿Y cómo justifica esa propuesta el Ejecutivo? Pues, alegando la necesidad de introducir “normas claras, una arquitectura institucional seria y unos criterios de actuación predecibles para todos los agentes económicos”. ¿Y qué opina el Observatorio? Pues que "este cambio de modelo carece de sentido y es contrario al planteamiento generalizado en Europa, y a las Directivas comunitarias". Así, el informe propone una retirada del proyecto "en su totalidad".

Los políticos del parche, la improvisación, la inseguridad jurídica y la falta de transparencia
Pero si la política del parche y del absurdo -cuyo máximo exponente ha sido el RDL de los Santos Inocentes y empleados de hogar- ha sido vapuleada por el Observatorio, no mejor parada ha salido la ausente política grande, la de las letras mayúsculas que debiera estar redactando el gobierno, la del necesario modelo energético para un país, que también es puesta en solfa por el Observatorio. El informe dice así: "hay demasiados frentes abiertos en el modelo energético español como para permanecer pasivos esperando que las circunstancias decidan por nosotros". En otro lugar del informe: "las dificultades presentes del sector energético español no justifican, sino al contrario, la falta de atención en plantear una política energética sostenible de largo plazo". Y más aún: "hace años que otros grandes países europeos han debatido y publicado hojas de ruta de sus modelos energéticos, con objetivos a veinte o cuarenta años, para transitar hacia una senda de mayor sostenibilidad y cumplir sus compromisos internacionales –en particular en materia de cambio climático– optimizando sus recursos naturales y capacidades tecnológicas". En resumen, concluye el Observatorio, "las políticas planteadas en 2012 no han mejorado la situación, ya que siguen caracterizándose por la improvisación, inseguridad jurídica y falta de transparencia. Sigue siendo clave contar con un régimen estable de apoyo a las energías renovables, que otorgue la prioridad requerida a las políticas de ahorro y eficiencia energética, que regule las emisiones difusas de CO2, y sobre todo, que aporte una visión de largo plazo que permita formular políticas estables y sostenibles".

Los números del Observatorio
Este Informe 2012 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España recoge en sus tablas y figuras los datos de 2011, que son los últimos oficialmente disponibles en España, para indicadores energéticos y emisiones de gases de efecto invernadero. Según el informe, el sector energético español consumió 5,85 EJ de energía primaria y emitió 264 millones de toneladas de CO2, generando un valor añadido de 20.400 millones de euros (correspondiente a un 2% del PIB). Eso sí: "el valor añadido generado por el sector se reduce [este año], en parte, por un aumento del gasto en energía primaria, y, en parte, por el aumento de los costes externos del sector". La Cátedra BP concluye que "la sostenibilidad del sector energético español ha empeorado, destacando entre los principales motivos el aumento de las emisiones de CO2 y de otros contaminantes, la dependencia energética del exterior y la reducción del valor añadido generado por el sector". Las emisiones de CO2 aumentaron el 2% en 2011, mientras que el nivel de dependencia exterior llegó hasta el 84%, debido al aumento en el uso del carbón, importado en su mayoría. La participación de las energías renovables en el sistema se redujo en términos relativos, situándose en 2011 en un 10% sobre energía primaria y un 31% sobre energía eléctrica. Otra de las principales conclusiones es que, a pesar de que la movilidad de pasajeros sigue disminuyendo, el transporte sigue siendo el sector que más energía consume, un 26%, y el que más emisiones de CO2 causa, un 28%: "por tanto, este sector sigue siendo prioritario en cuanto al diseño de políticas sostenibles".

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