"Nosotros damos la bienvenida a la divulgación de estos documentos y a su principal conclusión, a saber, que su contenido no justifica una penalización del ILUC ", afirma Robert Vierhout, secretario general de eBIO (European Bioethanol Fuel Association), también firmante de uno de los 76 informes que han elaborado organismos respaldados por 21 países (entre ellos España a través del IDAE, Reino Unido, Malasia, Argentina, Paraguay y Rumania), ONG, compañías petroleras, cooperativas y asociaciones agrarias y productores de biocarburantes.
Reino Unido contra España
El ILUC se refiere a las tierras que se utilizan para producir materias primas destinadas a fabricar biocarburantes y que ya se cultivaban para otros fines. La segunda parte es que estos fines se consiguen posteriormente a costa de hábitats naturales y/o tierras ricas en carbono, de ahí el impacto indirecto. En eBIO consideran que las mediciones que determinan el ILUC se deberían basar en indiscutibles evidencias científicas, ya que actualmente “existe un desacuerdo generalizado entre científicos y economistas sobre las hipótesis y parámetros utilizados”. La asociación insta a la Unión Europea a rechazar el concepto de ILUC hasta que se alcance un consenso científico fiable.
En el documento que la Comisión Europea sometió a consulta se establecen hasta ocho opciones (muchas complementarias) relacionadas con el ILUC, entre las que destacan la definida como C, que propone no hacer nada al respecto, y la G, que recomienda incluir esta medida en el cálculo de los GEF para determinar la sostenibilidad de los biocarburantes. España, de la mano del IDAE, es categórica: apoya la C y rechaza la G, y en esta línea están Argentina, Malasia y Brasil; pero no socios europeos como Francia, Holanda (con matices) y el Reino Unido. Este último considera que la opción G sería la forma más efectiva para diferenciar un buen biocarburante de uno malo.
Extraños compañeros de cama
Desde hace años se sabe que dos sectores antagónicos en el desarrollo de la política energética mundial, como son los grupos ecologistas y las compañías petroleras, comparten criterios parecidos contra los biocarburantes. Y en los documentos enviados a la Comisión se confirma en lo básico, que no en las consideraciones. Exxon se basa en estudios e informes ya conocidos para justificar su apuesta por la opción G y añadir que “es vital si se quiere alcanzar una efectiva reducción de GEF”. Shell también se decanta por la G, pero reconoce que no existen todas las metodologías económicas y científicas que permiten culpar a los biocarburantes del ILUC.
BirdLife International, el European Environmental Bureau, Friends of the Earth, Wetlands International, Action Air y Oxfam International no dudan en tildar de “esencial que los GEF derivados del ILUC se incluyan en la directiva, para que realmente tengan el marchamo de sostenibles”. Lo mismo opina la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: “los ILUC se deben tener en cuenta tanto en la normativa de la Unión Europea como en las políticas públicas de subsidios”.
Más información:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/
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