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El Gobierno quiere prohibir por ley que bancos y energéticas trasladen los nuevos impuestos a los ciudadanos

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que los socios de la coalición -PSOE y Unidas Podemos- presentarán esta semana una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para prohibir que los bancos y las empresas energéticas trasladen a los clientes los nuevos impuestos anunciados en el Debate sobre el estado de la Nación. Sánchez ha recordado durante su intevención el rescate bancario, rescate ("procesos de reestructuración bancaria emprendidos entre 2009 y 2018") que, según el Tribunal de Cuentas, le costó a la ciudadanía española más de 122.000 millones de euros en "recursos públicos comprometidos". [En la imagen, Sánchez y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, hablan durante el Comité Federal del PSOE en la sede del partido, el sábado].
El Gobierno quiere prohibir por ley que bancos y energéticas trasladen los nuevos impuestos a los ciudadanos

Sánchez lo ha avanzado durante su intervención en el Comité Federal del PSOE, que ha ratificado los cambios en la dirección del partido y las incorporaciones de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, como nueva número dos, y la titular de Educación, Pilar Alegría, como nueva portavoz de la Ejecutiva. El líder socialista ha indicado que van a prohibir que las empresas (bancos y energéticas) puedan trasladar los costes derivados de estos impuestos a la clase media y trabajadora, y ha hecho referencia a las críticas emitidas por la derecha respecto a la poca eficacia de los nuevos tributos, ya que las empresas -sostiene la derecha- los repercutirían directamente sobre los ciudadanos. "Por supuesto que los bancos españoles, a los que tanto se ayudó en el pasado, pueden asumir su contribución al reparto de los costes de la crisis", ha dicho Sánchez, que ha incicido en que estos impuestos ayudarán a recaudar unos 7.000 millones de euros en dos años.

Precisamente, Unidas Podemos remitió el pasado jueves al PSOE su propuesta para crear un nuevo delito fiscal para las eléctricas y entidades financieras que repercutan subidas de impuestos a los consumidores, que contempla penas de hasta diez años de prisión para los directivos que incurran en esta práctica. Tras el anuncio que ha realizado Sánchez en su intervención en el Comité Ejecutivo Federal, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha reaccionado a través de un mensaje en su perfil oficial de Twitter, recogido por Europa Press, aplaudiendo la medida conjunta del Gobierno de coalición.

Según Echenique, "es una gran noticia que el PSOE haya aceptado nuestra propuesta de incluir un delito específico en el Código Penal por repercusión artificial a los precios finales del aumento de impuestos. Es un atentado contra el interés general que no se puede permitir", ha dicho el dirigente de Unidas Podemos.

El mismo Echenique se había manifestado en estos términos en el perfil de Twitter de Podemos el viernes.

Pablo Echenique, portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos - En Comú Podem - Galicia en Común
«Hemos propuesto que se introduzca un nuevo delito en el código penal. Hay un discurso típicamente neoliberal que viene a trasladarle a la ciudadanía una suerte de resignación catastrofista, que viene a ser algo así como decir 'hagan ustedes lo que hagan, ponga el estado los impuestos que ponga, independientemente de lo que se legisle, las empresas, las grandes empresas, son tan poderosas que al final van a acabar repercutiendo todo lo que usted le haga a ellas en el precio final al consumidor'.

«Bueno, pues eso no se puede permitir en un estado democrático. Estas grandes empresas tienen el privilegio de operar en ciertos sectores estratégicos. Eso es un privilegio. No es un favor que nos están haciendo a los ciudadanos. La Constitución Española sitúa el interés general en primer plano. Y creo que las autoridades democráticas de un país regido por la voluntad popular expresada en las urnas no pueden permitir este tipo de prácticas, que son un atentado contra el interés general.

«Ya hay en el Código Penal un delito de manipulación de precios. Ese delito ya existe. Y ahora mismo de hecho hay directivos de Iberdrola imputados por ese delito porque supuestamente se habrían reunido para alterar los precios de la energía manipulando los embalses de agua. Bien, pues nosotros decimos que se incluya un nuevo delito, similar a este, nada extraño, nada muy diferente a lo que ya hay en el Código Penal, pero que tipifique específicamente como delito el que se traslade a los precios una subida impositiva, porque es una práctica que atenta contra el interés general y que además se hace desde el privilegio de operar en sectores estratégicos que son indispensables para la salud económica de un país y que además los llevan a cabo señores que ganan cantidades ingentes de dinero. Pensamos que es algo sensato, algo que se debería hacer, y pensamos que es algo que cerraría definitivamente este debate. Si se repercute artificialmente en los precios finales una subida impositiva, pues los directivos que hayan hecho eso tendrán que ir a prisión»

Durante su intervención en el Comité Federal del PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra el Partido Popular en ese sentido por su rechazo a estos dos nuevos impuestos, que anunció durante su intervención en el Debate del estado de la Nación, durante el cual Sánchez ya recordó que estas tasas ya existen en países como Reino Unido, Italia, Bélgica, Francia o Suecia.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos: "¿Qué intereses defiende la derecha? Puede que defiendan los intereses de ese 5% de la población que recibirá una beca para ricos allí donde ellos gobiernan. Pero no defienden los intereses del 95% de los españoles que ganan menos de 100.000 euros. Para eso estamos nosotros: para defender a la mayoría"

122.000 millones de euros en "recursos públicos comprometidos"
Según el Tribunal de Cuentas, "el importe de los recursos públicos comprometidos en la reestructuración por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC) y el Banco de España como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2018 fue de 122.754 millones de euros. Aproximadamente la mitad de los apoyos se ha materializado en aportaciones al capital de las entidades de crédito y a cuotas participativas (60.247 millones de euros)". Junto a estas líneas, tabla extraída de la Nota de Fiscalización sobre el Proceso de Reestructuración Bancaria del Tribunal de Cuentas. La Nota en cuestión fue expuesta por la propia presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, durante su comparecencia, ante las diputadas y diputados de la Comisión Mixta del Congreso-Senado, el pasado 14 de diciembre de 2021.

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