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Naturgy pide indemnizaciones para sus hidroeléctricas

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La compañía, antes denominada Gas Natural Fenosa, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica "una compensación millonaria por la menor producción de energía obtenida entre 2017 y 2019 por una decena de centrales hidroeléctricas del grupo en Galicia que tuvieron que liberar agua (un bien público) para respetar los caudales ecológicos determinados por la Administración", según publica elDiario.es en su edición de ayer. El coordinador del partido ecologista Alianza Verde, el diputado Juantxo López de Uralde, echa mano de la Ley de Aguas para denunciar lo incongruente de esa solicitud y para volver a reclamar la "nacionalización" de las centrales hidráulicas cuyas concesiones están caducando, algo que ya planteara hace unos meses en la Mesa del Congreso.
Naturgy pide indemnizaciones para sus hidroeléctricas

Son cinco las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por supuestos "perjuicios generados a una decena de centrales por los caudales ecológicos fijados por la Administración", y la compañía habría valorado esos "daños" en 17,3 millones de euros. Según Naturgy, las instalaciones que han realizado esa reclamación contra el Gobierno por su menor producción hidroeléctrica en Galicia suman una potencia de unos mil megavatios (1.000 MW). Naturgy tiene una potencia hidroeléctrica en España de 1.951 megavatios. La noticia, publicada ayer por elDiario.es, ha suscitado una dura reacción por parte del diputado de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde, presidente de la Comisión parlamentaria que aprobó hace solo unas semanas la primera Ley de Cambio Climático de la historia de España, y líder de Alianza Verde, la marca ecologista que acaba de alumbrar en el seno de Podemos. López de Uralde considera que "Naturgy no tiene derecho a reclamar indemnizaciones", ya que el caudal ecológico está contemplado en la Ley de Aguas, "en concreto en su artículo 59.7. Sobre los caudales ecológicos. Restricción previa al resto de usos".

Según Uralde, que fuera director ejecutivo de Greenpeace España durante una década, "son varios los dictámenes del Consejo de Estado los que establecen que los caudales ecológicos no son indemnizables, teniendo en cuenta la propia Ley de Aguas".

Así, el diputado de Unidas Podemos ha hecho referencia al dictamen 1151/2015, del Consejo de Estado, sobre el Proyecto de real decreto de aprobación Planes Hidrológicos 2015-2021, que establece que

«mientras los caudales se instrumenten de la misma manera en que se hizo en los Planes anteriores, el sistema es plenamente legal, debiéndose evitar, por ser ilegales, según sentencias el Tribunal Supremo aplicadas a cláusulas que estaban en algunos Planes no de los de demarcaciones intercomunitarias o transfronterizas, sino de Demarcaciones intracomunitarias, unas referencias a los caudales ecológicos que, en términos absolutos señalen que la revisión de los caudales, al no afectar a los derechos reales preexistentes, no dará lugar a indemnización y que, de conformidad con el artículo 59 del TRLA, los caudales ecológicos constituyen una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de aprovechamiento, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos»

Para el coordinador de Alianza Verde, "el Gobierno tiene plena legitimidad, amparándose en la Ley de Aguas, para fijar caudales ecológicos, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso". En este sentido, López de Uralde ha urgido al Gobierno a "acelerar la recuperación para el Estado de las concesiones hidroeléctricas, para garantizar que su gestión atiende al interés general, y no al interés económico del oligopolio", al que acusa de que "sólo le preocupa seguir embolsándose beneficios milmillonarios, mientras la factura de la luz se encarece para la ciudadanía".

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Suso
Y los vecinos cuyas tierras fueron expropiadas también: precios justos, adaptados al día de hoy, lucro cesante y participación en los beneficios.
Suso
Lo q es imprescindible, ya, es hacerse con un 10% de todas las empresas eléctricas y formar parte del consejo de administración, poniendo ahí miembros de la Intervención General del Estadi, funcionarios, que sean imparciales. Y se acabó la juerga.
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