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APPA pide leyes estables para la termoeléctrica que eviten una burbuja como la fotovoltaica

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“No sería bueno que hubieran movimientos de especulación como ha sucedido con la fotovoltaica”. Con esta rotundidad se ha expresado, en conversación con Energías Renovables, el Presidente de la Sección Termoeléctrica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Carlos Muñoz. Y para evitarlo, afirma, es necesaria una legislación estable.

El objetivo de potencia solar termoeléctrica fijado por el gobierno es de 500MW para 2010. Una cantidad muy inferior a las expectativas creadas por esta tecnología. Red Eléctrica Española (REE) ha informado que a finales de 2008 la potencia solicitada para plantas solares termoeléctricas en las redes de transporte y distribución suma 14.081 MW (11.129MW en transporte y 2.952MW en distribución). De hecho, asegura APPA, “REE está creando infraestructuras para que en 2016-2020 sea posible un escenario en el que la termosolar aportaría 9.500MW”.

Sobre la solar termoeléctrica penden dos espadas de Damocles, afirma Carlos Muñoz. “La primera es el objetivo de 500MW con una tarifa establecida y la segunda es un artículo del Real Decreto 661 que determina que cuando se llegue al 85% de esa potencia, cuanto estén en producción 425MW, solo podrán acogerse a esas condiciones los proyectos cuyo período de construcción sea de en torno a los doce meses. Es lo que pasó con la fotovoltaica, y todo el mundo a correr”.

APPA considera que el actual marco retributivo tiene que mantenerse hasta, al menos, el 31 de diciembre de de 2011 y que a partir de esa fecha la modificación prevista en el Real Decreto debe ser la menor posible hasta el año 2016. El motivo son los plazos, el tiempo que tarda en construirse una central termoeléctrica. La Comisión Nacional de la Energía estima que el tiempo medio es de unos dos años. Por ello, explica APPA, todos aquellos proyectos que no empiecen antes de junio de 2009 no saben cuál será su tarifa y tendrán dificultades para que los bancos los financien.

Registro Central Único
APPA solicita del Ministerio de Industria una regulación específica que determine el escenario futuro de la solar termoeléctrica. Entre las demandas, la existencia de control administrativo a través de un Registro Central Único, algo parecido al Prerregistro de Asignación de Retribución que ahora mismo tiene la fotovoltaica. Una ventanilla única estatal en la que los promotores deberían documentar la memoria técnica del proyecto, la concesión de acceso, la autorización administrativa de la instalación, documentación acreditativa suficiente de los terrenos y agua, y licencia de obras.

La propuesta de APPA al Ministerio de Industria incluye que se establezca un tiempo máximo entre la inscripción en el Registro Central Único y el inicio de la ejecución del proyecto, y el período máximo para la ejecución de cada instalación. Y pide que un comité técnico de la Administración, compuesto por ejemplo por el IDAE y el CIEMAT, fije esos períodos. APPA estima que podrían ser tres meses entre la preadjudicación y el inicio de la ejecución, 24 meses para la construcción de centrales sin almacenamiento y 30 meses en el caso de las que tengan almacenamiento. “Si en esos tiempos no se ha realizado el proyecto” -afirma Carlos Muñoz-  “se debería ejecutar el aval”.

Entre 700 y 800MW,  en 2011
Aunque las peticiones llegadas hasta REE superan los 14.000MW, APPA no cree que a final de 2011 se hayan instalado más de 700 u 800MW. Muchas plantas no se construirán por falta de licencias, financiación o de empresas que ejecuten físicamente loas proyectos. Otro problema es el agua, una cuestión que APPA quiere negociar con el Ministerio de Medio Ambiente.

Una instalación solar termoeléctrica ocupa unas 200 hectáreas. Y el problema no solo es el espacio, sino que tiene que disponer de agua, necesita entre 3 y 4 metros cúbicos por MW producido. Así una instalación de 50MW sin almacenamiento térmico estaría en un rango de uso de entre 400.000 y 500.000 metros cúbicos al año, la misma planta con almacenamiento necesitaría entre 700.000 y 800.000 metros cúbicos al año.

Estos consumos, aunque son menos de la mitad de un cultivo agrícola tradicional como el maíz, no es fácil garantizarlos. En Andalucía, por ejemplo, se aplica el 20 +20. Al cambiar el uso del terreno agrícola se restringe el uso del agua mediante un coeficiente reductor primero del 20% y posteriormente de otro 20%.

Más información:
www.appa.es

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