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El presidente de Red Eléctrica lanza una andanada contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

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La distribución de energía eléctrica es un coste regulado (el precio lo fija el Gobierno, pagan los consumidores, y cobran las distribuidoras, o sea, Endesa, Iberdrola, Naturgy y compañía). El transporte de electricidad es otro coste regulado y en este caso cobra Red Eléctrica de España. El precio fijado por el Gobierno para la distribución en 2013 fue 4.699 millones de euros (M€). Desde entonces ese precio, que fija el Gobierno, no ha dejado de crecer, y la propuesta para este año es 5.455 M€. El precio para el Transporte en 2013 fue 1.604. REE se llevará este año, si finalmente el Gobierno dice sí a lo que ha propuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 1.656 (más otros 58 millones que se lleva por otros conceptos).
El presidente de Red Eléctrica lanza una andanada contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado y está sometiendo a información pública siete proyectos de Circulares que quieren definir "un marco regulatorio estable y riguroso de la retribución de la electricidad y del gas en los próximos años, tras la atribución de competencias del RDL 1/2019". El plazo para remitir observaciones finaliza el 9 de agosto 2019. Una vez finalizado el trámite de información pública, y de acuerdo con la disposición final tercera del citado RDL 1/2019, “la CNMC aprobará antes del 1 de enero de 2020 (...) las circulares normativas con las metodologías para el cálculo de los cánones y peajes de acceso a las redes, así como las retribuciones afectas a las actividades reguladas de los sectores de electricidad y de gas” (entre esas actividades, la distribución -Iberdrola, Endesa, Naturgy y compañía- y el transporte, REE). Estos cambios tendrán efecto en el próximo periodo regulatorio, que comienza en 2020 hasta 2025 en electricidad y en 2021 hasta 2026 en gas. Las variaciones medias de la retribución para el siguiente período regulatorio (de seis años para el transporte y distribución de electricidad y gas; y de tres años para los operadores del sistema), son las siguientes:

Durante el Gobierno Rajoy (diciembre de 2011-junio de 2018), el coste del transporte y la distribución de electricidad no ha cesado de crecer. Y ahora la CNMC ha decidido aplicar un cierto recorte a distribuidoras y transportista, lo cual no ha gustado ni a las unas ni a Red Eléctrica de España, que publicó ayer un comunicado titulado Declaraciones de Jordi Sevilla, presidente de Red Eléctrica, sobre el impacto de la Circular de Retribución de las Redes de Transporte en la Transición Energética. Reproducimos literalmente a continuación ese texto.

«La propuesta de Circular emitida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado 5 de julio en la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica introduce una serie de modificaciones relevantes sobre la normativa actual que no favorece el cumplimiento de las prioridades estratégicas establecidas por el Gobierno en materia energética.

Esta Circular introduce un nivel elevado de incertidumbre sobre la retribución de las inversiones e incorpora una elevada discrecionalidad sobre actuaciones críticas para el despliegue de la política energética y es discriminatoria con la actividad de transporte.

Además, podría dificultar la transición energética y el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ya que no fija un entorno regulatorio claro, estable ni predecible. Por último, no reconoce como factor incentivador la incorporación de nuevas tecnologías e innovación en la actividad de mantenimiento.

"Recortar el gasto en inversión y mantenimiento en la prestación de un servicio público esencial no es el camino adecuado. No lo ha sido en sanidad, ni en educación, ni lo será en el servicio eléctrico español. La experiencia nos ha demostrado, aquí y en otros países, que la estrategia de los recortes indiscriminados en el gasto solo conduce, con certeza, al deterioro en la calidad de la prestación de los servicios, sin que se hayan podido demostrar sus supuestas ventajas. Y esto se aplica a todo servicio público esencial, con independencia de que se financie con recursos públicos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado, o con fondos privados que deben obtenerse en los mercados financieros y de capitales, para lo que se debe ser respetuoso con las reglas del juego que determinan estos mercados.

Los recortes no son la garantía de una mayor eficiencia, ni de un menor coste en el servicio. La factura se rebajará, precisamente, con la introducción masiva de energías renovables prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, cuyos objetivos se ponen en riesgo si se recortan los techos de inversión y se reducen los estándares de mantenimiento de unas redes de transporte que, hasta ahora, han sido una referencia internacional de calidad y seguridad de suministro.

El modelo actual de Red Eléctrica de España combina lo mejor de la prestación de un servicio público esencial para los ciudadanos con lo mejor de lo privado, mediante una financiación en los mercados financieros internacionales que obliga a mantener exigentes niveles de eficiencia. Un positivo equilibrio que no debe ponerse en cuestión con una regulación como la propuesta por la CNMC en sus Circulares, que establece discrecionalidad al arrogarse la potestad de decidir a posteriori y unilateralmente qué inversiones se retribuyen y a qué precio. En estas condiciones de inseguridad jurídica será difícil convencer a los inversores privados para la construcción de las redes necesarias para la transición energética.

"Red Eléctrica seguirá trabajando para mantener nuestro compromiso con la calidad del servicio eléctrico y continuará colaborando con la CNMC y con el Ministerio para cumplir con los objetivos marcados en la política energética y en el Plan Estratégico 2018-2022 anunciado este mismo año por la compañía"

Desde su constitución en 1985, Red Eléctrica de España, como empresa encargada de asegurar la garantía del suministro eléctrico, ha cumplido siempre con las diferentes regulaciones que la política energética ha ido estableciendo. En estos años, en los que REE ha pasado de ser una empresa pública a ser una empresa privada aunque con presencia relevante del Estado, nuestro país ha logrado uno de sus principales activos, del que nos sentimos orgullosos: un sistema eléctrico eficaz, moderno y con unos niveles de garantía de suministro modélicos, además de ser un referente en el mundo por su capacidad de integración de energías renovables.

Estamos comprometidos con la Transición Energética y las orientaciones de política energética del Ministerio y confiamos en que las alegaciones de las empresas afectadas, junto con la intervención preceptiva del Gobierno de España en defensa de dichas Orientaciones, corrijan la propuesta para no poner en riesgo el volumen de inversiones privadas en redes necesario para la transición energética ni el mantenimiento de las existentes con los exigentes estándares actuales».

Red Eléctrica de España ha publicado un informe sobre el particular. Su título es Impacto de la Circular de Retribución de las redes de transporte en la Transición Energética y el PNIEC 

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