Javier García Breva
Director general de SOLYNOVA ENERGIA
jgarciabreva@solynova.com
Según la información que elabora la Comisión Nacional de Energía, la fotovoltaica ha cumplido ya el objetivo de 400 MW que tan solo hace cuatro meses estableció el Real Decreto 661/2007. Hace dos años nadie pensaba que pudiera alcanzarse ese objetivo en 2010; sin embargo, se ha pasado de instalar 10 MW al año en 2004 a 21 MW cada mes en 2007. Pero hay más: el sector fotovoltaico en España ha pasado de 200 empresas en 2000 a más de 600 en 2006, de 600 empleos directos a casi 5.000 y los fabricantes españoles han incrementado su producción de 30 MW al año en 2001 a 400 MW en la actualidad. El sector fotovoltaico español invierte en I+D el 7% de su facturación, mientras que la media de las empresas españolas el 1,8%, lo que nos sitúa a la cabeza mundial, particularmente en tecnología solar de alta concentración, que será una revolución a partir de 2010.
¿Por qué ha ocurrido esto? Por tres razones principalmente: porque se ha desarrollado una industria nacional con base tecnológica que nos ha colocado como segunda potencia europea y cuarta mundial; porque son muchas las ventajas de la solar fotovoltaica frente a las fuentes convencionales –es una fuente inagotable, se puede ubicar en cualquier parte, es descentralizada, con larga vida útil y poco mantenimiento, es modulable, es cercana a la sociedad, etc– y porque es atractiva para los inversores gracias al anterior Real Decreto 436/2004, que garantizaba la estabilidad.
Pero en el sector fotovoltaico se ha colado un actor no invitado ni deseado: el especulador inmobiliario. Los recursos del sector de la construcción se quieren diversificar a lo grande en la fotovoltaica. Este hecho no es culpa de la tecnología solar, sino de un modelo de crecimiento basado en la especulación y que ha pasado siempre de las renovables y del cambio climático. Enfrentarse a este fenómeno requiere echar a los especuladores. Nadie lo ha impedido e, incluso, algunas administraciones los han favorecido. Es preciso levantar barreras contra la especulación. El aval ha de complementarse con otras medidas que favorezcan al fotovoltaico que quiere hacer fotovoltaica y expulsar al que sólo pretende especular con los puntos de conexión. Las instalaciones fotovoltaicas no son casas sino centrales de generación.
Sin embargo, el Gobierno ha enviado a la CNE un borrador de nuevo decreto que propone parar la fotovoltaica desde octubre de 2008 hasta enero de 2011. Cuando todo indica que el cambio tecnológico en la energía fotovoltaica se está acelerando en todo el mundo, no parece que la mejor respuesta sea la de dar bandazos cada cuatro meses o utilizar la discrecionalidad para frenar su desarrollo, necesario por otra parte para que España cumpla los objetivos europeos en renovables y cambio climático.
El crecimiento de la industria fotovoltaica hace posible ya una reducción importante de costes y precios. Viendo cómo evolucionan los precios del crudo y haciendo tan poco en eficiencia energética en el sector transporte, seguir diciendo a la sociedad que es una energía cara es un “ataque contra la razón”. Por eso, apoyar a la industria fotovoltaica es apoyar su competitividad e impedir que sea un sector que acabe en manos de inversores extranjeros.
Si el RD 661/2007 se hizo mal, peor es volver a fórmulas como las del Real Decreto-Ley 7/2006, y si es urgente echar a los especuladores, no puede hacerse paralizando el sector durante dos años.
El objetivo de renovables para 2020 obligará a España a multiplicar por más de diez los objetivos actuales de fotovoltaica y eso va a proporcionar una senda de costes y precios decrecientes en función de que se garantice la estabilidad del marco económico a largo plazo. La industria nacional está preparada. ¿Queremos ser líderes en Europa y en el mundo? Pues los bandazos regulatorios son la mejor forma de matar moscas a cañonazos.
