El informe anual del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española ha advertido que la recuperación se ha debido principalmente a la expansión del empleo en sectores de baja cualificación y baja productividad. Del monocultivo del ladrillo se ha pasado al monocultivo de la hostelería, turismo y servicios de bajo valor añadido.
La OCDE ha constatado cómo España posee una de las peores tasas de escolarización en FP de todos los países industrializados y Eurostat confirma el fraude de ley por abuso de la contratación temporal en España, a la cola de Europa en tasa de conversión de empleos temporales en fijos: sólo el 9,8% en 2016 cuando en 2006 era el 30%.
Entre las causas de la desastrosa política de empleo están el elevado paro, subempleo, los recortes en educación, falta de formación en la empresa y escasa oferta de empleo cualificado. El Banco de España ha advertido que este tipo de empleo puede tocar techo y recomienda diversificar en actividades de mayor productividad con más formación. La conclusión es que no hemos aprendido nada de la crisis y España mantiene el mismo modelo de economía que la llevó a la gran recesión.
El acuerdo entre España y Bruselas para la gestión de los fondos estructurales y de inversión europeos para el periodo 2014–2020 asignó 19.408 millones de euros del FEDER, 7.589 millones del FSE y 8.300 millones del FEADER para cofinanciar inversiones en España hasta 2020. El primer objetivo del acuerdo era elevar la tasa de empleo del 59% en 2012 al 74% en 2020, impulsando el cambio hacia un modelo de crecimiento sostenible, inteligente e integrador.
La inversión prioritaria de los fondos europeos es el ahorro de energía mediante el fomento de la eficiencia energética, las energías renovables, el transporte limpio y la protección del medio ambiente. Para la adaptación al cambio climático y economía baja en carbono se destinan más de 10.400 millones de euros. Si embargo, la tasa de empleo de España en 2016 apenas había mejorado un 1% con respecto a 2012.
El patrón actual de la economía española dista mucho del modelo de crecimiento sostenible. La descarbonización es la meta de la Comisión Europea y para ello ha desplegado un conjunto de instrumentos, como renovables en los tejados de los edificios, autoconsumo, microrredes y redes inteligentes, contadores de balance neto, almacenamiento local, edificios de consumo nulo de energía, vehículo eléctrico, infraestructuras de recarga o sistemas eficientes de calor y frío, que requieren políticas nacionales adecuadas.
La diversificación del empleo en nuevas especializaciones productivas con más valor añadido es la oportunidad que ofrece un modelo de crecimiento sostenible. Pero cada instrumento que desde Bruselas se ha creado para desarrollar la economía sostenible se enfrenta a otras tantas barreras levantadas por la regulación eléctrica española que antepone la sostenibilidad económica del sector eléctrico tradicional.
La generación distribuida y la gestión de la demanda requieren nuevas capacidades profesionales y nuevas alianzas empresariales para crear una economía productiva basada en la sostenibilidad ambiental y el empleo de calidad. Esa es la función de los fondos europeos y la responsabilidad del Estado. Despreciar este yacimiento de empleo como se está despreciando es lo que reflejan los informes del FMI, de la OCDE o de Eurostat.
La recuperación del empleo no se hará repitiendo el patrón de la economía especulativa y contaminante, sino cambiando de modelo energético en la dirección que establece el “paquete de invierno”, para facilitar al consumidor todo el poder sobre la gestión de su demanda de energía. No aplicar correctamente los fondos estructurales no solo contribuye a incumplir los compromisos europeos sino a perder unos recursos de los que no volveremos a disponer nunca.
