"España suspende en acceso a la información y la justicia en materia de medio ambiente". Así de claro titula su comunicado el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA), cuya directora, Ana Barreira, ha participado en la 11ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Acceso a la Justicia bajo el Convenio de Aarhus en Ginebra. En la ciudad suiza, el Instituto ha exigido a las administraciones públicas españolas que faciliten el acceso a la información y justicia en asuntos ambientales, algo a lo que, en teoría, España está obligada, habida cuenta de que ha ratificado el Convenio de Aarhus.
Se da la circunstancia de que el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU publicó hace solo unos días un informe en el que “recomienda al Estado español que lleve a cabo una evaluación de los impactos de la contaminación atmosférica generada por las centrales térmicas de carbón en la salud de los niños y adolescentes". El informe del Comité es fruto de la evaluación del estudio «Un oscuro panorama» (IDMA, 2017), estudio que relaciona las emisiones de las centrales de carbón españolas "con 10.521 casos de asma y 1.233 casos de bronquitis en un año en la población infantil".
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente ha viajado a Ginebra para luchar contra "las barreras al Derecho de Acceso a la Información y Justicia en materia de medio ambiente" que está sufriendo en España. Nuestro país -explican desde IDMA- es parte del Convenio de Aarhus, y, como tal, "está sujeto a obligaciones que están recogidas en la Ley de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Gratuita en materia de Medio Ambiente" (Aarhus es un tratado internacional que además establece la obligación de que las administraciones difundan "de forma activa" la información medioambiental).
Sin embargo -explican desde el Instituto-, "a pesar de que existen ciertas garantías de acceso a la información y justicia ambientales para organizaciones de utilidad pública como IDMA, el proceso se suele ralentizar y se alarga de forma excesiva, lo que supone un obstáculo a este derecho". El Instituto se queja así mismo de "los subterfugios a los que recurren algunas administraciones en España, como la denegación, el retraso reiterado o la falta de respuesta a solicitudes de información clave para la defensa del medio ambiente".
"Asimismo -continúa el Instituto-, en ocasiones se deniega la justicia gratuita y/o se demora, durante el proceso judicial, la entrega de los documentos necesarios para formular la demanda. Todas estas situaciones -concluyen desde IDMA- representan obstáculos al ejercicio de los derechos de acceso a la información y a la justicia reconocidos por el Convenio de Aarhus".
Aragón y Asturias
Durante su comparecencia en Ginebra, la directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Ana Barreira, ha expuesto dos casos concretos de "obstáculos graves al Acceso a la Información y Justicia por parte de las administraciones". Según Barreira, el más grave se produjo en Aragón, donde el Gobierno regional (PSOE) alegó que no existía obligación de remitir los informes base sobre la situación del suelo y las aguas subterráneas de una central térmica en esta Comunidad Autónoma, algo que el Instituto tuvo que recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Barreira ha denunciado además que "fue denegado el acceso a la justicia gratuita, a pesar de ser este un Derecho reconocido para las organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental".
El segundo caso sucedió en Asturias, donde el Ejecutivo regional (también en manos del PSOE) ignoró reiteradamente las solicitudes de acceso a la información presentadas por el Instituto, "teniendo que acudir a los tribunales para solicitar algo que es un derecho reconocido por Ley". Según Barreira, "esta actitud obstaculizadora de las administraciones públicas podría tener como objetivo influir para que las organizaciones desistan en la defensa del medio ambiente".
La abogada ambiental española considera en ese sentido que "nuestro país debe garantizar el acceso a la información y a la justicia en materia ambiental, ya que son derechos fundamentales en un estado democrático". Las administraciones -ha añadido- deben cumplir con sus obligaciones, como el resto de la población: "las barreras que establecen suponen un menoscabo del Estado de Derecho y un retroceso democrático, obligando a quienes defendemos el medio ambiente a acudir a los tribunales para acceder a la información que debería ser facilitada de forma activa".
"El Acceso a la Información y a la Justicia en materia de Medio Ambiente ya está reconocido en la Ley -concluye la directora del Instituto-, pero es papel mojado si las instituciones públicas que deberían observar su aplicación y cumplimiento no la respetan".
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