El Protocolo de Actuación desembocará en la firma del Convenio de Transición Justa para Garoña. El documento tiene como objetivo reflejar el compromiso expreso adquirido por las diferentes Administraciones para llevar a cabo un trabajo conjunto en la redacción del Convenio, que será elaborado por el Instituto para la Transición Justa -organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- y permitirá, según el Gobierno, "identificar y adoptar medidas para minimizar los impactos negativos sobre la actividad económica, el empleo y la despoblación en el área de influencia de esta central nuclear, como fórmula para garantizar un tratamiento equitativo y solidario a los trabajadores y territorios afectados". El Convenio incluirá 27 municipios, 24 de los cuales pertenecen a Castilla y León (en concreto a las comarcas de Las Merindades, Bureba y Ebro) y tres municipios, al País Vasco.
Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía: "somos el primer país del mundo en incluir a los municipios afectados por cierres de centrales nucleares en las zonas de Transición Justa. El Convenio nos ayudará a optimizar las numerosas oportunidades que la transición energética y ecológica puede significar para esta zona. Abrimos así una importante vía de colaboración con todas las Administraciones para que, entre todos, consigamos los mejores resultados en este proceso para la gente y las empresas de estas zonas”
La secretaria de Estado de Energía ha anunciado el inicio del proceso de participación pública, que se abrirá el próximo 20 de mayo, “porque estamos convencidos de que este recorrido debe ser participado y de que la inteligencia local debe estar al servicio de la transformación de los territorios en transición energética”.
Proceso
La primera fase en la elaboración de los convenios es delimitar el área geográfica de actuación. Son dos los criterios que se aplican: el primero es el de cercanía a la central, que incluye los municipios que se encuentran en un radio de 10 kilómetros y a las poblaciones que, aunque superen esa distancia, sufren impactos directos en sus ingresos fiscales o por impactos en el empleo o en las rentas salariales de sus ciudadanos.
La participación pública es una de las claves en la elaboración de los Convenios. "Se trata -explican desde el Ministerio- de un proceso transparente e inclusivo en el que multitud de actores (empresas, sindicatos, ayuntamientos, instituciones académicas o asociaciones sin ánimo de lucro) tienen la oportunidad de aportar e identificar proyectos para plantear un nuevo tejido productivo en la zona".
Tras el análisis de su viabilidad económica, social y ambiental, las iniciativas que se determinen como las más adecuadas recibirán apoyo técnico para buscar las líneas de financiación que permitan su puesta en marcha.
El Convenio de Transición Justa es el resultado final de este proceso y en él se recoge un plan de acción, con actuaciones concretas que impulsarán la diversificación de nuevas actividades económicas en coherencia con el contexto socioeconómico para garantizar su viabilidad y su mantenimiento a largo plazo.
El Gobierno explica
«Los Convenios de Transición Justa constituyen una de las herramientas de implementación de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno de España. Estas herramientas contribuyen a crear un nuevo tejido productivo en las zonas en transición energética a partir de la participación de los agentes implicados.
La firma de los Convenios se producirá al final del proceso e incluirán las mejores propuestas para el desarrollo de empleo sostenible en las zonas.
Para ello, los Convenios de Transición Justa trabajan en procesos bien diseñados, con amplia participación de actores, transparentes e inclusivos, enfocados en identificar proyectos integrados de desarrollo territorial que garanticen la generación y fijación de empleo en las zonas afectadas, sostenible en el medio y largo plazo, además de ser los más adecuados en términos ambientales, sociales y económicos y que dinamicen la transición ecológica. Se trata de unir participación social con profesionalización de los procesos»
En este momento, son 12 los Convenios de Transición Justa en marcha y 6 los gobiernos autonómicos con los que se han firmado Protocolos de Actuación:
• Andalucía: Puente Nuevo-Valle del Guadiato (Córdoba); Carboneras (Almería); Los Barrios (Cádiz)
• Aragón: Andorra-Comarcas Mineras (Teruel).
• Principado de Asturias: Suroccidente, Valle del Nalón y Valle del Caudal.
• Castilla-La Mancha: Zorita
• Castilla y León: Bierzo-Laciana y Montaña Central Leonesa-La Robla (León) y Guardo-Velilla (Palencia)
• Castilla y León y País Vasco: Garoña (Burgos y Álava)
• Galicia: Meirama
