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La Moncloa, contra los pueblos del Pirineo

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El Ejecutivo Rajoy no quiere ni oír hablar de la extinción de las concesiones hidroeléctricas. El artículo 134 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que es la norma máxima en esa materia -el agua-, dice que “el plazo de la concesión para la construcción y explotación o solamente la explotación de las obras hidráulicas” no puede exceder, “en ningún caso”, de 75 años. Pues bien, algunas de esas concesiones han empezado a caducar y los ayuntamientos quieren que se les devuelva el espacio que ocuparon las eléctricas concesionarias, que llevan pues 75 años obteniendo beneficios de esas concesiones. Enfrente, el Ejecutivo Rajoy, que no quiere ni oír hablar del asunto.
La Moncloa, contra los pueblos del Pirineo

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, anunció la semana pasada que el Gobierno de Aragón va a seguir trabajando "en torno a la petición de los ayuntamientos pirenaicos sobre las concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos de los ríos y la posibilidad de que los propios municipios puedan obtener la reversión o alguna compensación económica por la ocupación de suelo municipal o local y autonómico". En ese sentido, el consejero Guillén ha indicado que el Gobierno de Aragón "propuso que el tema fuera tratado en la pasada Comisión Bilateral de Cooperación, pero la iniciativa fue rechazada por el propio Gobierno de España, por lo que no pudo ser incluido en el orden del día".

Fuera del orden del día
Según Guillén, "no conseguimos que esta cuestión entrara en el orden del día porque, si una de las partes se opone, la cuestión planteada queda fuera de ese orden. No obstante -ha añadido el consejero de Presidencia- queda constancia de una declaración unilateral de intenciones por parte del Gobierno de Aragón". Guillén ha recordado que, "en torno a estas concesiones, hay empresas que han obtenido importantes beneficios en las últimas décadas, por lo que parece justo que los municipios participen de esos beneficios”. El consejero se comprometió en mayo con los alcaldes de Bielsa, Miguel Angel Noguero, y La Fueva, Ramón Laplana, a apoyar ante el Gobierno de España la postura de los ayuntamientos pirenaicos.

Lo que piden los ayuntamientos
Según el Gobierno de Aragón, "los ayuntamientos que cuentan con este tipo de instalaciones en sus términos municipales entienden que, una vez que se ha declarado la extinción de la concesión hidroeléctrica, deben asumir la reversión de los elementos patrimoniales de la explotación que, situados fuera del dominio público hidráulico, se encuentren ubicados en monte público local o autonómico". Además -explican desde el Ejecutivo aragonés-, los ayuntamientos "aspiran igualmente, según los casos, a obtener compensaciones económicas por la ocupación privativa del dominio público local por parte de estas instalaciones productoras de energía, una posición que también mantiene la Diputación Provincial de Huesca y el propio Gobierno de Aragón".

[Foto: detalle de la central de Lafortunada, Huesca. En Lafortunada está el Museo Pirenaico de la Electricidad].

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