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España es el país con más demandas bajo el Tratado de la Carta de la Energía

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El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha organizado esta semana, en el Congreso de los Diputados, una Jornada para plantear si "¿Es posible la salida del Tratado de la Carta de la Energía?". Según Unidas Podemos, este Tratado, que España suscribió durante el último Gobierno de Felipe González (a mediados de los 90), otorga a las empresas energéticas el poder de demandar a los gobiernos por sus políticas climáticas y protege las inversiones en combustibles fósiles. Así, 25 años después de aquella firma, España es el país con más demandas bajo el Tratado de la Carta de la Energía.
España es el país con más demandas bajo el Tratado de la Carta de la Energía

El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) es un acuerdo internacional -explican desde Unidas Podemos- poco conocido, pero muy controvertido, pues otorga a las empresas energéticas el poder de demandar a los gobiernos por sus políticas climáticas a través del denominado mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). Según la formación morada, este sistema, que carece de transparencia, "solo favorece a los inversores y no contribuye a impulsar la transición energética". Pues bien, sobre todo ello ha versado la jornada ¿Es posible la salida del Tratado de la Carta de la Energía?. El evento, que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, ha sido presentado por el coordinador federal de Alianza Verde, y portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde y ha contado con la participación de varias expertas de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión de Ecologistas en Acción: Marta García Pallarés, Lucía Bárcena (investigadora del Transnational Institute) y Clàudia Custodio.

Juantxo López de Uralde: "lo que tratamos de saber es si este Tratado es una carta en la manga de la industria de los combustibles fósiles para impedir que realmente se cumpla el Acuerdo de París, y que realmente se produzca esa desinversión en las industrias fósiles y cumplamos con los compromisos climáticos. Y la pregunta siguiente que nos hacemos es... si eso es así, qué es lo que debemos hacer, qué debe hacer España, ¿debemos seguir siendo miembros de ese Tratado, o podemos abandonarlo? Porque difícilmente se podrá cumplir con los objetivos de París siendo miembro de un Tratado que protege las inversiones de combustibles fósiles"

Fuera de los focos
El coordinador federal del partido ecologista Alianza Verde ha lamentado que el TCE esté ausente de la agenda política, algo que -considera- beneficia a la industria fósil, que prefiere mantener esta herramienta, que le resulta muy útil, fuera del foco mediático: "en la COP26, más allá de los debates y discusiones sobre los resultados de la Cumbre y de si han sido los que debían ser, lo que sí es un hecho objetivo, y algunos hemos manifestado nuestra preocupación, es que el asunto de la Carta de la Energía no ha estado presente en las discusiones de Glasgow". En línea con ese apunte se ha manifestado Marta García Pallarés: "todo lo referido al Tratado de la Carta de la Energía se caracteriza y se ha caracterizado por la falta total de transparencia". Frente a ello, la activistas de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión ha insistido en que el objetivo de esta es fortalecer el diálogo entre las instituciones y la sociedad civil.

Por su parte, la investigadora del Transnational Institute Lucía Bárcena ha destacado la trascendencia que tiene para España el TCE: España "es el país con más demandas -ha dicho Bárcena- bajo el Tratado de la Carta de la Energía. El Tratado de la Carta de la Energía tiene muchos más inconvenientes que beneficios para el Estado español, ya que el Estado por un lado está desviando enormes cantidades de recursos que podría dedicar a una transición energética sostenible, y por otro lado, puede limitar la capacidad legislativa del Estado" ya que, según Bárcena, "con el Tratado sobre la Carta de la Energía, ninguna medida legislativa del Estado está a salvo, y menos las que pretendan poner límites a las empresas del oligopolio eléctrico, tanto de capital nacional como extranjero". Por eso, tanto desde la formación morada como desde la mesa de expertas, en la jornada se ha abogado por "una salida de España del Tratado", una salida que el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea alega "llevamos pidiendo al Gobierno en reiteradas ocasiones en diversas iniciativas parlamentarias, en coherencia con las políticas climáticas de España". El Tratado sobre la Carta de la Energía se firmó en diciembre de 1994 y entró en vigor en abril de 1998. En la actualidad el TCE tiene 53 signatarios y partes contratantes, entre ellos la mayoría de los Estados miembros de la UE, así como la UE y Euratom. [La jornada completa, aquí].

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