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El Gobierno coloca a una socióloga al frente del Instituto para la Transición Justa

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Licenciada en Sociología y hasta hoy asesora del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Laura Martín Murillo ha sido directora durante más de diez años de Sustainlabour, fundación dedicada al trabajo medioambiental con organizaciones sindicales. Durante su etapa al frente de esta entidad, Murillo -informa el Ministerio- elaboró "un cuerpo técnico de soluciones que redundaran en políticas de protección ambiental y justicia social y protección del empleo, que se articuló bajo el concepto Transición Justa".
El Gobierno coloca a una socióloga al frente del Instituto para la Transición Justa

Laura Martín Murillo ha participado en numerosos procesos de negociación internacionales vinculados al medio ambiente, entre ellos, la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. En ese proceso -informa el Gobierno- ha participado desde 2004 promoviendo la inclusión del concepto de Transición Justa en las negociaciones del clima, hasta que fue incluido en el Acuerdo de París. Desde Junio de 2018, ha sido asesora -en materia de transición justa- del Ministerio para la Transición Ecológica, y en calidad de tal, responsable de la elaboración de la Estrategia de Transición Justa y su Plan de Acción Urgente, de las negociaciones del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras y del Acuerdo por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios. Murillo es autora o coautora de numerosas publicaciones sobre economía y empleos verdes, cambio climático, transición energética para la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y Sustainlabour.

El Gobierno ha creado el Instituto para la Transición Justa a partir del hasta ahora Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) e incorpora al trabajo realizado en la reactivación de esas comarcas “las nuevas realidades derivadas de los procesos de transformación y cierre de centrales térmicas de carbón y nucleares”. El objetivo que persigue el nuevo Instituto es “identificar y optimizar las oportunidades de actividad industrial y económica, especialmente vinculadas a la transición ecológica, para garantizar el empleo y el desarrollo de las zonas afectadas”. Asimismo -informa el Gobierno-, la nueva entidad promoverá la coordinación “de políticas industriales, de educación, formación profesional o empleo, por mencionar algunos ejemplos, para crear sinergias que ayuden a los territorios afectados por los cierres de centrales térmicas en los procesos de reactivación”.

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