"El informe del CSN impone requisitos que no se corresponden con la normativa vigente ni con el ámbito de la autorización de construcción solicitada". Es la idea fuerza que plantea Berkeley en su crítica al informe desfavorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear, informe "que carece de soporte técnico y jurídico", según Berkeley, y sobre el que el Ministerio sostiene su "no" a la construcción de una fábrica de concentrado de uranio en Salamanca por parte de la minera australiana. Según el comunicado que acaba de difundir la compañía, Berkeley presentó la documentación solicitada, así como un Informe de Mejora para complementar la solicitud inicial, junto con las correspondientes alegaciones que abordan todas las cuestiones planteadas por el CSN. Asimismo -continúa la minera-, envió (a finales de julio) una solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "para la reevaluación del proyecto por parte del CSN".
Berkeley complementó el Informe de Mejora con un dictamen técnico sobre los aspectos hidrogeológicos del proyecto, elaborado por el profesor Rafael Fernández Rubio, catedrático emérito de Hidrogeología de la Universidad Politécnica de Madrid. A principios de agosto, la compañía presenta más documentación al Ministerio, incluyendo lo que la minera califica de "argumentos fuertemente soportados técnicamente", y mediante los que la empresa asegura quedaban desmontadas "todas las cuestiones técnicas utilizadas por el CSN como justificación para emitir el informe desfavorable". En ese mismo mes de agosto, Berkeley vuelve a afirmar que "el proyecto cumple con todos los requisitos para la adjudicación de la autorización" y solicita una reevaluación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. La presentación de toda esta documentación -insiste la empresa- se produce en el marco del trámite de audiencia relativo a la decisión desfavorable de la autorización de construcción.
La empresa australiana quiere comparar su casos con otros similares
Berkeley solicita por otra parte al Ministerio el acceso a los expedientes asociados a la Autorización de Construcción y Autorización de Desmantelamiento y Clausura de las instalaciones radiactivas de La Haba (Badajoz) y Saelices El Chico (Salamanca), propiedad de la empresa semipública ENUSA Industrias Avanzadas SA. Lo hace "con el fin de verificar y contrastar las condiciones aprobadas por los órganos administrativos y reguladores competentes para otros proyectos de uranio similares en España".
Pues bien, "al realizar una comparación detallada de los distintos expedientes -denuncia Berkeley-, es evidente que se le ha requerido a Berkeley aportar información que no se corresponde con el marco normativo y el alcance de la actual fase del procedimiento, y que además no fueron los criterios aplicados en otros procesos de concesión de licencias para instalaciones radiactivas similares". Así, la empresa australiana considera que el CSN ha actuado "de forma discriminatoria y arbitraria" al evaluar su solicitud.
Estos argumentos adicionales se detallaron en otra carta enviada al Ministerio en la que Berkeley solicitó que los argumentos adicionales se incorporaran a su expediente y, en vista de las deficiencias del informe desfavorable del CSN, se devolviera el procedimiento al Consejo de Seguridad Nuclear para que se emitiera "un nuevo informe que corrija dichas deficiencias".
Según Berkeley, el Ministerio ha rechazado la solicitud de construcción sin seguir el procedimiento legalmente establecido, ya que el Informe de Mejora y los dos informes adicionales de alegaciones y comparación con otras instalaciones radiactivas no han sido tenidos en cuenta y enviados al CSN para su valoración, tal y como ha solicitado la compañía -dice- "en múltiples ocasiones".
En este sentido, Berkeley considera que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "ha infringido la normativa sobre procedimientos administrativos en España, así como el derecho de defensa de la compañía, lo que implicaría que la decisión sobre el rechazo de la solicitud de construcción no es legal". La empresa explica, en el comunicado que ha difundido hoy, que seguirá defendiendo "con firmeza" su posición y que "estudiará de inmediato las opciones legales disponibles en relación con la resolución del Ministerio".
La empresa
Berkeley Minera, filial de Berkeley Energia Limited, es una empresa de origen australiano, cuyo accionariado recala en este momento en más del 71 % en la Bolsa de Madrid, y cuya principal línea de negocio es la explotación minera. Actualmente, el principal proyecto de la compañía es el desarrollo y construcción de la mina de Retortillo en Salamanca. Según la empresa, las autoridades competentes tanto locales, regionales, estatales y de la Unión Europea han concedido "más de 120 permisos e informes favorables en relación con el proyecto Retortillo en Salamanca, entre los que destacan nueve del propio CSN".
ER recorre la historia de Berkeley en Retortillo
• Cañete, otra vez salpicado por el tráfico de influencias (4 de diciembre de 2015)
• Una empresa australiana quiere abrir aquí la que sería la única mina a cielo abierto de uranio de Europa (junio de 2016)
• Equo difunde un comunicado de apoyo "a los activistas de Stop Uranio amenazados por Berkeley en Salamanca" (junio de 2016)
• Retortillo quiere declarar personas non gratas a dos activistas antinucleares (octubre de 2016)
• El Defensor del Pueblo reclama al ministro de Energía información sobre la instalación radiactiva de uranio de Salamanca (octubre de 2017)
• Características del proyecto (enero de 2019)
• Berkeley anuncia que está "lista para invertir" 87 millones de euros en la mina de uranio de Salamanca (mayo de 2020)
• El Consejo de Seguridad Nuclear dice no a la fábrica de concentrados de uranio de Retortillo (13 de julio de 2021)
• La nuclear pierde otra batalla y no habrá fábrica de concentrado de uranio en Salamanca (29 de noviembre de 2021)
