La Generalitat de Cataluña ha presentado un paquete de alegaciones, elaborado conjuntamente con los municipios implicados en el Plan de Ordenación de Espacios Marítimos (POEM), a la propuesta de Real Decreto que regula la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar. El objetivo de estas alegaciones es, principalmente, incluir la participación del territorio en la toma de decisiones y aumentar la ponderación de los criterios no económicos en la subasta del régimen económico y de la capacidad de acceso a la red eléctrica para estos proyectos.
Así, las alegaciones proponen que la comisión técnica que recoja y evalúe los diferentes proyectos según los criterios de ponderación cuente como mínimo con un representante de las administraciones locales o de la comunidad autónoma donde se instale el proyecto. En este mismo sentido, se pide que se establezca de forma obligatoria un diálogo público-privado, en el que puedan participar administraciones locales y los sectores que puedan verse afectados por estas instalaciones, para acabar de definir las características del proyecto y mejorar su encaje territorial y social.
También se propone que los criterios no económicos tengan un peso de hasta el 50 % de la valoración, frente al 30 % que figura en la versión inicial del Real Decreto, y se pide que se tengan en cuenta aspectos vinculados con el diseño del proyecto (distancia de la costa, ratio de ocupación del espacio, compromiso con la divulgación y el conocimiento); con el impacto medioambiental (medidas para reducir el impacto ambiental y paisajístico del proyecto, seguimiento de la actividad durante la explotación); y con el impacto socioeconómico del proyecto (potencial para desarrollar la industria y la economía de la zona, impacto sobre el sector turístico y la economía local, efecto sobre el empleo y la cadena de valor industrial locales, compatibilidad con otros usos del espacio o la creación de instrumentos que faciliten que parte de los beneficios reviertan en el territorio).
Por otra parte, se proponen criterios de valoración en cuestiones relacionadas con el desmantelamiento de la instalación, con la contribución a la calidad y seguridad del suministro eléctrico de la zona o con la seguridad marítima, pidiendo la participación de empresas públicas en el capital social del promotor de los proyectos. La intención es conseguir que los proyectos que se desarrollen sean los más respetuosos y vinculados con el entorno desde todos los puntos de vista, y no únicamente aquél que genere la energía más barata. Las alegaciones también incluyen diferentes consideraciones, de carácter más técnico, destinadas a facilitar el aprovechamiento de estos espacios para usos científicos y de investigación, así como para hacer más coherentes las condiciones de aprovechamiento del espacio para los promotores.
