La Estrategia de Seguridad Nacional 2017, aprobada por el RD 1008/2017, establece por primera vez la vulnerabilidad energética de España y el cambio climático como nuevos desafíos para la seguridad de nuestro país e incluye la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático entre las actuaciones a llevar a cabo para que no se transformen en amenazas comparables con el terrorismo, el crimen organizado o los ciberataques.
La vulnerabilidad energética es descrita como la dependencia de zonas, como el norte de África o el Golfo de Guinea, cuya inestabilidad geopolítica amenaza el abastecimiento de energía y puede provocar escaladas en los precios del petróleo y el gas. La seguridad de suministro se contempla en un contexto de transición energética hacia un modelo más seguro, eficiente y sostenible ambientalmente. El incremento de las temperaturas, los fenómenos meteorológicos extremos, el incremento del nivel del mar, la acidificación del océano, la escasez de agua o la mayor vulnerabilidad de la región mediterránea, constituyen riesgos de seguridad para España.
La Estrategia de Seguridad Nacional 2017 establece la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la revisión de los sistemas de abastecimiento y uso de la energía, la lucha contra la pérdida de biodiversidad o la gestión del agua como requerimientos imprescindibles para afrontar las consecuencias del cambio climático y cumplir los compromisos asumidos en el Acuerdo del clima de París en 2015.
Para garantizar la seguridad energética se proponen líneas de actuación, como el fomento de fuentes de energía autóctonas para reducir la dependencia del exterior o impulsar una transición energética basada en la eficiencia. Para luchar contra el cambio climático se propone integrar las políticas de adaptación y mitigación en todas las planificaciones sectoriales, prevenir la contaminación del medio marino, gestionar la escasez hídrica y apoyar el uso de energías alternativas.
Es toda una rectificación de la anterior Estrategia de Seguridad Nacional de 2015 en la que se consideraba la exploración de recursos petrolíferos y gasísticos en aguas españolas y la intermediación en el mercado mundial de gas como una ventaja para la seguridad nacional. Ahora el cumplimiento del Acuerdo de París para reducir las emisiones un 40% en 2030 se convierte en una referencia para la seguridad nacional.
Aunque se hable de energía autóctona o alternativa, evitando tanto el concepto de energía renovable como de energía fósil, los objetivos de reducción de las emisiones y de la dependencia de las importaciones energéticas son determinantes para la seguridad nacional, pero se contradicen con la política energética del Gobierno:
• Los récords de 2017 en importaciones de petróleo y gas, emisiones energéticas, la mayor dependencia del exterior, la defensa del carbón y la inversión gasista aceleran el cambio climático en España.
• El rechazo a elevar los objetivos de renovables y de eficiencia energética en 2030 hacen imposible que España cumpla el Acuerdo del clima de París.
• La diversificación de la lista de países suministradores de gas y petróleo y la colonización del sector energético por inversores extranjeros aumenta los riesgos geopolíticos de abastecimiento energético.
• La única energía autóctona disponible y barata que tiene España son las renovables y la eficiencia energética; pero es la que más barreras regulatorias soporta.
• Dejar la seguridad nuclear en manos de los dueños de las centrales es una amenaza real a la seguridad nacional.
• Las infraestructuras energéticas se construyen sin tener en cuenta criterio alguno de seguridad, como demuestra el RD 13/2014 de hibernación de Castor. Por coherencia, el Gobierno deberá cambiar radicalmente su política energética para cumplir la Estrategia de Seguridad Nacional 2017.
