España ocupa el puesto 25 en el ranking de la fiscalidad ambiental de la UE, según indican las ONG artífices del documento, que lleva por título ‘Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible’ . Lo firman Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF y buscan con sus propuestas lograr que la fiscalidad española se acerque a las de los países de nuestro entorno.
Para ello, proponen reformas concretas de los impuestos actuales a fin de incorporar criterios ambientales y hasta 13 nuevos impuestos que incentiven o penalicen determinadas actividades, conductas y decisiones de los agentes económicos (las empresas, los gobiernos, las familias y las personas individuales) según su impacto ambiental.
Claves de la reforma
Las cuatro organizaciones ecologistas explican que con esta reforma buscan, en concreto:
• Trasladar a sus responsables los costes ambientales de determinadas actividades económicas impactantes o el uso de productos contaminantes.
• Bonificar la realización de buenas prácticas que conlleven externalidades positivas para el conjunto de la sociedad.
• Ayudar a reducir desequilibrios sociales.
• Dotar de coherencia los actuales tributos autonómicos mediante el impulso de una política de coordinación desde el Gobierno central.
"La fiscalidad ecológica es un medio para incentivar cambios de comportamiento que se consideran positivos desde el punto de vista ambiental. Al mismo tiempo, dada la situación de desigualdad creciente en el reparto de la riqueza , debe hacerse un esfuerzo suplementario para que el diseño de la fiscalidad ambiental sirva para reducir esta brecha, facilitar los comportamientos sostenibles a las clases menos favorecidas y garantizar que los agentes económicos con mayor impacto en el medio ambiente sean los principales contribuyentes a las arcas de los impuestos verdes", señalan.
Defienden, además, que la recaudación obtenida de esta política fiscal sea finalista y que se destine íntegramente a facilitar la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta.
Reformas de los impuestos existentes
Entre las propuestas englobadas en este apartado, figuran las siguientes:
• Reformar el impuesto sobre la Electricidad para que que favorezca el ahorro. Proponen que el impuesto deje de calcularse en función del precio de la electricidad y se pase a calcular en función de la electricidad consumida.
• Equiparar el impuesto al diésel con el de la gasolina. Su gravamen es actualmente entre un 23 y un 29% inferior al de la gasolina.
• Actualizar el impuesto de Matriculación, de manera que solo permita la exención en vehículos de cero emisiones.
• Crear un único impuesto sobre la energía nuclear, con una finalidad ante todo disuasoria.
• Gravar el el vertido de carga contaminante a aguas superficiales o subterráneas, tanto por los usuarios domésticos como industriales.
• Recuperar la deducción por inversiones medioambientales (suprimida en 2015) para impulsar la apuesta por la calidad ambiental por parte de las empresas.
• Modificar el IVA considerando el impacto al medio ambiente de los productos y servicios.
• Reformar el IRPF para la inclusión de deducciones con objetivos ambientales (movilidad sostenible, gestión forestal sostenible, etc.)
Nuevos impuestos
En este caso son 13 las propuestas recogidas en ‘Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible’. Entre otras:
• Establecer un precio suelo del carbono dentro de los mercados de carbono (ETS), e impuestos adicionales al carbono para los sectores ‘no ETS’, pero cuidando la no duplicación de impuestos. Este precio suelo en los ETS, explican, ayudaría a reducir las emisiones en el sector eléctrico, principalmente la asociada al carbón, la forma más contaminante de generar electricidad.
• Crear nuevos impuestos como el del vertido e incineración de residuos, sobre la caza o sobre la extracción de aguas subterráneas.
• Crear un impuesto sobre la ganadería intensiva, que grave el impacto ambiental que provoca la generación de purines o las emisiones de metano.
• Gravar las actuaciones de nueva urbanización que suponen el paso de suelo rural a urbanizado, con el fin de proteger el uso de un recurso cada vez más escaso como el suelo.
• Imposición de un tributo ecológico a las extracciones mineras, en especial a las explotaciones a cielo abierto.
• Creación de un impuesto sobre los envases de un solo uso (cada día en España consumimos 51 millones de este tipo de envases).
Además, las ONG proponen reformas ecológicas en impuestos municipales como el IBI o la tasa de residuos. Dicen que la reforma fiscal debe acometerse cuanto antes ante la "situación de urgencia ambiental en la que nos encontramos (cambio climático, pérdida de biodiversidad, aumento de los residuos y de la contaminación química)". Y esperan que estas propuestas sean puestas en práctica y completadas por las distintas administraciones: estatal, autonómicas y locales en sus respectivas competencias y territorios.
