El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas, la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Canarias (Fepeco) y la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife (que está integrada en la amplia patronal canaria Femete) han anunciado hoy la constitución de un "frente común" para reclamar a Endesa, que es la distribuidora de electricidad en Canarias, que ponga en marcha un servicio de atención a los profesionales que desatasque la situación de estrangulamiento en la que se encuentra todo el sector. “Tanto las empresas instaladoras como las ingenierías actúan como puros intermediarios entre el cliente final y la empresa distribuidora [Endesa] y es ahí donde surgen los problemas", denuncia Alberto Pérez, presidente de la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife (Asinelte). Según Pérez, a sus asociados les resulta "imposible" contactar con las personas que llevan los expedientes en Endesa.
Ingenierías e instaladoras -denuncia el presidente de la asociación- se encuentran con la puerta de la distribuidora, Endesa, cerrada a cal y canto, y no pueden resolver sus obras. Pero ingenierías e instaladoras son las que dan la cara ante el cliente final y las que acaban en entredicho, cuando no son ni mucho menos las responsables de esta situación, y sí por el contrario -señalan desde Asinelte- una de las dos partes perjudicadas. ¿La otra? El cliente final, sin duda. Toda esta situación -insiste el presidente de los instaladores- conlleva "retrasos excesivos y malestares entre los clientes con nuestras empresas instaladoras e ingenierías, que son quienes dan la cara". El problema en todo caso va más allá del sector profesional, y acaba perjudicando a la sociedad canaria toda, alerta el presidente de la asociación: "negocios, particulares o familias se ven perjudicados por esta forma de actuar de la distribuidora". Pérez habla de "casuísticas que se dan a diario: por ejemplo, cortes por impagos que luego son un infierno para volver a tener suministro, comercios que quieren iniciar su actividad y se ven retrasados, luces de obras que prácticamente se terminan, se acaba el edificio, antes de tener suministro, etcétera”.
Por todo ello, las asociaciones han remitido una carta a la directora general de Energía del Gobierno de Canarias, Rosana Melián Domínguez, en la que solicitan “que se cree una mesa de trabajo entre las organizaciones de las empresas instaladoras y los colegios profesionales para poder transmitir de forma más concreta las diferentes problemáticas y buscar las posibles soluciones”. Las asociaciones reclaman además a Endesa que establezca un servicio de atención a los profesionales, de forma presencial o telefónica directa, con el personal técnico" y que ese servicio disponga de un sistema para "verificar las trazas de comunicación con la distribuidora”.
En la misiva remitida a la directora general de Energía del Gobierno de Canarias, el máximo responsable de Asinelte recuerda que estamos hablando de “un servicio público de primera necesidad ofrecido por una empresa privada de alto calado a quien debe de exigirse una serie de medidas para mejorar el servicio que presta de la forma más correcta y eficiente posible”.
Por esa razón, Pérez recalca que “la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y la Dirección General de Energía deben de mediar ya con Endesa para solucionar de una vez los problemas que sufren, que perjudican gravemente su labor y dañan la calidad del servicio que prestan al conjunto de la ciudadanía. Al mismo tiempo -añade Pérez-, denunciamos que esa nula comunicación afecta igualmente a entidades públicas como ayuntamientos".
Endesa pertenece al grupo Enel y controla en régimen de casi monopolio el mercado eléctrico isleño.
La compañía italiana (Endesa pertenece al Grupo Enel) publicó el pasado mes de julio un informe en el que planteaba incrementar hasta los 4.000 megavatios su parque canario de centrales térmicas, que ahora tiene 2.600 megas y en el que la compañía emplea fundamentalmente fuelóil y gasóil. Sin embargo, ni el Ejecutivo central ni el autonómico parecen muy por la labor de abordar la transición energética de las islas de esa manera, y están apostando por soluciones renovables y de almacenamiento.
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