Anpier mantuvo ayer una actividad febril, pues se reunió por la mañana, en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con el equipo de redactores de la norma que establecerá la tasa a las renovables (véase), y, más tarde, con el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara; con la vicepresidenta y portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Laia Ortiz; y con el secretario general de Ordenamiento del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán. Según Anpier, Morán ha reconocido que el Gobierno Zapatero no supo resolver en su “extensión y complejidad” el problema energético español y que los RD 1565/2010 y RDL 14/2010 fueron un error, "por lo que [los socialistas] no se opondrían a su derogación" (estas dos normas introdujeron unos ajustes retroactivos que se tradujeron en "una pérdida media de un 30%" para las instalaciones fotovoltaicas de miles de pequeños productores de energía).
Cayo Lara (IU) y Laia Ortiz (IC-Verds), representantes de dos grupos políticos que ya en su momento criticaran duramente aquellas dos medidas, volvieron ayer a manifestar su desacuerdo con esas "normas retroactivas que afectan al sector fotovoltaico" y se mostraron además explícitamente dispuestos "a reunir los apoyos necesarios para oponerse a la tramitación parlamentaria de una ley que contuviera tasas inconstitucionales que gravaran la generación de energía solar fotovoltaica" (el gobierno está estudiando una tasa al kilovatio generado que presumiblemente afectaría a todos los kilovatios, independientemente de si son limpios –solar, eólica– o sucios, como el nuclear, el de gas natural o el de carbón). También crítico con los vaivenes regulatorios de los últimos meses se ha mostrado UPyD, que reclamara el pasado cuatro de julio "seguridad jurídica" para el sector.
Así las cosas, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca ha declarado que, dada "la inexistencia actual de decisiones definitivas alcanzadas por el ejecutivo" –Martínez-Aroca se reunió ayer con los responsables de Ministerio de Industria, Energía y Turismo–, dado el reconocimiento por parte del Partido Socialista de que las modificaciones introducidas fueron un error y dado asimismo el rechazo a aquellas medidas explicitado por otras fuerzas políticas, "es urgente restablecer la legalidad, ya no sólo para 55.000 familias productoras de energía fotovoltaica, sino para el desarrollo de la energía renovable en España y para la credibilidad de nuestro país en el mundo”. En Anpier, asegura Martínez-Aroca, “tenemos ahora la seguridad de que, sumando voluntades, se pueden sentar las bases de un nuevo modelo energético sostenible, eficiente y transparente, que contribuya al desarrollo y al bienestar social”. El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, que se reunió con Anpier a principios de julio, ya señaló entonces que resultaba "esencial que España recuperara la confianza de los inversores con un marco legal que no contemple regulaciones retroactivas, como lo ha sido el RD 1565/2010 y el RDL 14/2010".
