Si yo fuera una eléctrica, estaría muy preocupada, porque sabría que me toca. A los consumidores también nos toca, pero creo que no nos van a hacer tanta pupa como a ellas.
Los consumidores tendremos suerte si solamente nos sube la luz un 40% en dos años, que es lo que debería ocurrir si se quiere eliminar el déficit de tarifa en el plazo que marca la Ley. Aunque la cifra asuste, ese 40%, en realidad, no sería gran cosa: según la consultora PwC, el gasto total de un hogar aumentaría un 0,5% y, en el caso de una empresa, el equivalente al 0,7% de los costes de personal.
Y digo que tendremos suerte si sólo nos sube la luz un 40%, porque, aunque a las eléctricas les eliminen más prebendas de las previstas, el precio del 90% del gas que importa España –venga de donde venga–, está ligado a la cotización del petróleo, en virtud de contratos secretos con validez de 20 ó 25 años. La correlación entre el precio de nuestro gas y el precio del petróleo ha sido del 91% en la última década, de modo que si el petróleo sube, nuestro gas sube; y si nuestro gas sube, sube nuestra luz.
Y claro, nadie afirma que vaya a bajar el petróleo. Todo lo contrario. La inestabilidad global –Irán amenaza con cerrar Ormuz– y la falta de inversión en la industria extractora y transformadora –en parte por la crisis y en parte provocada, para garantizar un cuello de botella en el suministro– apuntan a escenarios de precios altos, con el barril a 150 dólares “a corto plazo” según el último World Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía. Ahora el barril ronda los 110 dólares.
En resumidas cuentas, olvidándonos del precio al que pueden llegar los carburantes, seremos afortunados si la luz sólo sube un 40%. La cifra, con independencia de su impacto real, más que asustar a cualquier político, le sobrecoge, porque el habitual tabú que rodea a la subida del recibo se ha agigantado en los últimos tiempos.
Por consiguiente, las eléctricas también se están preparando para el susto. Para su susto, entiéndase. Sus cotizaciones, y los analistas que las manejan, ya lo vienen descontando. Tras haber recibido dos ricas zanahorias, mantener abierta la nuclear de Garoña y frenar las renovables, llega el momento del palo, un palo obligatorio para endulzar una gragea política muy indigesta.
El Gobierno va a recortar los costes reconocidos –que no los reales– de las fuentes sucias y peligrosas; los números los ha hecho mucha gente y las partidas donde se debe aplicar la cirugía están muy claras. Quizá la expeditiva actuación contra las renovables sea un aviso de que se van a eliminar más prebendas de las previstas. Quizá el susto general, para consumidores, políticos y eléctricas, venga después del 25 de marzo, fecha de las elecciones en Andalucía y en Asturias, donde, por cierto, hay mucho carbón.
