fotovoltaica

Por Alberto Cuartas

Ya no hay excusas

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En una reciente entrevista, publicada en El Diario Montañés, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, decía que “ya no hay excusa para no cumplir el Acuerdo de París, pues como nos dice la ciencia, tenemos las herramientas necesarias para descarbonizar los sectores y debemos compartirlas y hacerlas norma común de las inversiones”. Reproducimos a continuación un artículo de Alberto Cuartas, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que se ha publicado hoy en El Diario Montañés.
Ya no hay excusas

Aceptado el planteamiento que la Señora Ministra hace, nos preguntamos, ¿y hay excusa para que su Ministerio no cumpla las justas promesas contraídas con quienes en 2007 colaboraron con el Gobierno de España para alcanzar sus compromisos con la Unión Europea sobre energías renovables? ¿Por qué ese mismo Gobierno que expone, con razón, que ya no existen excusas para no cumplir el citado acuerdo, sigue buscando pretextos para no cumplir con quienes iniciaron la senda de la implantación de las energías renovables en España devolviéndoles lo que sabe que injustamente les fue arrebatado? ¿Por qué ese mismo Ministerio no deja de poner pretextos y lleva al Consejo de Ministros, de una vez por todas, el acuerdo firmado para la conformación de Gobierno entre PSOE y Podemos, el cual, en su apartado 3.5, promete restaurar la situación de los pequeños productores pioneros de la energía fotovoltaica?

¿Por qué quienes ahora defienden, con tanto ahínco como lógica, que es necesario hacer una transición energética para conseguir la descarbonizacion total de nuestra economía, no se preocupan de quienes iniciaron el camino para la consecución de ese vital objetivo? ¿Y qué decir de las grandes energéticas a las que ahora tanto les preocupa la seguridad jurídica pero nada dijeron cuando la misma fue arrasada por los anteriores gobiernos? Claro que entonces los afectados eran pequeños inversores, pequeños agricultores o pymes, en definitiva, sesenta y dos mil familias, que quienes tomaban las decisiones debieron pensar que eran poca cosa ante las grandes eléctricas.

Pero bueno, por aquello de que más vale tarde que nunca, lógico y justo sería que de una vez por todas, sin más pretextos, dado que, como diría nuestra Ministra, no hay ya excusa que valga, se sienten a negociar con los afectados las compensaciones que a los mismos corresponden por las injustas medidas adoptadas contra unos indefensos ciudadanos cuyo único pecado fue creer en la palabra dada por su Gobierno a través del Boletin Oficial del Estado.

Ah, y en creer que, en todo caso, la Justicia restablecería los derechos que creían obtener al asumir lo prometido en tan importante, como creíble, pensaban ellos, boletín de noticias gubernamental, sin darse cuenta de que algunos jueces de nuestro más alto tribunal, llegado el caso, darían por buenas unas actuaciones que ahora supongo que, al menos a alguno de ellos, les hará pensar, al ver las sucesivas sentencias de los tribunales internacionales en las que en todas ellas se da la razón, en contra del Reino de España, a las empresas de otros países que han recurrido a dichos organismos arbitrales internacionales. Sentencias en las que, como es lógico, aceptan que son posibles cambios legislativos hechos por cada Gobierno, pero siempre respetando las condiciones aprobadas para los inversores anteriores a tales cambios y, en todo caso, indemnizando a los mismos en el supuesto de que sean perjudicados por dichas modificaciones, tal como hacen los citados tribunales internacionales en sus sentencias por los perjuicios producidos.

Y es que sería vergonzoso que mientras España indemniza, con miles de millones de euros, a los fondos de inversión y empresas extranjeras que invirtieron en aquellos primeros años en el sector fotovoltaico en nuestro país, sin embargo a los españoles que han aguantado contra viento y marea para conservar los huertos y parques fotovoltaicos que entonces construyeron, o en los que invirtieron sus ahorros, y que a duras penas han conseguido mantener activos a base de seguir haciendo nuevas aportaciones dinerarias, se les siga dando largas y se continúe sin darles las compensaciones que en buena ley les corresponde. Para ello, un extensionamiento de los años de producción, al estilo de lo hecho en su día por Miguel Sebastián cuando el Gobierno Socialista aprobó los primeros recortes, podría ser una fórmula razonable y equilibrada, tanto para los productores españoles como para las empresas extranjeras, sin que tal medida suponga una carga para los consumidores.

Por todo ello cabe decir tanto al Ministerio para la Transición Ecológica como al Gobierno del que forma parte, y también a todos los parlamentarios que están en el Congreso de los Diputados, incluidos los de la oposición: dejen de marear la perdiz y den solución, de una vez por todas, a las miles de familias que fueron pioneras en la introducción y desarrollo de la energía fotovoltaica en España, pues ya no hay excusa que valga para dilatar más la cuestión.

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