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La reforma fiscal en clave verde recupera el "impuesto al diésel" y quiere elevar la recaudación del Estado en hasta 15.000 millones de euros

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El Libro Blanco para la reforma del Sistema Tributario que presentó ayer el Ministerio de Hacienda y Función Pública (y que ha elaborado un comité de expertos nombrado por el Gobierno) plantea una serie de medidas que elevarían la recaudación entre 5.941 millones y 15.023 millones de euros. Entre ellas, destacan un aumento generalizado de los impuestos a los carburantes y la equiparación de la fiscalidad del diésel a la gasolina, que contrastan con la rebaja de la fiscalidad aplicada a la electricidad. El Libro destaca la necesidad de introducir compensaciones para personas con menos recursos, y ayudas sectoriales, ante su componente regresivo.
La reforma fiscal en clave verde recupera el "impuesto al diésel" y quiere elevar la recaudación del Estado en hasta 15.000 millones de euros

Las propuestas de fiscalidad verde planteadas en el Libro Blanco por el comité de expertos nombrado por el Ministerio apuntan el transporte y la electricidad como ámbitos de actuación prioritaria. La equiparación de la fiscalidad del diésel a la gasolina, un aumento generalizado de los impuestos a los carburantes, un impuesto específico sobre los billetes de avión, la generalizacion de los peajes, una tasa municipal sobre el tráfico para acceder a las ciudades y la rebaja de la fiscalidad aplicada a la electricidad (supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción al 7% que pagan las eléctricas y rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad) son algunas de las medidas que plantea el Libro Blanco para la reforma del Sistema Tributario que presentó ayer el Ministerio de Hadcienda y Función Pública. El documento concluye que el sistema fiscal español se caracteriza por "un reducido peso" de los impuestos medioambientales, con tipos "bajos", en comparación al resto de países europeos, y apunta a la necesidad de introducir compensaciones para personas con menor capacidad y ayudas sectoriales, ante su componente regresivo.

2.720 millones menos a la electricidad
En el sector eléctrico apuestan por rebajar la fiscalidad en 2.717 millones de euros con la supresión del Impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (IVPEE), por alrededor de 1.230 millones (actualmente suspendido), y rebajar el Impuesto Especial sobre la Electricidad (1.487 millones), actualmente en el mínimo legal.

Todo ello dirigido a reducir el precio de la electricidad y fomentar la electrificación. Ambas rebajas, subrayan, bastan para lograr estos objetivos y, por tanto, no recomienda rebajas adicionales, rechazando una bajada permanente del tipo de IVA (ahora está de forma temporal en el 10%, desde el 21%).

Por otro lado, también llama a los poderes públicos a reflexionar sobre la posible reforma de las figuras tributarias y no tributarias que recaen sobre la energía nuclear para garantizar una completa cobertura de los elevados costes que supondrá la operación y el desmantelamiento de sus instalaciones y la gestión de sus residuos.

Impuesto sobre el billete de avión
En el transporte, el Comité plantea revisar y crear nuevos impuestos dirigidos a moderar el uso de prácticas contaminantes y fomentar alternativas más limpias, llegando a plantear incluso un nuevo impuesto sobre los billetes de avión, para el que simula el tipo impositivo aplicado por Países Bajos en 2021 de 7,85 euros/pasajero.

Con este impuesto, el precio final se elevaría hasta un 15% para vuelos domésticos y un 6,6% en vuelos internacionales, provocando una caída en el número de viajeros del 8,5%, de un 5,6% en el volumen de emisiones de dióxido de carbono (CO2). El aumento de la recaudación llegaría a unos 952 millones de euros, según esta estimación.

Por otra parte, propone la tributación de los combustibles de aviación, marítimos y agrarios --recomendando su introducción gradual y un uso mayoritario de los ingresos a compensaciones sectoriales para buscar alternativas--, que podrían alcanzar hasta 1.701 millones en la recaudación (mínimo de 206 millones) para rebajar entre un 1,5% y un 13% las emisiones de CO2.

