Enresa ha sacado a concurso nuevos sondeos que aclaren las dudas que sobre la seguridad del emplazamiento del almacén centralizado de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas ha planteado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que, de momento, paralizan su construcción. Esta decisión pone de manifiesto la cadena de errores en la gestión del ATC cometidos por el Ministerio de Industria, la presidenta de Castilla-La Mancha y el presidente de Enresa.
El ATC se vendió por el gobierno del PSOE como si de un parque temático se tratara. Realizó el proceso de selección con publicidad mediática dirigida a los Ayuntamientos tratando de tontos a los alcaldes que rechazaran semejante bicoca. El gobierno del PP decidió ubicar el ATC en Villar de Cañas, el candidato con peor puntuación de los seleccionados por el anterior gobierno. De esta manera dio a su secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha la mayor inversión del Estado por 970 millones, colocando a personas afines al frente de Enresa para controlarlo todo.
En febrero de 2013 Enresa planteó dudas sobre el subsuelo del emplazamiento elegido, incrementó en 28 millones la obra civil y alargó los plazos, lo que supondrá otro coste adicional de 60 millones por no poder traer de Francia los residuos de Vandellós I. En septiembre de 2014, el CSN solicitó a Enresa más información sobre cimentaciones, sismicidad, inundabilidad y composición geológica del terreno.
El Colegio Oficial de Geólogos advirtió que los estudios preliminares fueron incompletos e inadecuados, que los costes se dispararían hasta un 50% y que se siguieron criterios políticos en lugar de técnicos. Llama la atención cómo una infraestructura de seguridad pasiva, fundamental para el Estado, se ubica sobre una zona inundable y arcillosa. Pero a pesar del consenso general sobre la mala elección del emplazamiento y sin autorización del CSN, el presidente de Enresa, Sr. Gil Ortega, decide sacar a concurso la obra civil para firmar el contrato antes de las elecciones autonómicas. Es cuando el Gobierno le cesa.
La credibilidad de Enresa ha quedado en entredicho no solo por las decisiones políticas de su presidente sino porque el Tribunal de Cuentas ha llamado la atención sobre la insuficiente financiación de la gestión de los residuos nucleares al no haberse modificado sus tasas desde 2010. Se está gestando un desfase entre ingresos y gastos de 1.800 millones que deberán pagar las generaciones futuras y no los propietarios de las centrales que originan los residuos.
El “modelo Castor” se ha apoderado de la política energética. Se prescinde de los requisitos más elementales de seguridad sísmica, ambiental o nuclear porque al final esos costes y sus impactos se cargan al consumidor de forma injusta y sin ninguna información. De esta manera, el sector nuclear nunca ha internalizado el coste de sus residuos. Todavía hoy las centrales nucleares incumplen las nuevas exigencias de seguridad post-Fukushima.
Dos hechos relacionados entre sí explican esta despreocupación irresponsable por la seguridad nuclear. El primero, la opacidad del sector nuclear que hace tiempo antepuso la rentabilidad de las centrales a los criterios de seguridad, viendo en las nucleares una hucha ingente de ingresos. El segundo, unos gobernantes que no deciden por el conocimiento sobre la energía nuclear sino por su interés político, por prejuicios e influenciados por un sector sin ninguna transparencia.
En la historia de Villar de Cañas queda la lección que han dado, por su rigor e independencia, los profesionales del CSN frente a la estupidez de quienes tomaron decisiones sobre algo que ignoraban. Es la excepción en una política energética que ha eliminado a los reguladores independientes y la cultura de seguridad. ¿Habremos aprendido algo?
