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La chistera de Soria

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El ministro de Industria, José Manuel Soria, encargó en julio de 2013 a dos consultoras -Boston Consulting y Roland Berger- sendos informes económicos sobre las instalaciones de generación de energías renovables (grosso modo, cuánto costó su puesta en marcha y cuánto cuesta su operación). Industria quería valerse de esos estudios para sustituir las primas -que el Gobierno consideraba que proporcionaban una rentabilidad excesiva a esas instalaciones- por la denominada "rentabilidad razonable". El cambio de prima a "rentabilidad razonable" -ejecutado a través de una orden ministerial de más de 1.700 páginas cuajada de números- ha supuesto un recorte de 3.000 millones de euros a los ingresos de aquellas instalaciones. ¿Y qué hay de oscuro? Pues que, al parecer, Industria ha recortado sin haberse mirado ninguno de los dos informes. Es más, uno de ellos parece que nunca existió. ¿De dónde han salido, pues, los números que glosan esas 1.700 páginas y avalan el recorte "razonable"?
La chistera de Soria

La historia es tal y como sigue: el Ejecutivo contrata en otoño de 2013 a dos consultoras -Roland Berger y Boston Consulting Group- y les encarga que estudien dos ítems: las inversiones que hicieron en su momento los promotores para poner en marcha sus instalaciones renovables y los costes de mantenimiento y operación de esas instalaciones.

¿Objetivo? Conocer esos números y aplicarles una rentabilidad máxima del 7,398%, que esa es la rentabilidad que consideran razonable (para las energías renovables) el ministro de Industria, José Manuel Soria, y su secretario de estado de Energía, Alberto Nadal. El caso es que las consultoras (al menos presuntamente) hacen sus estudios y números y (al menos presuntamente) se los entregan al Ministerio de Industria, que, poco después (en junio de 2014), aprueba la normativa que instituye en efecto esa rentabilidad máxima para las instalaciones renovables: el 7,398%, porcentaje que se aplicará a cada instalación… a partir (al menos presuntamente) de la base de cálculo que (al menos presuntamente) entregaron al Ministerio las dos consultoras.

¿Qué ocurre? Pues que todos los afectados han estado denunciando durante los últimos meses que los números a partir de los cuales establece el Ejecutivo su “rentabilidad razonable” están desinflados. Por ejemplo, denuncian que las inversiones que el Ministerio dice que hicieron en su momento los promotores están muy por debajo de las inversiones reales, por lo que el 7,398% de rentabilidad que se les aplica produce una retribución que está también muy por debajo de lo debido.

Pero sigamos con la historia
Así las cosas, y a pesar de las protestas cada vez más generalizadas del sector, nadie accede a los misteriosos informes de Boston Consulting y Roland Berger. ¿Y por qué? Pues porque el Ejecutivo Rajoy se niega explícitamente a hacerlos públicos. Se niega a pesar de que todo el sector los reclama insistentenemente durante meses y, más insistentemente aún, desde que el gobierno aprobara la normativa que institucionaliza el recorte (Real decreto 413/2014 y Orden IET/1045/2014, de 16 de junio). Pues bien, habida cuenta de las negativas del gobierno, que se ampara en presuntas cláusulas de confidencialidad que al parecer protegen a esos informes, el despacho de abogados Holtrop lleva el caso al Tribunal Supremo y consigue -lo consiguió por fin ayer, 12 de marzo de 2015- que el alto tribunal obligue al gobierno a mostrar la documentación requerida.

¿Y dónde está la sorpresa? Pues en que resulta que, entre la documentación requerida a Industria y recibida por el Tribunal Supremo, no está el informe de Boston Consulting. ¿Y por qué? Pues por "los reiterados incumplimientos de contrato en que ha incurrido" esa consultora. Al menos eso dice el Gobierno, que, entre los documentos que sí ha enviado al Supremo incluye uno -fechado el 25 de febrero de 2015- según el cual Industria habría rescindido el contrato de Boston (el referido al estudio) hace apenas diez días y por "los reiterados incumplimientos de contrato en que [la consultora] ha incurrido". ¿Segunda sorpresa? El informe de Roland Berger aportado por Industria tiene fecha de 31 de octubre de 2014.

¿Conclusión?
Industria habría aprobado su normativa -le habría recortado los ingresos a las renovables en 3.000 millones de euros- sin haber visto ninguno de los dos informes. Porque el de Roland tiene fecha de 31 de octubre de 2014 y la orden ministerial que materializa el recorte apareció en el Boletín Oficial del Estado el veinte de junio de ese año, o sea, tres meses antes. Y porque a Boston se le rescindió el contrato -el 25 de febrero de 2015- por "los reiterados incumplimientos de contrato en que ha incurrido". Curiosamente, la orden ministerial que aprobó el gobierno en junio tiene más de 1.700 páginas cuajadas de cifras con las que el Ejecutivo justifica su recorte.

La pregunta es, entonces, la siguiente: si el Ejecutivo delegó la obtención de esa información en dos consultoras especializadas y ninguno de los dos informes llegó a manos del Gobierno en tiempo y forma (o sea, antes de que se aprobara la norma): ¿de dónde han salido todos esos números?

Energías Renovables se ha puesto en contacto con Boston esta mañana para saber cuáles han sido los reiterados incumplimientos ahora denunciados por Industria y Boston ha declinado amablemente contestar esa pregunta. Hemos preguntado entonces si al menos podían decirnos si habían entregado o no algún tipo de informe al Ministerio y la portavoz de Boston se ha negado de nuevo a contestar, eso sí... de nuevo amablemente. ¿Conclusión? El Tribunal Supremo no tiene el informe de Boston (tiene el certificado en el que Industria explica su rescisión de contrato) y tiene un informe de Roland con fecha de 31 de octubre.

Tags: Renovables
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Paco Ramirez
A la carcel solo van los que roban dos potitos para que coma su hijo.
Serranillos
A ser investigado por parte de la Justicia y, si procede tal como pinta, alguien debería ir a la cárcel por prevaricación.