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Siete centrales de carbón dejarán de operar hoy en España, al finalizar el período de vigencia del Plan Nacional Transitorio (PNT), un "plan-mecanismo de excepción" que utilizó el Gobierno Rajoy para permitir que las centrales de carbón pudiesen emitir hasta 15 veces más de lo que establecía como máximo la Directiva europea de Emisiones Industriales de 2010. El informe Last Gasp, publicado en 2018, estima que esas centrales fueron responsables de 349 muertes prematuras en 2016.
El final de la era del carbón

La Directiva europea de Emisiones Industriales (DEI) de 2010 establece una serie de valores límite de emisión (para partículas, PM; óxidos de nitrógeno, NOx; y dióxido de azufre, SO2) a los que deben atender las centrales térmicas que utilicen combustibles sólidos como el carbón. Entre ellos, la DEI de 2010 establece los siguientes: límite de 200 mg/Nm3 para el dióxido de azufre; límite de 200 mg/Nm3 para los óxidos de nitrógeno; y límite de 20 mg/Nm3 para las partículas. La Directiva establece no obstante excepciones a esos límites, excepciones que permiten a las centrales emitir más. El Gobierno Rajoy se acogió a esa cláusula, redactó y aprobó un plan (Plan Nacional Transitorio, PNT) en 2016 y elevó ese trío de umbrales (200/200/20) hasta el paroxismo (1.750/3.000/280, por ejemplo en el caso de Velilla, la central térmica de Iberdrola en Palencia). El PNT entró en vigor el 1 de enero de 2016 y concluye hoy.

El regulador elevaba ese umbral de emisión para, presuntamente, darle tiempo a la empresa a acometer las reformas necesarias en su central para que esas emisiones se ajustaran a los valores límite establecidos en la Directiva europea de Emisiones Industriales (DEI) de 2010. El caso es que han pasado diez años desde que la Unión firmara la DEI de 2010 (cuatro años desde que entrara en vigor el Plan Nacional Transitorio), y las siete centrales que hoy cierran han podido emitir hasta 15 veces más de lo que establecía la norma general y no han acometido las reformas que les hubiesen permitido continuar operando tras esta fecha límite. Según el informe Last Gasp, publicado por la alianza continental Europe Beyond Coal en 2018, las siete centrales susodichas (sus emisiones contaminantes) fueron responsables de 349 muertes prematuras en 2016. [Bajo estas líneas, tabla que compara los límites de las Directivas 2001 y 2010 con las autorizaciones ambientales integradas -excepciones- emanadas en el marco de la DEI].

Según la plataforma Un Futuro Sin Carbón, integrada por las principales organizaciones ambientales de España y miembro de la alianza europea Europe Beyond Coal, el cierre hoy de las 7 centrales ha sido propiciado por lo que denomina "una mezcla de factores". A saber: las políticas medioambientales, la situación del mercado energético (con un precio del CO2 más alto y un precio del gas más bajo, entre otros factores); las propias decisiones empresariales; y el reclamo social de lucha contra el cambio climático, que habría presionado (la opinión pública) sobre los demás actores y que habría sido movilizada a su vez por las oenegés, que llevan ya mucho tiempo alertando de que el carbón no tiene cabida en la transición energética y advirtiendo de que hay que apostar por las fuentes renovables -que ya son plenamente rentables – como solución para un medio ambiente limpio, un medio ambiente seguramente lejos del propiciado por las autorizaciones ambientales integradas impulsadas por el Ejecutivo Rajoy, autorizaciones que han permitido emisiones que quintuplican, sextuplican y hasta multiplican por 15 (véase tabla aneja) las emisiones límite tipo fijadas por la UE en su Directiva de 2010.

Las siete
Laas siete plantas que dejan de operar son Compostilla II (León) y Andorra (Teruel), ambas propiedad de Endesa; y Velilla (Palencia), de Iberdrola; Narcea (Asturias), La Robla (León) y Meirama (A Coruña), de Naturgy; y Puente Nuevo (Córdoba) de Viesgo. Aunque Iberdrola también solicitó el cierre de la central de Lada (Asturias) y también dejará de estar operativa a partir del 30 de junio, podrá seguir disponible hasta contar con la autorización de cierre del Gobierno, dado que cuenta -matizan desde la Plataforma- con las técnicas necesarias para poder operar cumpliendo con los límites de emisión de la normativa europea. En los últimos meses, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha ido autorizando en diferentes etapas el cierre de estas ocho centrales (Lada incluida), aunque de momento solamente una (Compostilla II) de las que dejan de verter energía a la red hoy tiene la autorización formal del Gobierno.

