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España demandada internacionalmente por recortes retroactivos a la fotovoltaica

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Catorce fondos de inversión institucionales y compañías energéticas han presentado hoy una demanda para iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra el  Estado  Español. Era una posibilidad que ya adelantó Energías Renovables el pasado mes de marzo en una entrevista con el despacho de abogados que se encarga de la demanda.
España demandada internacionalmente por recortes retroactivos a la fotovoltaica

El arbitraje internacional reclamará indemnizaciones por importe de cientos de millones de euros como consecuencia de los recortes retroactivos que, en diciembre de 2010, el gobierno impuso a las tarifas que perciben las instalaciones de energía solar fotovoltaica. Por el momento es imposible precisar cuántos serán los cientos de millones de euros hasta que se no produzca el peritaje el que requiere el caso. Se estima que podrían ser unos 500 millones.

La demanda presentada se sustenta en el Tratado sobre la Carta de la Energía, un tratado internacional multilateral de inversión diseñado para proteger las inversiones energéticas a largo plazo. Es la segunda vez en la historia que el Tratado sobre la Carta de la Energía se invoca contra un país de Europa occidental, ya que, hasta ahora, la mayoría de las reclamaciones se habían dirigido contra los países que formaban el antiguo bloque comunista.

Demanda contra la retroactividad
La mayoría de los catorce demandantes son inversores institucionales y compañías energéticas cuyo capital procede de fondos de pensiones y de ahorradores particulares de todo el  mundo. Estos fondos de pensiones garantizan la jubilación de millones de trabajadores en Europa y en el resto del mundo.

Los fondos y compañías demandantes invirtieron en España confiando en el mantenimiento de unos ingresos estables a lo largo del tiempo, un compromiso que había adquirido el gobierno español al establecer una retribución regulada para la producción de electricidad mediante tecnología fotovoltaica. El ejecutivo rompe unilateralmente ese compromiso en diciembre de 2010 al recortar las tarifas. En ese momento los demandantes ya habían invertido 2.000 millones de euros y eran propietarios de 270 MW fotovoltaicos.

El grupo de inversores internacionales que participan en esta acción de arbitraje está formado entre otros por: AES Solar, Ampere Equity Fund, HgCapital, Element Power, Impax Asset Management, KGAL GmbH & Co KG, NIBC European Infrastructure Fund, Whiteowl Capital, Eoxis, MPC Capital, MEIF Luxembourg Renewables. Estos inversores gestionan conjuntamente más de 30.000 millones de dólares por cuenta de más de 70 fondos de pensiones y otros ahorradores institucionales o particulares que, a su vez, son responsables de la gestión de más de 3 billones de dólares invertidos en activos en todo el mundo. Los demandantes dicen estar “fuertemente comprometidos a continuar invirtiendo en España, siempre y cuando, se les devuelva la confianza en el respeto a sus inversiones”.

Protección ante los cambios de los marcos jurídicos
El Estado Español ha sido demandado al entender que ha violado el Tratado sobre la Carta de la Energía. Jurídicamente la reclamación está en manos del despacho de abogados Allen & Overy LLP. Stephen Jagusch, socio director de la práctica de arbitraje internacional, ha explicado     que “a medida que los países buscan depender más de las energías renovables, es fundamental que los estados aseguren la certidumbre y la estabilidad a largo plazo de sus sistemas de incentivos a la inversión. Sin dicha estabilidad, los estados no serían capaces de atraer los cientos de miles de millones de euros necesarios de inversión. El tratado sobre la Carta de la Energía se aprobó para proteger a los inversores de cambios ilegales de los marcos jurídicos aplicables a las inversiones. La decisión de España de cambiar de forma injusta el marco jurídico aplicable a las instalaciones solares fotovoltaicas constituye una violación del Tratado sobre la Carta de la Energía que da derecho a nuestros clientes a ser restituidos o indemnizados”. En su opinión no hay duda de que “ahora que España se ha beneficiado de las inversiones de nuestros clientes, ha decidido desactivar el sistema de tarifa regulada. En resumen, España indujo a nuestros clientes a invertir miles de millones de euros en el sector fotovoltaico, y una vez que obtuvo el beneficio de tales inversiones, incumplió su parte del trato”.

El gobierno no ha querido negociar
La demanda de arbitraje de los inversores se produce después de que los inversores ofrecieran el pasado mes de marzo al gobierno la posibilidad de negociar una solución amistosa a la controversia. El ejecutivo rehusó en una reunión mantenida en junio.  “Nuestros clientes querían evitar emprender acciones legales, pero el actual gobierno no les ha dejado otra opción. Ahora esperan que un nuevo gobierno que se forme tras las elecciones del próximo fin de semana restablezca su confianza en España”, ha explicado Stephen Jagusch.

La decisión de los inversores de iniciar un procedimiento de arbitraje internacional se suma a la condena a los cambios retroactivos que ha expresado la Comisión Europea, a través de las cartas redactadas por los Comisarios Europeos de Energía y Cambio Climático Günther Oettinger y Connie Hedegaard, respectivamente. En opinión de Stephen Jagusch “este es un caso muy relevante no sólo para España, sino para todos los inversores en el sector de la energía renovable en Europa en sentido amplio. La energía renovable se encuentra en el corazón de la política energética europea. Si la Unión Europea quiere alcanzar sus objetivos de energía renovable necesitará que se inviertan, aproximadamente, un billón de euros en los próximos 10 o 20 años. Para que este escenario de inversión sea posible, los Estados Miembros de la Unión Europea necesitan dotar de un marco legal y regulatorio estable a los inversores.

Más información:
www.junkers.es
www.bosch.com

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