Greenpeace ha comparecido hoy ante el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional como parte perjudicada por espionaje bajo la figura penal de delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La organización ecologista incica en un comunicado que el objetivo es que se esclarezca si son ciertas las noticias aparecidas en los medios de comunicación que indican que tanto Greenpeace, como quien era entonces responsable de la campaña nuclear, Carlos Bravo, fueron espiados desde 2007 por el excomisario José Manuel Villarejo en el contexto de la campaña por el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia).
El excomisario Villarejo determinaba, en el denominado Informe Front, quiénes eran las personas que, en ese momento, eran consideradas una amenaza para la central nuclear de Cofrentes, entre ellas Carlos Bravo.
“Es incomprensible e inaceptable que Iberdrola no haya demandado a Villarejo con la misma rotundidad con la que sus servicios jurídicos y la misma empresa siempre han actuado contra Greenpeace para salvaguardar la imagen de la seguridad de sus plantas nucleares en general y la de Cofrentes en particular, o para dañar a quienes denunciaban sus centrales de carbón como la de Pasaia. Especialmente durante los años 2007 hasta el 2015. No se entiende muy bien que no hayan hecho lo mismo en este caso. Al menos por decencia y salud democrática”, ha declarado Mario Rodríguez, Director de Greenpeace España.
Reunión imposible
Nada más conocer la noticia, Greenpeace se puso en contacto con Iberdrola para pedir una reunión con su presidente, Ignacio Sánchez Galán. Se requirió una explicación sobre las noticias aparecidas en los medios y se exigió a Iberdrola un desmentido público sobre su implicación en el espionaje a los activistas de Greenpeace que luchaban y luchan por el cierre de las nucleares como la de Cofrentes, proponiendo que la eléctrica demandase a Villarejo.
"Desafortunadamente no han fructificado las gestiones realizadas con la Consejera Delegada de Iberdrola España para celebrar esa reunión. De ahí que Greenpeace se vea en la obligación de personarse en los tribunales para que se investigue la relación entre Villarejo e Iberdrola con el fin de esclarecer estos presuntos hechos dada su gravedad", indica la ONG en el comunicado.
“Resulta demoledor enterarse de que a una empresa como Iberdrola se le acuse de recurrir a actividades presuntamente ilegales como el espionaje y el hostigamiento a ecologistas y sindicalistas para evitar las críticas a la peligrosidad de las centrales nucleares y que no haga nada al respecto. Personalmente, considero que la actuación de Iberdrola en este asunto es inadmisible, deleznable y absolutamente antidemocrática”, ha manifestado Carlos Bravo.
Desde Greenpeace afirman que "las ONG y organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol fundamental de control y vigilancia del poder político y económico, investigando y denunciando prácticas que pueden ser lesivas para el conjunto de la sociedad. Los casos de espionaje y acoso a quienes trabajan por el bien común y la justicia social y ambiental, suponen una alarmante merma de la calidad democrática de nuestro país y debilitan la credibilidad de nuestras instituciones".
Por ello, concluyen, "resulta imprescindible que las organizaciones sociales puedan ejercer su labor con garantías de que las grandes empresas como Iberdrola juegan limpio, asumiendo con naturalidad e higiene democrática su exposición al escrutinio de la ciudadanía".
