La factura del usuario medio ascenderá a 81,55 euros, frente a los 55,71 euros de hace un año. Casi 26 euros de diferencia. Lo dice la asociación de consumidores Facua, que analiza todos los meses la factura de la luz. Según el análisis correspondiente al mes de abril, el kilovatio hora (kWh) ha experimentado un incremento del 70,7%, pasando de los 9,98 céntimos -impuestos indirectos incluidos- de abril del año pasado a los 17,04 euros, media de los últimos 30 días (la asociación recuerda en todo caso que en abril de 2020 el kWh tuvo el precio más bajo en 16 años). Según Facua, el elevado precio del kWh este abril ha sido "consecuencia, fundamentalmente, de los máximos históricos que ha alcanzado el precio del CO2 en Europa, que sigue siendo determinante para la configuración de las tarifas en el mercado mayorista español".
Pese a la enorme subida, Facua aconseja a los usuarios "que no caigan en la trampa de contratar tarifas del mercado libre y mantengan o se den de alta en el semirregulado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor". Esta tarifa es ofertada por las denominadas comercializadoras de referencia. La asociación de consumidores realiza constantemente estudios sobre el particular que "año tras año -explican desde Facua- ponen de manifiesto que el PVPC es la tarifa más competitiva y sólo está por encima de algunas ofertas del mercado libre en meses puntuales".
Facua trabaja para elaborar sus análisis con el siguiente perfil de usuario medio: potencia contratada, 4,4 kilovatios; un consumo, 366 kilovatios hora mensuales. Las tarifas por el consumo se aplican prorrateadas a la media de todo el mes. La asociación ha elegido ese perfil "tras el análisis de varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas".
En el comunicado que ha difundido con los resultados de su análisis, Facua-Consumidores en Acción "lamenta" que el Gobierno no acelere el cumplimiento de los compromisos programáticos adoptados por PSOE y Unidas Podemos al inicio de la legislatura en materia de política energética. Entre ellas, destaca tres:
• la bajada del elevadísimo precio del término de potencia;
• la aplicación de un precio más bajo para los primeros kilovatios hora consumidos;
• y la eliminación de la sobrerretribución que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión.
La asociación también reclama "una bajada sustancial de los impuestos indirectos que se aplican a la factura eléctrica de las familias, que superan el 27%, al sumarse el IVA general del 21% con el impuesto especial sobre la electricidad" y, así mismo, espera "una reforma del bono social para que muchos más consumidores puedan acceder a él y aumente el descuento que representa sobre la tarifa semirregulada PVPC".
