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Garoña: tres años parada y sin novedad

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La madrugada del 16 de diciembre de 2012, la central nuclear de Santa María de Garoña (Iberdrola, 50%, Endesa 50%) dejaba de producir electricidad. El suministro eléctrico no percibió la carencia, como se puede observar en la curva de demanda de Red Eléctrica de España, a pesar incluso de que la unidad I de Almaraz también estaba parada por procesos de recarga y la unidad I de Ascó había sufrido asimismo una parada el día anterior durante su proceso de arranque tras otra maniobra de recarga.
Garoña: tres años parada y sin novedad

Greenpeace difundió ayer un comunicado en el que asegura que "ha quedado completamente demostrado durante estos años que esta central, la más vieja de la Unión Europea, es absolutamente prescindible para el sistema eléctrico español". La organización ecologista explica en esa nota que, tras "tres años sin producir electricidad, dos años y medio sin licencia de explotación y un año y medio sin realizar las evaluaciones pedidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la consideración de una nueva licencia", el Consejo está acelerando la publicación de "un informe condicionado, sobre la licencia hasta 2031, para que el Ministerio de Industria pueda dar, en los últimos días de gobierno, la autorización a Nuclenor" (Nuclenor es la empresa propietaria de Garoña, una empresa propiedad a partes iguales de Endesa e Iberdrola). De esta manera -asegura la organización ecologista- las compañías propietarias podrían reclamar pérdidas por “lucro cesante” en caso de que el próximo gobierno decidiera desmantelar la vieja planta atómica.

Sin unanimidad
Según la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, "el pleno del CSN, sin unanimidad, está permitiendo que Garoña opere hasta los 60 años de antigüedad para permitir que el Ministerio de Industria conceda una licencia a esta central nuclear en el tiempo de descuento de esta legislatura". Así -añade Montón-, Iberdrola y Endesa "podrán exigir lucro cesante si el próximo Gobierno decidiera cerrarla". A la vista de todo ello, la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace apela a los candidatos a la presidencia del gobierno: "ni Garzón, ni Iglesias, ni Rivera, ni Sánchez deberían permitir el expolio de las arcas del Estado a costa de las nucleares, que se está tramando con el patrocinio del actual Gobierno".

Greenpeace contextualiza
"La empresa propietaria de Garoña, Nuclenor (50% Iberdrola y 50% Endesa), justificó la desconexión por la quiebra derivada, según ellos, de la aplicación de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética". En julio de 2014, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) les multó con 18,4 millones de euros por haberlo hecho. No obstante -continúa Greenpeace-, esta justificación empresarial ha servido de coartada para modificar ad hoc todas las leyes y reglamentos necesarios para solicitar una nueva licencia para operar hasta el año 2031, a pesar de tener, al mismo tiempo, una orden de cierre definitivo en vigor.

El pleno del CSN -que es el organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica- admitió esta solicitud -denuncia Greenpeace- sin explicar por qué acepta evaluar la planta por más de diez años, cuando jamás en la historia de la seguridad nuclear española se ha hecho algo así (véase acta CSN). "En Francia llevan 5 años -señala la oenegé- debatiendo públicamente los aspectos técnicos, económicos y ambientales de llevar sus reactores nucleares a los 60 años de vida, mientras que, en España, lo ha decidido el actual gobierno por la puerta de atrás, tras colocar a su secretario de Estado de Energía como presidente del CSN".

Según la organización ecologista, "en el último mes, tras la imposición de un tercer consejero propuesto por el Partido Popular, que fue rechazado por el Parlamento, rompiendo la neutralidad del CSN, y, dada la proximidad de las elecciones, se ha acelerado el proceso". Ciertamente, el pasado 4 de noviembre se aprobó una modificación de las Especificaciones Técnicas de Seguridad de Garoña para aplicar un nuevo cálculo de presiones y temperaturas en la vasija del reactor de esta central nuclear. "Esta modificación -explica Greenpeace- exime de realizar unas pruebas a no ser que les concedan previamente la licencia de operación hasta 2031".

La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, opina
"Garoña -dice Montón- seguirá sin producir electricidad en 2016, porque no cumple todos los requisitos de seguridad. Pero sí es posible que sus dueños se lucren si el Gobierno in extremis les autoriza a poder reabrir". En ese sentido, la organización ecologista recuerda que ha reclamado reiteradamente que se lleve a cabo el trámite de información pública, así como el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, con carácter transfronterizo, de este proyecto de prolongación del ciclo de vida de la central nuclear. Greenpeace destaca que ambos procedimientos son "de obligado cumplimiento antes de decidir reabrir una central, según el Convenio de Espoo".

Greenpeace resume el proceso de Garoña

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