El documento Los ciudadanos cuentan. Hacia la electrificiación sostenible universal se enmarca en la propuesta que Greenpeace lanzó el pasado mes de junio: Darle la vuelta al sistema, iniciativa que plantea "más de un centenar de medidas-palanca con un elevado nivel de concreción que abordan los ámbitos de la energía, el transporte, las infraestructuras, la alimentación, las comunidades rurales, la conservación y recuperación de ecosistemas, la calidad democrática, la paz y la gobernanza". Grosso modo, lo que propone la organización ecologista (en lo que se refiere específicamente a la energía) es convertir la electricidad limpia en "el elemento central de la transición a un sistema energético 100% renovable, eficiente, inteligente, justo, inclusivo y que esté abierto a la participación ciudadana. Según Greenpeace, una transición energética asentada sobre esos fundamentos "es uno de los importantes factores transformadores en el contexto de la reconstrucción económica de España para superar las diferentes crisis del coronavirus".
El documento hoy publicado
(1) recuerda que ya no hay impuesto al Sol que valga, pero sí algunas barreras que aún entorpecen en una cierta medida el despliegue masivo del autoconsumo, como "un absurdo límite de 500 metros de distancia para poder compartir autoconsumo", que imposibilita que una localidad pueda aglutinar a parte o a toda su población en una red de autoconsumo;
(2) define las comunidades energéticas locales, entre las que distingue, por una parte, las Comunidades de Energía Renovable (CER) y, por otra, las Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE) y, acto seguido, se plantea "¿qué sería necesario para que las comunidades energéticas locales tengan éxito?". La organización ecologista hace aquí una serie de propuestas concretas en ese sentido. Para empezar, que se eliminen "barreras y límites innecesarios o discriminatorios, y, sobre todo, que se establezca un objetivo nacional vinculante y revisable a la alza de energía renovable comunitaria;
(3) asegura que "no hay ninguna comercializadora en España que venda energía 100% renovable". Según Greenpeace, "el motivo es que las comercializadoras grandes o pequeñas compran la electricidad en el mercado organizado (en el que se vende y compra indistintamente electricidad de productores renovables y no renovables) y, por separado, adquieren las garantías de origen -que es legal- para etiquetar y vender su electricidad". Por lo tanto -continúa Greenpeace-, cambiar de comercializadora para contratar la electricidad verde "no conseguirá que haya más energía renovable". La propuesta que hace la oenegé ecologista es esta: que las comercializadoras se denominen "de electricidad limpia" si garantizan (I) el destino de los pagos, (II) que el origen de la electricidad que ofertan se compone íntegra y exclusivamente de electricidad de fuentes renovables; (III) que la nueva electricidad que vendan se genera en nuevas centrales renovables; y (4) que la electricidad que se inyecta en la red lo hace al mismo tiempo que se consume y en la misma cantidad";
(4) propone la activación de la demanda y su desplazamiento a los momentos en los que la producción de energías renovables es superior: esto se llama “gestión de la demanda” y es fundamental -explican desde Greenpeace- para cambiar y mejorar el sistema eléctrico. Greenpeace pone un ejemplo:
«tan importante es la cantidad de electricidad que consumimos, como cuándo la consumimos. Para comprender el alcance de este planteamiento si todas las lavadoras de España, aproximadamente 18 millones, funcionaran a la misma hora, estarían utilizando aproximadamente 45.000 MW durante los 40 minutos que dura el calentamiento del agua, mayor que la demanda máxima horaria del año 2019. Por lo tanto el momento de consumo es crucial para el sistema»
«Se calcula (CE Delft) que en 2050 cerca de 161 millones de hogares podrían aportar servicios de flexibilidad a nivel europeo tan solo gracias a la capacidad de almacenamiento energético en las baterías de sus vehículos eléctricos, los depósitos de sus calderas de agua caliente (inteligentes) o en baterías estacionarias. El potencial de almacenamiento distribuido asciende a más de 10.000 gigavatios hora. Gran parte de estos hogares, además, podrían producir su propia electricidad renovable»
«Para hacerlo posible hay que sumar, unir, juntar, etc, la demanda y actuar de manera conjunta, es por tanto necesario que se desarrolle claramente la figura del agregador de la demanda y, en concreto, la del agregador independiente con el objetivo de promover la participación ciudadana en todos los mercados energéticos. El Gobierno debe transponer las definiciones de agregador y agregador independiente a la legislación nacional en función de la que marca la Directiva de Mercado Interior de Electricidad»
(5) plantea que la gestión de las redes de distribución, "y respetando el principio de red única" (las redes de distribución son propiedad de las distribuidoras) sea asignada periódicamente por concurso sobre unas bases que no discriminen las iniciativas ciudadanas como, por ejemplo, una comunidad energética local24, una cooperativa eléctrica o una empresa municipal. Además, Greenpeace propone "regular" la obligación de los operadores de las redes de distribución (con índices objetivos tal y como se hace con la calidad de suministro) "para que actúen en favor del interés general fomentando el acceso en paridad de condiciones a las redes para el desarrollo del autoconsumo, de energías renovables distribuidas, de comunidades energéticas locales, actuaciones de ahorro y eficiencia energética, electrificación inteligente y gestión de la demanda tanto de forma individual como colectiva"; y
(6) exige que la ciudadanía tenga acceso a sus datos energéticos lo más cerca posible del tiempo real (energía y potencia demandadas) y que la gestión de los datos sea neutral e independiente. Según Greenpeace, acceder a esa información es "esencial para las personas consumidoras a la hora de ajustar sus facturas y para el sistema a la hora de dimensionar las redes: la potencia realmente demandada". En ese sentido, la organización ecologista recuerda que "el acceso neutral a los datos energéticos es esencial para el empoderamiento ciudadano en la transición y así lo reconoce la Directiva europea de mercado interior de la Electricidad que en su Artículo 20 establece que cada persona deberá tener acceso a sus datos casi en tiempo real y sin costes adicionales".
Los ciudadanos cuentan. Hacia la electrificación sostenible universal (Resumen)
