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Presentadas en el Congreso 685.000 firmas que piden la salida de España del Tratado sobre la Carta de la Energía

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Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y sindicatos de más de 18 países de la Unión Europea (entre los que se encuentran Attac España, Amigos de la Tierra o Ecologistas en Acción) ha entregado las firmas de la petición a sus representantes políticos en toda Europa. Lo han hecho coincidiendo con la celebración del Foro Económico Mundial en Davos, justo un año después del inicio de la iniciativa. En el Estado español, la entrega de las firmas, que se enmarca en la campaña «No a los Tratados de Comercio e Inversión», se ha llevado a cabo en el Congreso de los Diputados.
Presentadas en el Congreso 685.000 firmas que piden la salida de España del Tratado sobre la Carta de la Energía

La campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión ha entregado hoy en el Congreso de los Diputados (foto) 685.000 firmas recogidas durante todo el año 2019 por la iniciativa europea «Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales. Stop ISDS». La coalición continental de oenegés, movimientos sociales y sindicatos impulsora de esta iniciativa pide "la eliminación de todos los tratados de comercio e inversiones que contengan el mecanismo Solución de Controversias entre Inversores y Estados (Investor State Dispute Settlement, ISDS). Según Ecologistas en Acción, que es una de las organizaciones impulsoras de esta campaña, "este sistema de tribunales privados pone trabas a la transición ecológica justa y es usado por las multinacionales para intimidar a los gobiernos". Por ello, la campaña exige, entre otras, la salida del Tratado sobre la Carta de la Energía, por el que España (el segundo país del mundo con más demandas recibidas bajo este sistema de tribunales privados) ha recibido 47 demandas. Como alternativa, los impulsores de esta iniciativa europea exigen "un tratado internacional vinculante que permita juzgar a las empresas transnacionales por la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde operen".

En el Estado español, la entrega de las firmas se ha llevado a cabo en el Congreso de los Diputados. Con ese acto, las organizaciones promotoras de esta campaña -informa Ecologistas- pretenden pedir "a los grupos parlamentarios y al autodenominado gobierno progresista que escuche las demandas de las miles de personas que exigen el fin de los privilegios para las multinacionales y su sistema de justicia paralela ISDS". Los firmantes también exigen l"a creación de una normativa para controlar que las empresas españolas no vulneren los derechos humanos y destruyan el medio ambiente".

Ecologistas en Acción explica el mecanismo Solución de Controversias entre Inversores y Estados
«El ISDS es un mecanismo que otorga el derecho a las empresas multinacionales a demandar a los gobiernos ante tribunales de arbitraje por llevar a cabo legislación que pueda afectar a sus beneficios económicos, socavando con ello la soberanía de los Estados. Esta herramienta se encuentra en la mayoría de los tratados de comercio y de inversión, como en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) o el Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la UE y Vietnam, aprobado anteyer por la comisión de comercio del Parlamento Europeo. El Estado español es el primer país de la Unión Europea, y el segundo a nivel mundial, que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje (ISDS), un total de 51, de las cuales 47 se han llevado a cabo en virtud del Tratado sobre la Carta de Energía».

La organización ecologista española matiza: aunque en el caso español la mayoría de esas demandas se han producido en el contexto del recorte a las renovables, ya existen casos que muestran cómo este tratado puede ser utilizado contra Estados que adopten necesarias y urgentes medidas de transición ecológica. "Sirva como ejemplo -apuntan desde Ecologistas- las demandas anunciadas recientemente por las compañías Uniper/Fortum y TWE contra Holanda por aprobar una ley que prohíbe la quema de carbón en la la producción de electricidad".

Las organizaciones promotoras de la campaña han señalado que estas demandas, presentes y futuras, se traducirán en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores, en vez de dedicarse a medidas sociales de transición justa. "Por ello, la emergencia climática -sostiene Ecologistas- hace necesaria más que nunca la salida de España del TCE, y la terminación de cualquier tratado que contenga dicho mecanismo".

La alternativa que proponen los impulsores de esta campaña
En lugar de los ISDS, los colectivos que están promoviendo esta campaña exigen "un tratado internacional vinculante sobre derechos humanos y empresas, acompañado de legislación a nivel europeo y estatal, que permita juzgar a las empresas transnacionales por la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde operen". Según los datos que manejan estas asociaciones, en 2018, 321 personas que defendían los derechos humanos y ambientales fueron asesinadas por oponerse a abusos corporativos: "a día de hoy, sin embargo, las personas afectadas por las violaciones de los derechos humanos cometidas por las transnacionales no logran acceder a la justicia".

Desde el año 2014 -recuerdan los firmantes- se está negociando un tratado vinculante de las Naciones Unidas. Sin embargo -denuncian desde la portavocía de la campaña-, “los lobbies empresariales y algunos países e instituciones, la UE entre ellas, llevan todo este tiempo obstaculizando la adopción de un tratado fuerte que se traduzca en medidas reales y efectivas para parar los pies a la impunidad corporativa”.

Una ventana de esperanza
A escala nacional -apuntan los impulsores de esta iniciativa-, "Francia lleva la delantera, con la adopción en 2017 de una ley sobre el deber de vigilancia de las empresas". La ley ha sido recientemente utilizada contra la multinacional francesa Total por no incluir en su plan de vigilancia el compromiso de reducir las emisiones de efecto invernadero y por no respetar los derechos humanos y el medio ambiente en Uganda. "Si bien esta ley supone un enorme paso adelante, todavía queda mucho trabajo por hacer -alertan desde la campaña- para garantizar su aplicación efectiva".

Durante la entrega de firmas que tuvo lugar ayer en el Congreso de los Diputados, Ecologistas en Acción ha recalcado que "el nuevo Gobierno español debe priorizar la protección de los derechos humanos y del medio ambiente allí donde operen sus multinacionales". Para ello, le ha pedido que se implique "de forma constructiva y proactiva en el proceso de elaboración de un Tratado Vinculante de la ONU" y que promueva "de manera inmediata" la elaboración de una ley a nivel estatal a semejanza de la francesa.

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