Peajes y tasa de entrada a la ciudad contra el tráfico
Por carretera, dejando a un lado los combustibles y la fiscalidad aplicada al automóvil, las principales propuestas pasan por la implantación de peajes para el pago por uso de las vías de alta capacidad y la creación de una nueva tasa municipal sobre la congestión para enfrentar los problemas de contaminación y atascos en las grandes ciudades.

Con los peajes, el Comité plantea dos simulaciones: una con el pago de 1 céntimo/kilómetro para vehículos ligeros y 3 céntimos/kilómetro para vehículos pesados; y otro en el que los segundos llegarían a pagar hasta 4,9 céntimos/kilómetro, al tener un coste medio sobre las infraestructuras de esta proporción sobre los primeros.

En el primer ejemplo, la recaudación llegaría a 1.172 millones de euros, no lejos de los 1.241 millones de euros recogidos en los Presupuestos para la conservación de carreteras, según apuntan en el informe los expertos, mientras que en el segundo caso la recaudación podría alcanzar casi los 1.400 millones.

Para la tasa sobre los atascos no plantea simulación alguna, pero manifiesta la preferencia de un tributo sobre los vehículos que varíe, según el volumen de tráfico, en función de la localización y hora del día, frente a la solución de zonas de baja emisión, solución habitual por las autoridades locales.

Equiparación del diésel y subida generalizada de impuestos
Asimismo, el Comité recupera el conocido como 'impuesto al diésel', al proponer la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, una propuesta que ya planteó el Gobierno en sus Presupuestos de 2021 y que finalmente retiró ante la exigencia del PNV en el Congreso (de 2.621 millones hasta 6.850 millones).

Los expertos de Hacienda también abogan por un aumento generalizado y "sustancial" de la fiscalidad aplicada a los hidrocarburos, que se combinaría con el futuro Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y el actual sistema de derechos de emisión de CO2.

En el caso del gas natural, prevén una tasa que elevaría su recaudación entre 634 y 1.960 millones de euros -y reducir un 7,5% las emisiones de CO2-, que podría llegar a 3.236 millones de euros al combinarlo con las herramientas fiscales anteriormente mencionadas.

Reforma de impuestos de matriculación y circulación
En la automoción, los expertos evalúan elevar las tasas españolas sobre carburantes, especialmente en el caso diésel, en el rango alto de la Unión Europea, que combinado con el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y el impuesto al CO2 llevaría a una recaudación adicional de 4.946 millónes en el diésel residencial, 1.043 millones en Gasolina 95 y 2.515 millones en el transporte profesional.

Un impacto que, apuntan, aconseja una aplicación gradual que limite efectos inflacionistas y la adopción de compensaciones por niveles de renta y ayudas para la adaptación y transformación a vehículos alternativos.

El Comité también contempla en su informe la modificación del impuesto de matriculación y de circulación para adaptarlos al principio de "quien contamina paga", con cambios que provocarían entre 862 millones y 2.2335 millones de euros en el Impuesto especial sobre determinados medios de transporte (IEDMT), y entre 276 y 610 millones de euros en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM).

Residuos y economía circular
Todas estas reformas del transporte y la energía, se completan con las dirigidas al fomento de la economía circular, para las cuales el Comité tiene en cuenta la tramitación actual de la nueva Ley de Residuos, con dos impuestos, el Impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos (IEDVIR) y el Impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables (IEPNR).

La propuesta de los expertos es establecer una senda creciente de los tupos reales del primero para garantizar su aplicación gradual y estudiar la extensión del segundo a más categorías de envases con el fin de reducir la generación de residuos.

También plantea reformular la tributación municipal de residuos para vincularla a sistemas de pago por generación (294 millones), un nuevo impuesto sobre la extracción de áridos (426 millones), otro sobre fertilizantes nitrogenados (280 millones) y extender y armonizar la fiscalidad sobre grandes instalaciones industriales y ganaderas (932 millones).

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