La primera convocatoria de ayudas para proyectos piloto de comunidades energéticas (programa CE IMPLEMENTA), dirigida a proyectos de pequeño tamaño cuya inversión no supere el millón de euros, se ha resuelto con un total de 45 proyectos beneficiarios, que contemplan más de 230 actuaciones en 14 comunidades autónomas y movilizarán una inversión de 14,7 millones de euros. Se trata de la primera convocatoria de ayudas a nivel estatal específica para comunidades energéticas, puesta en marcha para impulsar la innovación social y la participación ciudadana en renovables, eficiencia energética o movilidad eléctrica.
La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha presentado los resultados en un acto organizado conjuntamente con la Diputación de Barcelona en Can Serra, sede de la institucion provincial. Allí, ha puesto en valor el carácter participativo e integrador de las comunidades energéticas. Como muestra, los 45 proyectos beneficiarios involucran a más de 2.600 actores y el 85% tiene exclusivamente como socios a personas físicas, pymes o entidades locales, lo que, según Aagesen, "nos da una idea de la enorme capacidad de las comunidades energéticas para movilizar a la ciudadanía y convertirla en un actor protagonista de la transición energética". Asimismo, el 16% de los proyectos busca abordar la pobreza energética a través de la inclusión de consumidores vulnerables entre sus socios y casi la mitad (42%) presenta planes de igualdad de género como parte de su gobernanza, con el fin de lograr una representación equilibrada entre mujeres y hombres.
Proyectos por CCAA
En cuanto a la distribución territorial de los proyectos, destaca la capilaridad territorial de la convocatoria, ya que se contabilizan actuaciones en catorce comunidades autónomas. La mayor parte se sitúa en Cataluña (22%), seguida del País Vasco (18%), Andalucía (9%), Aragón (7%), la comunidad foral de Navarra (7%), Castilla la Mancha (7%) y Castilla y León (7%).
En el acto también ha participado Joan Groizard, director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), donde ha destacado que "más de la mitad de los proyectos seleccionados se desarrolla total o parcialmente en municipios de reto demográfico, lo que contribuye a alcanzar los objetivos de cohesión territorial y lucha contra la despoblacion que sustentan la política energética de España". La mayoría de los proyectos tienen un fuerte arraigo con el territorio, ya que el 87% de los casos tiene a sus socios en un radio máximo de 25 km de la comunidad energética. De esta forma, los beneficios medioambientales, económicos y sociales que aportan revertirán de manera directa en el entorno.
