La Comisión de Economía de las Cortes de Aragón aprobó ayer, a propuesta de Podemos, con enmiendas del PSOE y Ciudadanos y sin votos en contra, una resolución que insta al ejecutivo autonómico a “presentar, de acuerdo con los municipios afectados, un primer plan de recuperación y explotación directa” de los saltos hidroeléctricos cuya concesión haya caducado o vaya a hacerlo en los próximos meses. El objetivo fundamental de la medida es bajar el recibo de la luz y destinar parte de la energía a usos sociales.
El debate sobre las concesiones hidroeléctricas es casi tan viejo como los propios embalses. Las dos primeras centrales en España entraron en funcionamiento en 1901. Se trata de El Porvenir, en el río Duero, en Zamora (ahora se denomina Salto de San Román y es de Iberdrola) y la del Molino de San Carlos, en la cuenca del Ebro, en Zaragoza.
Pero el aumento de la capacidad de los bombeos hidráulicos y la gestión de la demanda que permiten en un sistema que cada vez incorpora más renovables ha reavivado ese debate. Empresas, reguladores, conferencias hidrográficas, ecologistas... todos están de acuerdo en que los bombeos en embalses reversibles son la mejor herramienta para el almacenamiento de electricidad renovable. Algunos van más lejos: su gestión debería estar en manos del operador del sistema.
En España hay unas 800 centrales hidráulicas que cubren, aproximadamente un 16% del consumo. Aunque ese porcentaje puede variar mucho de un año a otro en función de las lluvias caídas y del agua embalsada. “Las concesiones otorgadas por el Estado con plazos de entre 50 y 75 años, buena parte de ellas transferidas a manos privadas en el último cuarto de siglo mediante el proceso de privatización de las empresas públicas del extinto INI, lo que permitió aumentar el creciente negocio del sector”, se lee en Público.
De las 456 centrales que hay en la cuenca del Ebro, más de 150 se localizan en Aragón y producen la décima parte de la hidroelectricidad. “El grueso de esas autorizaciones caducan en los próximos veinte años –ocurre algo similar en el resto del Estado-, lo que pone sobre la mesa la expectativa del regreso de esas instalaciones a la gestión pública”.
La iniciativa de las Cortes, que también insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de recurrir la concesión de saltos hidroeléctricos de más de 25 años de duración, se produce ante la próxima caducidad, prevista para los próximos meses, de las concesiones que tiene Acciona en los saltos de Barrosa y de Urdiceto, en el Pirineo oscense. El Gobierno de Aragón quiere asumir su explotación “a través de una empresa pública aragonesa o a través del instrumento que se considere más interesante que garantice la titularidad pública y la mejor gestión”.
Público recoge también las declaraciones del diputado de Podemos, Román Sierra, que defendió la iniciativa. “Recuperar la gestión pública de las centrales es una cuestión estratégica”. Las eléctricas se hicieron con instalaciones “construidas con inversiones públicas” y cuya producción es “casi todo beneficio” para ellas.
• ¿Y si REE gestionara los bombeos hidroeléctricos?
Ese numero, ER89, de mayo de 2010, incluye una entrevista al entonces presidente de REE, Luis Atienza, que defendía que “los bombeos son una herramienta para integrar renovables y se debería asegurar su neutralidad”
• REE propone considerar los bombeos como una herramienta de la operación del sistema para que quepan más renovables
