El envío de esta carta ha confirmado, definitivamente, las intenciones del Gobierno de España después de que Teresa Ribera adelantara la noticia al diario Político el pasado 12 de octubre. Una decisión que ha generado un efecto cascada entre los países de la UE y que podría llegar a bloquear la ratificación del acuerdo preliminar sobre la modernización del TCE, alcanzado el pasado mes de junio tras más de cuatro años de negociaciones. En la carta, los representantes de los tres ministerios con competencias en el TCE han advertido que “el resultado del proceso de modernización ha sido altamente insuficiente” y han explicado que no se ha conseguido un “alineamiento exitoso con los objetivos del acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo”. Además, también se han considerado insuficientes los avances para garantizar “la defensa y la integridad del ordenamiento jurídico de la UE”, en referencia al sistema de tribunales privados (ISDS) que contiene el Tratado.
Por todo ello, han informado que España “va a iniciar el procedimiento para hacer efectiva la retirada del Tratado de la Carta de la Energía” y que "no puede apoyar el tratado modernizado por razones de coherencia". Asimismo han insistido en que “una retirada coordinada de la UE y sus Estados miembros sería la mejor opción para toda la UE”.
Clàudia Custodio, portavoz de Ecologistas en Acción y de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión: “el anuncio del Estado español, así como el de Países Bajos y Francia, podría ser el detonante para acabar con este tratado. Ahora esperamos que otros países como Alemania o Bélgica también muevan ficha. Pero insistimos en que la propia UE debería abrir los ojos e iniciar la salida conjunta del Tratado de la Carta de la Energía”
A mediados de noviembre de este año, se espera una votación en el Consejo de la UE en la que los Estados miembro de la UE deberán posicionarse a favor o en contra del acuerdo preliminar para modernizar el TCE, calificado por las organizaciones ambientales como “insuficiente”. Un grupo minoritario de países podrían impedir que la UE logre una postura unitaria en esta materia, impidiendo así su ratificación final en la Conferencia anual de la Secretaría de la Carta de la Energía, que está prevista para el 22 de noviembre en Mongolia.
Marta García Pallarés, portavoz de Ecologistas en Acción: “la votación sobre la modernización en el Consejo de la UE es extremadamente importante. Ahí se decidirá si la UE está dispuesta a seguir blindando las inversiones fósiles en los años decisivos de la transición energética y a seguir desviando fondos públicos para pagar indemnizaciones millonarias a las empresas. España se va a abstener, pero debería rechazarlo. Si la UE tiene una mínima ambición climática debería iniciar la salida coordinada del Tratado. Esto haría que el TCE muriera por sí solo y que la cláusula de supervivencia que tanto teme la Comisión Europea perdiera toda su relevancia”
El TCE contiene la llamada cláusula de supervivencia (Art. 47 del TCE) que permite que los países puedan seguir siendo demandados durante 20 años más desde la fecha de salida, por la puesta en marcha de medidas legislativas que afecten negativamente los beneficios esperados de las inversiones realizadas antes de la fecha de salida. Este es precisamente el argumento que está utilizando la Comisión Europea para presionar a los países para que no sigan los pasos de España.
Lucía Bárcena, investigadora del Transnational Institute: “el Tratado de la Carta de la Energía puso sobre la mesa el problema tan grande que va a suponer seguir siendo parte de acuerdos que contienen el mecanismo ISDS, a la par que se quiere legislar sobre materias ambientales. Pero éste es sólo uno de los miles de tratados de protección de inversiones existentes. Habrá que ver si esta decisión anima a más países a replantear su política de comercio e inversión”
Ecologistas contextualiza y valora
«España, del mismo modo que la mayoría de países que forman parte del TCE, ratificó este acuerdo internacional para el sector energético en 1994, sin ningún tipo de debate político ni estudio de impacto. Un hecho que le ha costado más de 50 demandas y más de 1.200 millones de euros de dinero público en indemnizaciones por los casos que ha perdido. Lo que supone una cantidad equivalente a siete veces lo que se destinó para el bono social térmico en 2022»
Tras el anuncio del Gobierno, el Congreso de los Diputados tendrá que acoger un debate y votación sobre la salida de España del TCE. A continuación, después de su aprobación en las Cortes, tendrá que notificar la decisión a Portugal -el depositario del TCE-, momento a partir del cuál la salida se haría efectiva al cabo de un año.
