El Minestad está tramitando solicitudes de 12 permisos de investigación de hidrocarburos (PIH) llamados “Nordeste 1” a “Nordeste 12”, solicitados por Cairn Energy en el golfo de León, así como del PIH “Medusa” solicitado por Repsol, CNWL Oil España, Petroleum Oil & Gas España y CEPSA en la zona colindante por el sur con el área “Casablanca”, frente a las costas de Tarragona. Todos estos PIH están actualmente pendientes de la decisión del ministerio para su adjudicación al mejor postor.
La situación actual de estos expedientes es desconocida dado que el Minestad no ha aceptado la solicitud de personación en estos expedientes ni de la Alianza Mar Blava ni del Govern balear. Según denuncia la Ong, a fecha de hoy, tras más de 9 meses de actuaciones al respecto de la Alianza, el Minetad aún no ha permitido su personación en el expediente, ni ha dado acceso a la información solicitada ni ha resuelto expresamente el recurso de alzada presentado por la Alianza contra la desestimación de su solicitud.
Mar Blava ha presentado un escrito similar ante la Unidad de Quejas y Sugerencias del propio Minetad, unidad creada precisamente para tratar de satisfacer el compromiso de la Administración y lograr la mejora de los servicios públicos atendiendo a las demandas de los ciudadanos.
Para justificar su negativa a admitir la personación de la Alianza en los expedientes, la Subdirección General de Hidrocarburos del Minetad afirma que solo se puede admitir “a quienes realicen ofertas en competencia o formulen oposición como estrictos titulares de un derecho que pueda resultar perjudicado a resultas de la concesión del aludido permiso”. Es decir, básicamente, circunscribiéndolo a las empresas del sector de los hidrocarburos.
Sin embargo, de acuerdo con Mar Blava, esta interpretación restrictiva de la condición de interesado ya ha sido superada por la jurisprudencia. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el órgano jurisdiccional competente para conocer en este caso, ya rechazó esta interpretación restrictiva en su sentencia de 18 de junio de 2008 en un recurso similar interpuesto por el Cabildo insular de Lanzarote.
En esta sentencia, el TSJ de Madrid rechazaba rotundamente los argumentos de la Abogacía del Estado, los mismos que el Minetad aduce ahora, y le daba la razón al Cabildo insular, dejando claro que éste tenía “una clara condición de interesado.
En opinión de la Alianza, "que el Minetad insista en aplicar una interpretación restrictiva expresamente rechazada por la jurisprudencia constituye una actitud que no solo es irrespetuosa en la división de poderes del Estado de Derecho, sino que cabe considerar de arbitraria y que por tanto puede producir responsabilidades penales”,
