"Hay que humanizar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética". El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, explicó ayer, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que, para transitar hacia un modelo energético sostenible -económica y ambientalmente- lo primero que hay que hacer es "planificar, algo que no está haciendo el gobierno". Rodríguez dijo además que esa planificación energética "tiene que tener en cuenta a las personas: en Greenpeace estamos trabajando por una planificación donde las personas importan".
El director ejecutivo de la organización ecologista denunció así la reforma energética que ha ejecutado el Gobierno Rajoy -de moratoria a las renovables, impuesto al Sol y apuesta por el carbón- y recordó a los cerca de 50.000 trabajadores del sector renovable que han perdido su empleo a lo largo de los últimos cinco años. Rodríguez habló de "vidas truncadas, vidas rotas. Se están olvidando de las personas, se han olvidado de los que producen y de los que consumen. El Gobierno no tiene en mente que la planificación energética no se puede olvidar de las personas".
La organización ha propuesto al Gobierno un decálogo de medidas a incorporar en la futura Ley de Cambio Climático (el Ejecutivo ha abierto esa ley a debate y discusión público con el objetivo -aseguran desde el Ministerio- de "recoger todas las aportaciones posibles de cara a la elaboración del anteproyecto de Ley"). Greenpeace dijo ayer por boca de su director ejecutivo que la propuesta es buena, pero que "una cosa es la música y otra es la letra", por alusión a la declaración de buenas intenciones que en ese sentido ha hecho la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.
Jornadas de debate
Tejerina dijo hace unos días, durante las jornadas de debate sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que organizó su Ministerio, que "queremos que este país esté preparado para liderar la transición a un nuevo modelo bajo en carbono”. Sin embargo, las señales que emite el Ejecutivo son otras: véase el impuesto al Sol, o el Caso de Andorra, la central térmica de carbón que quiere cerrar su propietaria -Enel- y que el secretario de Estado de Energia, Daniel Navia, considera sin embargo, y sorprendentemente, "fundamental" para el mix energético nacional.
Más aún: ahora mismo, el Gobierno Rajoy está permitiendo a las térmicas de carbón españolas emitir hasta 7 veces más que la legislación europea. En fin, que las declaraciones y los hechos parecen transitar por distintos derroteros. El impuesto al Sol -"aberrante", según Greenpeace- sería otro de esos ejemplos que pone en tela de juicio la sinceridad de las declaraciones de intenciones gubernamentales (el Partido Popular ha vetado en la Mesa del Congreso hasta en dos ocasiones en los últimos ocho meses la posibilidad de que se debatiera en el Parlamento ese impuesto).
De la música y la letra
Rodríguez considera en todo caso "muy importante" que se haya abierto a la sociedad el debate sobre la Ley de Cambio Climático. Eso sí: ayer insistió en que esa Ley "debe cuadrar la música con la letra". El director ejecutivo de Greenpeace ha estado acompañado, durante su comparecencia, por José Luis García Ortega, jefe del área de Energía de Greenpeace. Ortega también ha reconocido las declaraciones de buenas intenciones de la ministra de Medio Ambiente, pero también quiere letras sobre el papel (y números): "un calendario -fechas- para la transición hacia un sistema 100% renovable".
El jefe del área de Energía de Greenpeace ha dicho que 2025 debería ser el primer hito clave en esa transición: "2025 debe ser la fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón; ese año, además, España debe dejar de fabricar vehículos diésel; y en 2030, o muy cerca de esa fecha -ha añadido-, el 100% de la electricidad debe ser de origen renovable en nuestro país" (lo cual implica el cierre de los siete reactores nucleares que hay actualmente en España). "En 2030 -ha concluido Ortega-, el 45% de la demanda energética total de España debería ser de origen renovable".
Greenpeace considera que estos son los Diez elementos clave para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética
1 Tener como objetivo asegurar la protección de la ciudadanía y del medio ambiente frente al cambio climático y garantizar el cumplimiento en España de las disposiciones del Acuerdo de París. Consecuencia lógica de ello es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero lo antes posible y, como mínimo, que se alcance un balance neto cero no más tarde de 2050.
2 Establecer la hoja de ruta que logre la transformación completa del sistema energético actual hacia un sistema inteligente, eficiente y que toda la energía que utilice sea 100% renovable, y reducir la demanda de energía final en al menos un 50% respecto a 2007 para 2050.
3 Establecer un calendario para el abandono de todas las energías sucias y su sustitución por energías renovables, de forma que las centrales nucleares se cierren a medida que vayan finalizando sus actuales licencias de explotación y se establezca el año 2025 como fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón.
4 Establecer un marco jurídico definido, previsible y estable para las energías renovables y la eficiencia energética, para hacer atractivas las inversiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos.
5 Favorecer la implantación de las políticas y medidas adecuadas a través del diálogo social para asegurar que la transición a este sistema energético limpio y sostenible es justa e inclusiva para las comunidades y los empleos afectados y generan más oportunidades de las que se pierden con este proceso.
6 Reconocer el pleno derecho de la ciudadanía a participar en la transición energética empezando por los mercados energéticos (ofreciendo servicios de gestión de la demanda para regulación, almacenamiento y ahorro energético) y consagrando el derecho al autoconsumo de energía limpia sin trabas administrativas innecesarias o multas desproporcionadas, pudiendo producir, consumir, acumular e intercambiar a su justo valor y en libertad energía renovable de forma individual como colectiva.
7 Promover un modelo de agricultura respetuoso con las personas y el medio ambiente; fomentar una agricultura y ganaderías sostenibles y resilientes que permitan alimentar a las personas y fijar población en el entorno rural, a la vez que se reducen sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero y se respetan los límites físicos del planeta.
8 Garantizar la gestión sostenible del medio natural, terrestre y marino, elemento clave que contribuye a la reducción de las emisiones netas de dióxido de carbono, al trabajo contra la desertificación y a la disminución de la pérdida de diversidad biológica y garantizar que las absorciones de CO2 de los bosques y la tierra que se promuevan sean adicionales a las reducciones reales en los sectores del transporte, residencial, agricultura y residuos.
9 Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos con políticas de “Residuo Cero” basadas en los principios de una Economía Circular, en la que no existen residuos.
10 Fiscalidad. Gravar más las actividades contaminantes, eliminar ciertos beneficios fiscales ambientalmente injustificables y bonificar las prácticas más sostenibles de forma que se internalicen los costes ambientales, contribuyendo a hacer una asignación económica más eficiente de los recursos para favorecer una economía más sostenible.
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