Cinco huecos de mina a cielo abierto -dos en Retortillo y tres en Santidad (municipios ambos de la provincia de Salamanca)-; una planta (a construir en Retortillo) de tratamiento del uranio que se extraiga de esas minas; y un almacén por fin para los residuos radiactivos (el almacén sería el hueco de la mina de Retortillo habilitado a tal efecto, hueco que acogería los estériles de proceso y demás residuos radiactivos generados en la planta de fabricación de concentrados de uranio). Todo parece formar parte del mismo proyecto, pero Berkeley Minera España (filial nacional de la australiana Berkeley) no lo estimaría así (ha abierto varias vías administrativas), y la Administración española (incluido el Consejo de Seguridad Nuclear, CSN) parece ser que tampoco lo estima de ese modo, pues tiene abiertos varios expedientes.
He ahí el motivo de la queja (del voto particular) del consejero del CSN Jorge Fabra Utray
El voto particular ha sido emitido a colación de la reciente “Apreciación favorable del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear a los programas de vigilancia preoperacionales de la mina y la planta de concentrados de Retortillo”, apreciación (visto bueno del CSN) que atiende a uno de los frentes que tiene abierto Berkeley. En fin, que el Pleno del CSN ha acordado apreciar favorablemente los resultados del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental y del Programa de Vigilancia y Control de las Aguas Subterráneas, ambos relativos a la situación preoperacional del emplazamiento de las minas de uranio Retortillo Santidad y de la futura planta de concentrados de uranio de Retortillo (Salamanca); y que el consejero Fabra Utray ha emitido un voto particular en el que alerta sobre la dispersión administrativa y sobre el impacto (las consecuencias) que esa dispersión puede tener sobre la seguridad nuclear.
"Las explotaciones mineras, la planta de tratamiento del mineral y el almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos, por compartir un mismo emplazamiento, son, desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica, interdependientes entre sí. Y esta interdependencia convierte, desde el punto de vista técnico, en un único proyecto lo que está siendo tratado como si fueran proyectos distintos. Por consiguiente -explica Fabra-, este consejero considera que, a efectos de los análisis del CSN, los expedientes en curso deberían ser refundidos en uno solo con objeto de que las afectaciones en materia de seguridad puedan ser analizadas de manera conjunta en lo que interesa a la protección radiológica y a la seguridad nuclear".
Fabra Utray va más allá. El consejero plantea que la actitud de la empresa conduce a "confusión administrativa"
"En opinión de este consejero, la vía seguida por Berkeley, presentando de forma separada proyectos que están íntimamente interrelacionados desde el punto de vista técnico y medioambiental, conduce a ineficacia reguladora y a confusión administrativa, inaceptable desde el punto de vista de la regulación, por lo que sería necesario disponer de información completa, detallada, global y precisa del proyecto minero, para poder ser analizado y, en su caso, licenciado en su conjunto de manera coherente y consistente, no como piezas separadas unas de otras".
Así, el consejero propone un informe global que se pronuncie sobre el impacto radioactivo y radiológico que puede tener sobre las personas y el medio ambiente "el conjunto de las actuaciones implicadas".
"Por consiguiente, este consejero considera que no debe avalar la continuidad del licenciamiento de este proyecto minero y metalúrgico en ninguna de sus vertientes (...) hasta que el Pleno no haya deliberado y tomado una decisión sobre cómo unificar, armonizar y homogeneizar todos los expedientes relacionados tanto con las explotaciones mineras de Retortillo y Zona 7, como con la planta de tratamiento del mineral extraído y el almacenamiento definitivo de sus residuos radiactivos. Esta consideración no implicaría la paralización de los trabajos del CSN en relación con los expedientes que han sido abiertos, sino, por el contrario, su acumulación en un informe final que apreciara y se pronunciara sobre las afectaciones radioactivas y radiológicas sobre las personas y el medio ambiente del conjunto de las actuaciones implicadas".
El consejero recuerda que, "de acuerdo con el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, la planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo y el almacenamiento de sus residuos radiactivos en huecos de mina se considera una instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear". Por fin, Fabra alerta sobre la dispersión que afecta a este complejo proyecto.
"Aparte estas consideraciones, sería muy conveniente aclarar en qué situación se encuentran los diferentes expedientes administrativos instruidos por las diferentes administraciones públicas involucradas en este proyecto, así como si las competencias ejercidas por unas u otras han sido adecuadas a derecho a la vista de la complejidad que ha ido adquiriendo el proyecto. Todo ello con el fin de obtener un conocimiento completo y cabal del estado administrativo en el que se encuentra el proyecto".
Antecedentes
La Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León otorgó a Berkeley Minera España (BME), mediante resolución de fecha 8 de abril de 2014, la "concesión de explotación del dominio minero Retortillo-Santidad" (minerales de uranio).
La Secretaría de Estado de Energía, del entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo (siendo ministro el popular José Manuel Soria), mediante Orden IET/1944/2015, de 17 de septiembre, concedió a Berkeley Minera España la autorización previa como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear para la Planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo, tras haber obtenido informe favorable del CSN, sin unanimidad, el 8 de julio de 2015.
Este informe favorable no unánime facultó al titular para solicitar la "autorización de construcción de la instalación". Y eso hizo: Berkeley solicitó la autorización al Ministerio el 4 de diciembre de 2015. El ministerio dectectó deficiencias en la documentación; estas no fueron subsanadas; el Ministerio procedió al archivo del expediente mediante Orden de 27 de junio de 2016; Berkeley presentó una nueva solicitud de construcción de la instalación el 7 de septiembre de 2016; el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) solicitó el 19 de octubre de 2016 al CSN el informe preceptivo sobre la solicitud de autorización de construcción de la Planta Retortillo; el CSN, mediante informe de 18 de noviembre de 2016, estipuló entonces que, dada la complejidad del asunto objeto de controversia, emplearía "un plazo necesario para la emisión del informe preceptivo" de unos dos años.
El 7 de mayo de 2018, el CSN recibió por parte del Ministerio (siendo ministro el popular Álvaro Nadal) solicitud de informe sobre la justificación radiológica de una práctica que pretende llevar a cabo BME, consistente en el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos en el hueco minero de una nueva explotación minera denominada Zona 7 (situada a 9 kilómetros de la explotación minera de Retortillo), en el colindante municipio de Villavieja de Yeltes.
De acuerdo al informe aprobado por unanimidad por el Pleno del CSN en julio de 2018, la modificación que conlleva la Zona 7 "tendrá unos resultados diferentes y no deseables al crear un almacenamiento definitivo de residuos radiactivos con obligaciones de vigilancia perpetua, a 9 kilómetros de otro [almacenamiento definitivo en Retortillo] en proceso de licenciamiento, lo que representa una carga adicional para las generaciones futuras que debe ser ten ida en cuenta conforme a lo establecido en la legislación vigente".
Todos estos antecedentes han conducido al consejero del CSN Jorge Fabra Utray a redactar su voto particular.
