El PP propone, asimismo, no adquirir nuevas obligaciones vinculantes en el seno de la UE, para el período posterior a 2012, si no existe un compromiso global de todos los países desarrollados de similar intensidad, según indica en dicho voto particular, que el grupo parlamentario popular registró en el Congreso el pasado 15 de septiembre.
En el, los populares exponen su alternativa para combatir el cambio climático, crear empleo y mejorar la competitividad de nuestra economía. La portavoz popular en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio del cambio climático, Mª Teresa de Lara, ha explicado que esta alternativa se materializa en seis ejes prioritarios: sector energético, ahorro y eficiencia energética; sector industrial; proyectos domésticos; compromisos internacionales y sumideros forestales.
Compromisos internacionales
Es en este apartado donde los populares señalan su rechazo a llevar hasta el 30% la reducción de emisiones GEI, hasta no disponer del estudio en el que la Comisión Europea evaluará las consecuencias que tendrá para los países de la UE incrementar la reducción más allá del 20%, el objetivo actual. “El compromiso de reducción del 20% de emisiones en el año 2020 (,,) supone un compromiso considerable para el conjunto del sector industrial (español) y un riesgo por el coste competitivo que conlleva frente a tercersos Estados que no están aplicando medidas similares”, señalan al respecto.
También indica que las medidas decididas por el Gobierno en esta legislatura para mitigar el cambio climático, “habrá que analizarlas, valorarlas y priorizarlas en función de su impacto en el empleo y en el crecimiento económico”.
Para el PP, “la llave para la recuperación económica y la seguridad energética” se encuentra en el ahorro y la eficiencia energética, por lo que considera prioritario establecer un plan estructural de ahorro y eficiencia energética a largo plazo para los sectores difusos, impulsar el despliegue de redes y contadores inteligentes y la I+D+i en eficiencia energética.
Asimismo, cree que la creación de empleo y la competitividad de nuestra industria pasan por una tarifa eléctrica competitiva, “asumible por los consumidores y rentable para las empresas”. En este sentido, propone establecer un mix energético definido y equilibrado, además de un marco regulatorio “estable, predecible, sostenible y seguro para las energías renovables”.
También recomienda articular el mecanismo para la expedición de derechos de emisión o créditos en relación con proyectos ubicados en el territorio nacional con el objetivo de reducir emisiones, crear empleo en España y contribuir al crecimiento de la economía.
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