Los firmantes de los recursos entienden que el RD 900/2015, además de instaurar el que se ha denominado “impuesto al sol” y limitar radicalmente la implantación del autoconsumo de energía eléctrica, vulnera la Constitución Española, puesto que la aplicación de peajes al autoconsumo supone una arbitrariedad con respecto a otras tecnologías que también autoconsumen pero a las que no se les aplica carga alguna.
El Decreto aprobado, afirman, discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles, vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la Directiva 2009/28/CE de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
Por otra parte, los firmantes entienden que existe una clara vulneración de la Directiva 2009/72/CE del mercado interior de la electricidad, puesto que la norma impone unos peajes discriminatorios, así como medidas antieconómicas y desproporcionadas para los consumidores.
"Esta norma, sin parangón en ningún otro país de la Unión Europea, aleja a España de un nuevo modelo de generación limpia y social, y de la consecución del objetivo europeo de lograr cubrir, al menos, el 20% del consumo final de energía con fuentes renovables para el año 2020", concluyen.
