javier garcía breva


La transición energética dependerá de quién controle los contadores

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La transición energética dependerá de quién controle los contadores

La medición y monitorización de los consumos y ahorros de energía forma parte de la definición del modelo energético. Los medios para facilitar a los consumidores esa función, o servicio energético, para que puedan gestionar su demanda y participar en el sistema eléctrico deberían incluirse en la prospectiva energética, ya que de ello va a depender que se alcancen los objetivos climáticos de 2030.  


¿De qué hablamos cuando hablamos de transición energética?
La transición energética va a depender antes de la manera en que se utilice la energía que del mix energético que se planifique. Por eso, la base de una estrategia energética ha de ser la gestión de la demanda antes que la oferta de generación.

Los cambios en las tecnologías de generación y eficiencia energética han sido tan profundos y rápidos que han dejado obsoleta la regulación que los frenaba y ahora deben incorporarse al modelo de transición energética si no se quiere correr el riesgo de un continuismo insostenible, abocado al fracaso, como pretende la actual política energética española.

En los escenarios energéticos para 2030 y 2040 sería un grave error infravalorar los cinco factores que determinan los nuevos modelos de negocio energético en el mundo:

• La velocidad de mejora de la competitividad que han alcanzado las tecnologías renovables y las baterías de almacenamiento y las ventajas de su combinación para el desarrollo de la energía descentralizada.

• El impacto de la gestión de la demanda, de la alta eficiencia energética y de la generación distribuida en el descenso de la demanda de energía primaria y de las emisiones en la edificación y el transporte.

• Las negativas consecuencias económicas y ambientales de una elevada dependencia de las importaciones de combustibles fósiles.

• La evolución creciente de los impactos del cambio climático y los que afectan a la seguridad nacional, en el caso de las infraestructuras energéticas.
    
• La apertura de la competencia a millones de consumidores será lo que abarate la energía, mientras que preservar el modelo centralizado la encarecerá.

¿Cómo se mide el ahorro de energía?
Los escenarios para la transición energética basados en un modelo centralizado de oferta son un contrasentido frente a un escenario basado en la gestión de la demanda, que es lo que proponen las directivas europeas vigentes y las nuevas directivas, que se debaten actualmente en las instituciones europeas.

La Comisión Europea, en las “Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020” para la gestión de los fondos europeos, define la eficiencia energética como la “cantidad de energía ahorrada, calculada en función de la medición del consumo antes y después de la ejecución de las medidas de mejora de la eficiencia energética”.

La Directiva 2010/31/UE, de eficiencia energética de los edificios, define la eficiencia energética como la “cantidad de energía calculada o medida que se necesita para satisfacer la demanda de energía asociada a un uso normal del edificio”.

La Directiva 2012/27/UE, de eficiencia energética, define el servicio energético como “el beneficio físico, utilidad o bien derivado de la combinación de una energía con una tecnología energética eficiente para prestar el servicio, con arreglo a un contrato, y que ha demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía primaria verificables, medibles o estimables”.

El artículo 9.2 de la Directiva 2012/27/UE, de eficiencia energética, establece las condiciones que deben cumplir los contadores inteligentes para la electricidad o el gas natural.

Los Estados miembros deberán asegurar:
• Que los sistemas de medición faciliten a los consumidores información sobre la hora exacta de utilización, que tengan en cuenta los objetivos de eficiencia energética y los beneficios al consumidor al establecer las funciones mínimas de los contadores y las obligaciones a los agentes del mercado.
    
• La seguridad de los contadores inteligentes y la transmisión de datos, así como la privacidad de los consumidores, de conformidad con la legislación de protección de datos y de la intimidad personal.
    
• Que los contadores puedan dar cuenta de la electricidad vertida a la red a partir de las instalaciones del consumidor final (autoconsumo).
    
• Que la información de los contadores les sea facilitada a los consumidores o a un tercero que actúe en su nombre en un formato comprensible para comparar ofertas.
    
• Que se facilite a los consumidores asesoramiento e información en el momento de la instalación de contadores inteligentes, en particular su potencial en relación con la lectura y seguimiento del consumo energético.

El artículo 15 establece que los gobiernos deberán suprimir en las tarifas los incentivos que menoscaben la eficiencia energética (término de potencia) y que los gestores de las redes y proveedores deberán ofrecer servicios energéticos a los consumidores (almacenamiento) para mejorar la eficiencia energética en el contexto de redes inteligentes.

“El contador se convierte así en instrumento para la gestión activa de la demanda a través del acceso directo y la interacción con el consumidor final. Cada edificio o centro de consumo deberá disponer en tiempo real de señales de precio que permitan al consumidor gestionar su energía y participar en el sistema eléctrico. La realidad de los contadores en España, caracterizada por su inaccesibilidad y opacidad, está muy alejada de la directiva, seis años después de su entrada en vigor.

Hay dos conceptos muy distintos de eficiencia energética: si se considera como un riesgo, al representar menos ingresos para sistema eléctrico, o como un servicio energético, con funciones de ahorro de energía y de protección para el consumidor, como determina la directiva de eficiencia energética.

¿Quién es el dueño del big data?
Si el consumidor final no tiene acceso a su contador tampoco puede acceder a sus funciones de eficiencia energética y queda cautivo de su proveedor que, además, se queda con sus datos y su privacidad. Cualquier política de gestión de la demanda debe comenzar por facilitar al consumidor su participación en el mercado eléctrico desde sus propias instalaciones a través de la interacción con su contador.

Entre los riesgos de la digitalización se encuentra la mayor desprotección de los consumidores. El investigador bielorruso Evgeny Morozov lo denunció en 2015: “El mercado digital está acabando con la idea de protección al consumidor. A medida que la publicidad y la recogida de datos tienen más importancia, nos encontramos con precios determinados en función de algoritmos muy personalizados y con frecuencia fijados para que paguemos el precio más alto posible”.

Para Morozov, ya no se trata a los ciudadanos como consumidores sino como centros de coste que hay que minimizar para incrementar los beneficios de las empresas explotando su privacidad y sus datos.

La alternativa está en las políticas locales
Hay organismos, como la CNMC, que tienen obligaciones sobre la protección de los consumidores con respecto a las condiciones y funcionamiento de los contadores. Hay instituciones públicas que deben vigilar y exigir la transposición y cumplimiento de la Directiva de eficiencia energética. El plan de contadores en España no cumple ni lo uno ni lo otro.

Los ayuntamientos tienen competencias en urbanismo y vivienda que comprenden tanto las características de construcción como las condiciones de eficiencia energética de los edificios y de los planes de ordenación municipal. Ello incluye no solo las normas de edificación sino también las funciones de eficiencia energética de las instalaciones, eléctricas y térmicas, de los contadores y su medición y verificación para exigir la más alta calificación energética.

La rehabilitación y la certificación energética, los edificios de consumo nulo con autoconsumo, los servicios energéticos, la calefacción con renovables, las funciones de los contadores, las empresas públicas de energía, la contratación pública eficiente y la movilidad eléctrica son ámbitos de la transición energética que corresponden a la iniciativa de los entes locales que tienen el respaldo de las directivas europeas.


La transición energética comienza por las ciudades. Es preciso desarrollar ordenanzas municipales de servicios energéticos y de rehabilitación que conviertan al consumidor en el centro de la generación distribuida y como tal, en el principal agregador de la demanda.

Este artículo se publicó originalmente en la Oficina de JGB.

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