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Los ayuntamientos, en contra de unificar los criterios de acceso a los centros urbanos; las empresas de logística, a favor

El 77% de los grandes municipios españoles cuenta ya con zonas de movilidad restrigida en sus núcleos urbanos

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La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) han presentado, en el marco de su congreso Smart Distribution, los resultados de su informe sobre la adecuación de las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que exige a esos municipios la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBEs) a partir de 2023. Entre las conclusiones principales del informe, la que recoge el titular o esta otra: hoy hay solo un 9,4% de ciudades de más de 50.000 habitantes con ZBE habilitada. 
El 77% de los grandes municipios españoles cuenta ya con zonas de movilidad restrigida en sus núcleos urbanos

El cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética por parte de las 149 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes ha sido uno de los focos de debate de la primera jornada del Congreso Aecoc de Smart Distribution, celebrada ayer en formato telemático. La normativa obliga a estos municipios a habilitar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir de 2023 y Aecoc ha presentado, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), un informe que analiza el camino recorrido por las ciudades para cumplir con la ley y sus principales apuestas para generar un modelo de movilidad urbana más digital y sostenible.

Según los datos del informe, en el que han participado las ciudades que deben cumplir la normativa, hoy hay solo un 9,4% de ciudades de más de 50.000 habitantes con ZBE habilitada, pero el 67,9% ya ha avanzado en esta dirección creando zonas de movilidad restringida. Así, más del 77% de los municipios han dado pasos hacia el cumplimiento de la ley y tan solo un 22,6% no ha iniciado ninguna acción en este sentido. De cara el futuro, nueve de cada diez ciudades tienen previsto crear una ZBE, y hasta el 62% ya está elaborando un calendario para restringir gradualmente el acceso de vehículos contaminantes a sus núcleos urbanos. A estos hay que sumar un 11% que ya tiene diseñado este calendario de restricciones a la movilidad.

En riesgo la unidad de mercado
El informe constata la importancia que dan los ayuntamientos al mantenimiento de sus competencias en la regulación de la movilidad en el interior de sus municipios. Es por eso que seis de cada diez se declaran contrarios a cualquier iniciativa encaminada a unificar los criterios de acceso de vehículos en el conjunto de los municipios afectados por la normativa.

José Carlos Espeso, responsable de Smart Distribution de Aecoc: “los municipios tienen una gran predisposición a colaborar con las empresas para diseñar conjuntamente estrategias que favorezcan el cumplimiento de las normativas sobre sostenibilidad sin impactar en exceso la actividad empresarial en sus núcleos urbanos. Sin embargo, la armonización de las leyes de acceso a los municipios resulta indispensable para evitar una multiplicidad legislativa que complicaría las operaciones de logística urbana, rompería con la necesaria unidad de mercado y afectaría a la competitividad empresarial”

Estrategias
En relación a las acciones prioritarias por parte de los municipios para crear un modelo de distribución urbana de mercancías más digital y sostenible, las ciudades apuntan a tres estrategias, según el informe: (1) digitalización de las zonas de carga y descarga; (2) digitalización de los propios municipios; y (3) impulso de la logística nocturna y en horas valle.

El barómetro también pone el foco en el papel que jugará la micrologística en la distribución urbana de mercancías, dado el crecimiento en el uso de bicicletas, motos y patines eléctricos. En este sentido, el 47% de los municipios están valorando regular la movilidad de estos vehículos en sus centros.

Next Generation
En la inauguración del 2º Congreso de Smart Distribution, el director de Cadena de Suministro de Aecoc, Alejandro Sánchez, ha puesto en valor el papel que está jugando la sostenibilidad tanto en las decisiones de compra de los consumidores como en las estrategias empresariales. “El respeto por el medio ambiente -ha dicho Sánchez- es un elemento de valor para los ciudadanos y es ya una obligación para las empresas”.

En ese sentido, el director de cadena de suministro de Aecoc ha reclamado apoyo administrativo para que las empresas puedan acometer la transición hacia modelos de movilidad más sostenibles: “los fondos Next Generation deben ser una palanca que acelere ese camino hacia la sostenibilidad, pero pueden ser insuficientes para acometer la renovación de las flotas de vehículos y el resto de ejes sostenibles que tienen que ver con la logística, como la mejora de la eficiencia energética en los almacenes”.

Sánchez también ha destacado el rol transformador que está jugando el e-commerce, que considera que debe conjugar sostenibilidad y rentabilidad. “Cada día se entregan un millón y medio de paquetes y en la última milla las empresas se juegan entre el 14% y el 20% del coste del servicio. Es necesario trabajar en la optimización de rutas, la alta ocupación de los vehículos, el uso de transportes no contaminantes y la extensión tanto de redes urbanas de taquillas como de zonas de carga y descarga de alta rotación”.

Qué es Aecoc
La Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) es una de las mayores organizaciones empresariales del país y la única -presumen- en la que la industria y la distribución del gran consumo trabajan conjuntamente para desarrollar buenas prácticas y patrones tecnológicos que ayuden a las empresas a ser más eficientes y competitivas. Engloba tanto a las mayores compañías como a las pequeñas y medianas empresas y representa sectores tan diversos como el de la alimentación y bebidas, textil, electro, ferretería y bricolaje, salud y hostelería, entre otros. Cuenta con más de 30.000 empresas asociadas cuya facturación conjunta supone cerca del 25% del PIB nacional.

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