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El ministro más oscuro del Ejecutivo Rajoy vuelve a enfrentarse a una institución clave del Estado

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Ya sucedió cuando el Tribunal Supremo (TS) tuvo que requerirle en varias ocasiones la documentación sobre la que, presuntamente, estaba asentando su reforma del sector de las energías renovables. El Ministerio, finalmente, entregó los papeles al TS... pero no todos, porque aseguró que la mitad de ellos no los tenía (puedes leer aquí un resumen de ese episodio). El caso es que, ahora, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, vuelve a hacer oídos sordos -vuelve a las andadas- con otra institución clave del Estado, en este caso, el Defensor del Pueblo, al que no le ha entregado la documentación que este le requiere sobre un permiso que Industria concediera a Repsol para buscar gas natural -fracking mediante- en Cantabria.
El ministro más oscuro del Ejecutivo Rajoy vuelve a enfrentarse a una institución clave del Estado

Ecologistas en Acción y la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (entidad perteneciente a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG), han denunciado al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López, "por obstaculizar una investigación relacionada con el fracking en Cantabria". Los denunciantes presentaron la denuncia el pasado viernes en la Fiscalía de Cantabria en Santander. El fracking, o fractura hidráulica, es una técnica de extraccion de gas natural que ha desatado una virulenta polémica en los últimos años en España. Según sus detractores, produce efectos colaterales (impactos ambientales en la calidad de las aguas y emisiones de metano) inasumibles.

Las bases
La denuncia encuentra su base en una serie de hechos que podrían constituir "un delito de obstaculización de la investigación del Defensor del Pueblo previsto en el artículo 502.2 del Código Penal". Todo ello -informa Ecologistas en Acción- tiene su origen en una queja planteada ante el Defensor del Pueblo 2013, relacionada con la pretendida utilización de la técnica de fracturación hidráulica o fracking, dentro del permiso de investigación de hidrocarburos denominado “Luena". Una vez admitida la queja a trámite -continúa Ecologistas-, el Defensor del Pueblo requirió al Ministerio de Industria que le remitiese información por la cual acreditase, entre otras cuestiones, que existen soluciones técnicas para evitar impactos específicos y no deseados que deriven del uso del fracking de manera que, aplicándolas, el riesgo de contaminación resulte equiparable al que deriva del empleo de técnicas convencionales de explotación de hidrocarburos o de otras técnicas que generen riesgos comparables.

Dilatación
Sin embargo -explican los denunciantes-, el Ministerio de Industria no ha remitido esa información, y el Defensor del Pueblo se ha visto obligado a solicitársela nuevamente en otras dos ocasiones (marzo y julio de 2015), tras las cuales sigue sin existir respuesta alguna. Es por ello que ambas organizaciones consideran evidente que la actuación por parte del Ministerio de Industria "está obstaculizando la labor investigadora del Defensor del Pueblo, máxime si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, "todos los poderes públicos están obligados a auxiliar con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones". De igual manera, hay que recordar -apunta Ecologistas- que el artículo 502 del Código Penal considera delictivo obstaculizar la investigación del Defensor del Pueblo, considerándose como una obstaculización el hecho de dilatar indebidamente los informes que este organismo solicite.

"Instrucciones expresas"
Así las cosas, la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (UGAM-COAG) y Ecologistas en Acción consideran al Ministro de Industria responsable de esta falta de colaboración "como máxima autoridad y responsable de dicho organismo". De igual manera, entienden "que puedan existir instrucciones expresas dentro del propio ministerio de las que se derive esa actuación indebida". Para llegar a esta conclusión -explican los denunciantes-, en primer lugar se tienen en cuenta las continuas manifestaciones públicas que el ministro de Industria ha venido realizando a favor del uso de la técnica de la fractura hidráulica, a través de la cuales se puede observar un interés manifiesto en el desarrollo de la técnica del fracking en España, por el cual podría haber tratado de obstaculizar la investigación del Defensor de Pueblo".

La opacidad del ministerio en materia de fracking
Por otro lado, los denunciantes también consideran que el hecho de haber obstaculizado la labor inspectora del Defensor del Pueblo en el supuesto anteriormente citado no es un caso esporádico, "pues ha sucedido lo mismo -señalan- en relación con otras investigaciones desarrolladas por esta misma institución cuando se han referido a permisos otorgados por el Ministerio de Industria en los que se encuentra previsto el uso de la fractura hidráulica". En este sentido, en la denuncia presentada se hace referencia a otra queja planteada ante el Defensor del Pueblo por el pretendido uso del fracking en la provincia de Soria, en que ha existido igualmente una retraso indebido en la entrega de la información solicitada, así como a una queja planteada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en relación al mismo permiso “Luena", en cuyo trámite el Ministerio de Industria no informó a las instituciones europeas de que se encontraba previsto el uso del fracking en una de sus fases.

Sobre la relación del Partido Popular con el gas

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