El fracaso de la cumbre sobre el clima de Copenhague evidenció en 2009 que la reducción de emisiones de CO2 iba a ser la primera víctima de la crisis. El cinismo de aquella cumbre quedó reflejado en los cables de Wikileaks. Antes de su celebración, la próxima cumbre de Durban ya se califica de fracaso anunciado. El CO2 se está convirtiendo en un intangible, como el cambio climático, el deshielo del Ártico o la contaminación atmosférica. Ha desaparecido de la agenda política.
Las subidas acumuladas de los carburantes y del gas están por encima del 16 y 17% y determinan nuestra mayor inflación y déficit comercial. Mientras las emisiones crecen casi nadie se acuerda del informe Stern que estimaba el coste de no hacer nada para mitigar el cambio climático entre un 5 y un 20% del PIB mundial. Relegar la primera causa del deterioro del medio ambiente, como son las emisiones de CO2, y el instrumento más eficaz para combatirlas, como es el consumo de renovables, no es una consecuencia de la crisis sino de las barreras que impiden los cambios de modelo energético y económico que la superación de la crisis exige.
Nada se quiere hablar en los debates actuales de fiscalidad energética ni de fiscalidad ambiental. Es tabú. No se quieren mandar señales a los mercados en la dirección de la eficiencia energética ni de la reducción de emisiones, a pesar de disponer de documentos, como el PER y el PAEE, que acreditan la gran potencialidad de creación de empleo en la economía verde.
La paradoja de este olvido ambiental es que mientras el actual Ministro de Industria insiste con más decretos para frenar las inversiones en renovables, presume en la reunión del G-20 celebrada en Sevilla del desarrollo de las renovables en España. O que el lehendakari vasco, que ha hecho la única ley de cambio climático que existe en España, lanza a bombo y platillo la propuesta de horadar el suelo de Álava para explotar un supuesto yacimiento de gas no convencional que va a liberar muchas más emisiones de CO2 y de metano a un coste mucho más elevado.
O que mientras se insiste en los mensajes denigratorios contra las renovables, el precio de la luz y las emisiones en 2011 se incrementan por la mayor generación con carbón aprobada por decreto, generando mayores beneficios para las nucleares y obligando a elevar las primas al gas para compensar las dadas antes al carbón.
Al final se asume el mensaje de la Fundación Juan de Mariana y el propio partido de la oposición se declara contrario a avanzar en la reducción de emisiones porque va contra los intereses de la economía nacional. Lo más indignante es el mensaje del Ministro Sebastián de que el freno a las renovables se hace para defender al consumidor cuando no se ha querido actuar contra las subastas inflacionistas de la tarifa de último recurso ni se ha querido modificar el método de conformación de precios del pool eléctrico ni se ha actuado contra la falta de competencia en los mercados de la luz, el gas y los carburantes. Y son estos artificios contables los que encarecen la energía y nos convierten en un país atrasado por la elevada factura de las importaciones energéticas. El consumidor es la base de todo porque es el que paga, pero como consumidor cautivo se le niega capacidad de decidir.
Esta gran manipulación ha convertido lo caro en barato y lo barato en caro para que el sector energético siga enfrascado en sus operaciones corporativas de compra venta de activos ante la inhibición de gobiernos y reguladores. Para eso necesitan que nada cambie y que la cuestión ambiental se relegue al escaparate de la responsabilidad social corporativa, porque a nadie se le escapa que enfrentarse al cambio climático exige enfrentarse al cambio de modelo energético.
