javier garcía breva

Un gobierno para los consumidores

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“Todo empeora menos la macroeconomía”. Así describe el escritor George Packer la recuperación económica de EEUU a costa de romper la cohesión social y aumentar la desigualdad y la corrupción. La misma descripción vale para España, donde todas las reformas han constituido otras tantas vueltas de tuerca contra las rentas salariales y contra los consumidores. El 10% de la población acapara ya más del 55% de la riqueza.

La CNMC, en su “Panel de Hogares”, informa que la mayoría de los consumidores domésticos están descontentos con el suministro de luz y gas por el elevado precio de la energía y la falta de claridad de las facturas. La luz ha subido un 83% desde 2003 y un 10% desde 2011. Los consumidores no saben por qué pagan lo que pagan, mientras los márgenes de las comercializadoras se han incrementado un 30%.

Las compañías eléctricas no han visto mermados sus beneficios, tantos como para iniciar un nuevo ciclo de inversiones en países extranjeros y anunciar más dividendos para los próximos años. La CNMC anuncia que el sistema eléctrico ha tenido superávit en 2014 y 2015 a la vez que sanciona a Iberdrola con 25 millones por manipular en 2013 el precio mayorista de la electricidad, controlando los embalses y la producción hidráulica. Pero los consumidores han pagado cuatro veces más que el importe de la multa.

Es el resultado de un capitalismo concesional en su origen, basado en la connivencia entre las instituciones políticas y las grandes empresas para dotarse de un marco normativo que cuadre sus balances. La reforma energética es el mejor ejemplo.

La ley 24/2013, del sector eléctrico, estableció el principio por el que cualquier déficit del sistema habrá de corregirse con revisiones automáticas de peajes. Se trata de que los consumidores garanticen la sostenibilidad del sistema sin necesidad de tener que reformar el mercado mayorista. El mismo criterio se aplicó al mercado gasista en la Ley 18/2014.

El RDL 13/2014 establece, ante la falta de evaluación del riego sísmico, la hibernación del almacén de gas Castor y que el coste del proyecto, por 1.400 millones de euros, se traslade al recibo del consumidor de gas. La explicación del decreto es explícita: “que, con carácter inmediato y urgente, se habilite un marco normativo que consolide la primacía del interés general en relación con la seguridad de las personas, los bienes, y el medio ambiente”. La mala gestión empresarial y política queda impune y se confunde el concepto de interés general cargándolo exclusivamente a las espaldas del consumidor.

La CNMC ha denunciado reiteradas veces el carácter de cártel del sector energético, pero la independencia como organismo regulador fue desactivada desde su creación en la Ley 3/2013 que extinguió los anteriores reguladores de la competencia y trasladó la mayoría de sus funciones al Ministerio de Industria. Los informes de la CNMC no son vinculantes y sus consejeros los nombra el Ministro de Economía. El control de la competencia ha sido capturado por el poder ejecutivo.

La contradicción es mayor en las barreras impuestas al autoconsumo. Mientras el Ministerio de Fomento, a través de la Ley 8/2103 refundida en el RDL 7/2015, quiere reactivar la construcción y el empleo a través de la rehabilitación con autoconsumo, Industria lo hace inviable en el RD 900/2015 y cierra el paso a la mayor competencia de miles de productores de energías renovables.

Para los consumidores no ha habido reformas. En el discurso político falta un relato de la reforma energética desde la perspectiva de la equidad social y faltan propuestas para cambiar la definición de la sostenibilidad del modelo energético considerando al consumidor en el centro del sistema y no a las grandes corporaciones.

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