Todas las centrales que cierran suman una capacidad de 5.160 megavatios. Una vez lo hagan, la capacidad de carbón de España se reducirá a 4.700 megavatios (MW). La Plataforma recuerda por cierto que España no cuenta con una fecha clara y vinculante para el cierre total definitivo, como sí se ha establecido en todos los países de Europa occidental. Según Un Futuro sin Carbón, "es el momento de acelerar el proceso para poner fin a toda la capacidad de carbón en España asegurando una transición justa para dar certidumbre a las personas afectadas por los cierres, a las actividades auxiliares y las regiones afectadas mediante la aplicación de los Convenios de Transición Justa". Tras el acuerdo del 17 de abril en que Gobierno, empresas y sindicatos se comprometieron a apoyar a trabajadores y regiones afectadas ante el cierre de las plantas en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias, el 18 de junio se constituyó la Mesa de Seguimiento.

Asimismo, las organizaciones no gubernamentales (oenegés) que forman parte de la plataforma creen que es "el momento para construir un futuro más limpio y aprovechar la salida de la crisis sanitaria causada por la Covid-19 para crear un camino de recuperación verde que permita hacer frente a la emergencia climática con una economía resiliente que no deje a nadie atrás".

Las centrales térmicas de carbón que restan por cerrar serían así As Pontes (A Coruña), los grupos 3 y 4 de Alcudia (Mallorca) y Litoral (Almería), de Endesa; Aboño (Asturias) y Soto de Ribera (Asturias), propiedad de EDP; y Los Barrios (Cádiz), de Viesgo. La única eléctrica que hasta la fecha no se ha pronunciado aún sobre fechas concretas de cierre ni ha presentado la solicitud para que esto se produzca de forma ordenada y planificada ha sido EDP.

Más información sobre las centrales
La central de Puente Nuevo (grupo 3), de 324 MW, inició su operación en 1981, y ha funcionado últimamente con un alto porcentaje de carbón importado. Según la Plataforma, en los últimos meses de funcionamiento los márgenes obtenidos de la venta de electricidad en el mercado le impiden cubrir sus costos operativos. A la multinacional Viesgo todavía le queda otra central en Andalucía, Los Barrios, de 588.9 MW que lleva 35 años de funcionamiento, de la que recientemente se anunció su intención de cierre, si bien aún no ha sido concretada la fecha exacta.

Compostilla II, de 1.052 MW, fue puesta en marcha en 1972, y operaba quemando carbón autóctono de varias minas que cerraron en diciembre de 2018. También de Endesa es la central de Andorra, de 1.101 MW, que entró en funcionamiento en 1981. El cierre de ambas centrales se anunció por parte de Enel -principal accionista de Endesa- en su Junta de Accionistas de 2017 y, más tarde, se solicitó oficialmente por parte de Endesa en diciembre de 2018. La empresa ha anunciado su intención de sustituir ambas centrales por energías renovables.

La planta de Lada, de 358 MW, es una de las más antiguas y desde inicios de siglo empezó a funcionar con carbón importado. Iberdrola solicitó su cierre, junto con el de la central de Velilla, de 561 MW, en diciembre de 2017, aunque el entonces Gobierno del Partido Popular se opuso. Posteriormente, volvió a solicitar el cierre de las centrales en diciembre de 2019. Recientemente la empresa ha anunciado su intención de sustituir la central de Velilla por 400 MW de solar fotovoltaica. Aunque la central de Lada dejará de estar operativa, podrá seguir disponible hasta contar con la autorización de cierre del Gobierno, dado que cuenta con las técnicas necesarias para poder operar cumpliendo con los límites de emisión de la normativa europea.

De la empresa Naturgy son la central de Narcea, de 531 MW; La Robla, de 655 MW, y Meirama, de 580 MW, que inicialmente comenzaron a operar con carbón autóctono y acabaron dependiendo de las importaciones. En su reciente Junta General de Accionistas la eléctrica anunció que busca alternativas para el futuro de estas plantas a la vez que se desarrollan las reuniones sobre los convenios de transición justa.

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