"Telefónica es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos", decía hace un par de días el Ministerio de Hacienda en la nota de prensa en la que informaba de la compra de acciones de esa compañía por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. "La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla -añadía la nota- actividades relevantes para la economía y el tejido productivo". Telefónica -destacaba Hacienda- cuenta con "un amplio despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones que garantizan la conectividad y servicios digitales a ciudadanos y empresas españolas". El discurso, como se ve, es perfectamente extrapolable al sector energético. Porque también Iberdrola, como así mismo Endesa, cuenta con "un amplio despliegue de infraestructuras" (en este caso eléctricas) que garantizan la conectividad y servicios esenciales (energéticos en este caso) a ciudadanos y empresas españolas.
Pero hay más semejanzas
La nota de Hacienda concluía con otra justificación: "la entrada en el capital de la compañía va en línea con los países de nuestro entorno. Alemania ostenta un 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia dispone de un 13,4% en Orange; e Italia ha adoptado en agosto de 2023 un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia". Nótese la "diversidad gubernamental": mientras que en Alemania gobierna hoy la socialdemocracia; en Francia lo hacen los conservadores de Macron y en Italia, la extrema derecha de Meloni.
Gobierne quien gobierne, lo cierto es que la apuesta de los Ejecutivos europeos por tener presencia en un sector estratégico como es el energético parece irrefutable. Las mismas Alemania, Francia o Italia cuentan con participaciones diversas en compañías eléctricas, participaciones además que están creciendo en los últimos años (véase el caso Uniper en Alemania o el caso EDF en Francia).
Es más, algunos de esos estados europeos (y otros de otras latitudes) están entrando incluso en el accionariado de compañías eléctricas de otros países. El mayor accionista de Iberdrola por ejemplo es, como se dijo, el estado de Catar, a través de Qatar Investment Authority, mientras que el accionista principal de la antaño estatal española Endesa es hoy Italia, a través de su Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Suecia (Vattenfall), Finlandia (Fortum), Dinamarca (Ørsted), Noruega (Equinor, Statkraft), Francia (EDF), Italia (Enel)...
Y Abu Dabi (Masdar, Adnoc), Catar (Qatar Energy, Iberdrola), Argelia (Sonatrach, Naturgy), Arabia Saudi (Acwa Power), China (China Three Gorges Corporation, Energias de Portugal, EDP)...
Todos esos países son propietarios de compañías eléctricas y/o energéticas. Accionistas y/o propietarios de todas esas compañías eléctricas y/o energéticas que hemos puesto entre paréntesis y que son total o parcialmente estatales.
Por ejemplo, Vattenfall, la mayor eléctrica sueca, es una compañía que pertenece al 100% al estado de Suecia. El estado de Dinamarca controla el 50,1% de la multienergética danesa Ørsted. El gobierno de Noruega controla el 67% de Equinor. El Ministerio de Economía y Finanzas de Italia controla el 23,6% de Enel. El estado francés controla el 100% de EDF. El estado finlandés controla más del 51% de Fortum. El gobierno de Quebec controla el 100% de Hydro-Québec, que es el mayor generador, distribuidor y transportista de electricidad de todo Canadá... y etcétera, etcétera, etcétera...
Pero es que, además, los "brazos energéticos" de esos estados compran y/o controlan compañías energéticas y/o eléctricas originarias de otros países.
El banco central noruego (Norges Bank) es accionista por ejemplo de la "española" Iberdrola y también de la "portuguesa" EDP (el fondo soberano catarí también está presente en EDP, por cierto). El estado italiano no solo es el principal accionista de "su" eléctrica emblemática (Enel), sino que también está presente en España (Enel es, como dijimos, propietaria de Endesa). La empresa estatal argelina Sonatrach es accionista de Naturgy.
Y más aún. Statkraft AS, compañía matriz de múltiples filiales, y propiedad al cien por cien de Statkraft SF, que pertenece al Ministerio de Comercio, Industria y Pesca de Noruega, acaba de comprar la ingeniería española Elecnor. El estado de Abu Dabi es propietario de la antaño española Cepsa.
Equinor, compañía estatal noruega que, aparte de promover parques eólicos marinos, produce dos millones de barriles de petróleo al día y es responsable del 70% de toda la producción noruega de petróleo y gas, está trabajando con Naturgy en el desarrollo de parques eólicos marinos en Canarias.
Repsol y la compañía estatal danesa Ørsted anunciaron el año pasado una alianza para buscar oportunidades eólicas marinas flotantes en España. La misma estatal danesa anunció otra alianza con Acciona, el pasado mes de abril, para desarrollar "soluciones constructivas" eólicas marinas.
O sea, que las compañías estatales de otros países no solo intervienen, en lo doméstico, su sector energético, porque lo consideran estratégico, sino que aprovechan las oportunidades que les brindan otros mercados para desembarcar en esos otros territorios. Todo lo cual resulta en paradojas, por ejemplo, como que los estados de China, Argelia, Catar e Italia son más propietarios de las redes de distribución de electricidad de España que el mismísimo estado español, tal y como contábamos en esta pieza del pasado mes de agosto, que se ha convertido en una de las más leídas de toda la historia de Energías Renovables.
La excepcionalidad ibérica (los gobiernos de PSOE y PP han privatizado en lo eléctrico hasta la extenuación), la singularidad de España (en el marco de la Unión Europea, donde los gobiernos sí que parecen tener muy claro que el estado debe estar presente en este sector) queda también retratada en un informe que publicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economicos (OCDE) en 2016: State-Owned Enterprises and the Low-Carbon Transition, sobre las empresas estatales y la transición hacia la generación baja en carbono.
El informe exploraba el papel que estaban desempeñando y desempeñan las empresas estatales de los países del G20 en la transición energética. Para empezar apuntalaba la idea de que en el corazón de esa transición estaban y están las compañías eléctricas: "the electricity sector is at the heart of the low-carbon transition".
Y, a continuación, destacaba un dato muy concreto: "las empresas estatales todavía controlan -decía en la página 14- el 62% de la potencia de generación de electricidad total instalada o en construcción actualmente (...), a pesar de la ola de privatizaciones de las últimas décadas". España por ejemplo (concretamente los gobiernos de PSOE y PP) privatizó totalmente Endesa en la última década de los 90.
En fin: el 62% del total, en manos de los estados, en las naciones del G20, en el año 2016, según la OCDE.
¿En España? Cero.
Y las resistencias a que el estado se haga con el 100% de una eléctrica (como ha hecho Francia con EDF), el 67% (Equinor, Suecia), el 50,1% (Ørsted, Dinamarca), el 23,6% (Enel, Italia) o el 10% (si extrapoláramos el caso Telefónica) son... formidables.
El Partido Popular respondía hace un par de días, por voz de su vicesecretario de Economía, Juan Bravo Baena, que "la compra del 10% de Telefónica es un paso más en su política [la del Gobierno] de ocupación e intervención del sector público y privado. El populismo se contagia", concluía Bravo.
Nota
La privatización de Endesa (Empresa Nacional de Electricidad SA) concluyó en junio de 1998, cuando el precio del megavatio hora giraba en el mercado mayorista en torno a los 35 euros. Cuatro años después (una legislatura), ese precio ya había subido más de un 10%; y cuatro más tarde, el megavatio hora ya cotizaba en el mercado mayorista por encima de los 62 euros (véase página 26). El año pasado el precio medio del megavatio hora en el mercado mayorista fue de 167,53 euros. La electricidad, todo un negocio, en España, en manos privadas.
