El atractivo para los grandes inversores y para los gestores de las empresas reguladas es que el riesgo es mínimo y la rentabilidad segura, ya que el consumidor final no solo paga los costes del servicio sino también los déficits del sistema y los ocasionados por errores de gestión empresarial o política, sin auditorias ni transparencia. Un ejemplo sobre cómo funciona el modelo energético centralizado es el caso del almacenamiento de gas Castor. Todo el riesgo es para la sociedad, el consumidor o el contribuyente.
Este modelo es el que alimenta los ciclos inversores de las grandes energéticas, sin necesidad de análisis de demanda ni de impactos ambientales, ya que se trata de crear activos energéticos, aumentar su valor, y posicionarse en el mercado para posibles operaciones corporativas y, en el caso de que se produzcan déficits o pérdida de ingresos, acudir al Estado para que regule su rescate vía peajes que se cargarán a los consumidores.
La crisis de 2008 aumentó el interés para que los fondos de inversión extranjeros aterrizaran en el sector energético, hasta llegar a ser sus mayores propietarios. Se alentó con la ola de privatizaciones iniciada en los años ochenta y noventa y una nefasta regulación de la competencia. Mientras otros países europeos como Alemania, Francia e Italia han protegido el sector energético por considerarlo estratégico, en España esto no ha sucedido hasta 2020; pero ya es tarde y el daño irreparable.
El sector energético está en manos de grandes fondos de inversión extranjeros y de la misma manera que nadie evitó la compra de Endesa, nadie parará la de Naturgy. Y vendrán otras compras en el futuro porque la crisis provocada por la Covid-19 ha aumentado el atractivo de las operaciones corporativas sobre empresas estratégicas españolas, incluidas las renovables.
Menor soberanía y seguridad
Los efectos son negativos en pérdida de soberanía y seguridad energética, pérdida de renta y seguridad nacional y una amenaza para la transición energética. Primero, porque afianza un modelo energético especulativo. La riqueza se crea a través de operaciones corporativas de compra venta de activos, alejadas de la economía productiva y del interés general, ya que solo se tiene en cuenta su rentabilidad. Las renovables a gran escala son un ejemplo, ya que las subastas no van a terminar con la especulación. Si antes ésta se producía con las autorizaciones administrativas ahora se producirá con las instalaciones a gran escala ya terminadas.
Segundo, el único fundamento de los fondos de inversión es obtener la máxima rentabilidad y ello obliga a conseguir activos energéticos, bien para elevar el dividendo o para venderlos. La razón por la que los mismos que condenaron a las renovables para defender la inversión en nucleares, infraestructuras gasistas o fracking ahora se hayan transformado en conversos de las de las energías limpias es exclusivamente económica. Un modelo que supedita la sostenibilidad ambiental a la rentabilidad es una amenaza para la transición energética.
Tercero, la necesidad de optimizar la rentabilidad de los activos energéticos centralizados requiere una regulación que incentive la mayor facturación a los consumidores para asegurar los ingresos suficientes. Se prioriza así la oferta de energía y se penaliza su ahorro. Tampoco se facilita a los consumidores el acceso a instrumentos de eficiencia energética, como los contadores inteligentes o tarifas inteligentes, para reducir sus costes energéticos. El modelo energético centralizado tiene como principal objetivo el crecimiento de la demanda para justificar nuevas inversiones. Es un modelo insostenible por razones económicas, sociales y ambientales.
Cuarto, los nuevos modelos de negocio energético están amenazados por la “uberización” que la inversión extranjera pueda introducir en los usos de la energía. La denuncia que los sindicatos agrarios han hecho sobre cómo los fondos de inversión “uberizan” el campo español se puede trasladar a los servicios energéticos como el autoconsumo, el almacenamiento, los agregadores independientes de la demanda, comunidades energéticas, recarga de vehículos eléctricos o rehabilitación energética, convirtiéndolos en nuevos monopolios.
El consumidor activo y el sistema energético
Hay que cambiar el carácter especulativo del modelo energético para aproximarlo a la economía productiva y al interés general del país. La prioridad por asegurar los ingresos suficientes del sistema debe sustituirse por la prioridad de la eficiencia energética y del consumidor activo como centro del sistema energético. Del modelo energético centralizado que se rentabiliza por la extracción de parte de la renta nacional y la renta disponible de los consumidores se debe pasar a un modelo descentralizado y distribuido que abra la competencia a millones de consumidores para que puedan gestionar su propia demanda energética.
Seguramente se dirá que oponerse a los fondos de inversión no conviene por el riesgo que supone poner en contra del país a los grandes inversores, pero descapitalizar España no nos posicionará mejor en la mayor crisis de deuda y déficit que nos espera en 2021. La política de corto plazo ha de sustituirse por una visión de largo plazo para nuestro país.
Las nuevas tecnologías de generación y eficiencia energética hacen que la energía ya no se base en mercados y consumidores cautivos. Hay que crear un mercado energético de consumidores y clientes activos, tal como los definen las directivas europeas, porque el modelo energético que se desarrolla en buena parte del mundo está en otra clave distinta, la de los recursos energéticos distribuidos y las aplicaciones inteligentes para la gestión de la demanda con el control del consumidor.
