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El Comité de Industria de la Unión Europea, otro campo de batalla para la guerra carbón-renovables

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El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente ha enviado a los parlamentarios españoles que forman parte del Comité de Industria, Investigación y Energía de la Unión Europea un documento en el que propone (1) que se le mantenga a las energías renovables el despacho preferente (o sea, que, en caso de que haya dos kilovatios de oferta -uno fósil y otro renovable- y solo uno de demanda, siempre tenga la prioridad el renovable); y (2) que la Unión Europea reduzca al máximo los denominados mecanismos de capacidad, que son considerados por la mayoría de los expertos ayudas encubiertas a las centrales térmicas de carbón.
El Comité de Industria de la Unión Europea, otro campo de batalla para la guerra carbón-renovables

El Comité de Industria del Parlamento Europeo se encuentra inmerso en el debate sobre el futuro diseño del mercado energético de la Unión Europea y, en particular, sobre el Reglamento del Mercado Interno de la Electricidad. Pues bien, en ese marco, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA) ha enviado una serie recomendaciones a los parlamentarios europeos que forman parte de ese Comité "sobre dos de los puntos fundamentales de la propuesta, que afectan de lleno a la continuidad del uso de carbón como fuente de energía a pesar de ser la más contaminante y tener impactos muy negativos en salud y medio ambiente".

Las recomendaciones del Instituto son estas
1) Sobre el Acceso y Despacho Preferente
Figura en el artículo 11 de la propuesta de Reglamento. El Instituto recomienda proteger este mecanismo para las instalaciones que usen energías renovables, "con el fin de promover las energías limpias hasta llegar a un escenario de igualdad de condiciones, como base para una transición energética baja en carbono". La organización no gubernamental española considera "fundamental" que se tengan en cuenta las externalidades de los diferentes tipos de energía, "como los impactos en salud y medio ambiente, que forman parte de los costes y deberían tener impacto en la evaluación económica".

Según el informe «Un oscuro panorama» (Instituto IDMA, 2017), las emisiones procedentes de la quema de carbón en centrales térmicas españolas registradas en 2014 (último año con datos consolidados) "se pueden relacionar con 709 muertes prematuras, 459 altas hospitalarias por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 10.521 casos de síntomas de asma en niños asmáticos; 1.233 casos de bronquitis en niños y 387 casos de bronquitis crónica en adultos". Además, el Instituto estima que las emisiones procedentes de la quema del carbón fueron responsables de 747.686 días de actividad restringida y 163.326 días de trabajo perdido.

"Dichos impactos sobre la salud -señala el informe- llevan asociados unos costes sanitarios que las empresas no compensan de forma alguna". Según el Instituto, estos impactos con conocidos como costes externos o externalidades negativas "y hoy en día es la sociedad la que los cubre, a través de gastos tales como medicamentos, consultas con especialistas, hospitalización y análisis de laboratorios". Pues bien, según «Un oscuro panorama», los costes sanitarios asociados a los impactos que ha causado la quema de carbón en la salud de los españoles en el año 2014, "junto con las pérdidas económicas debidas a la reducción en la productividad causada por el absentismo laboral, alcanzaron un importe entre los 880 y los 1.667 millones de euros" (véase página 61 del informe).

2) Sobre las evaluaciones de adecuación de recursos y mecanismos de capacidad, presente en los artículos 2, 18, 19, 20, 21, 23 y 24 de la propuesta
Según el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, estos mecanismos deben ser "reducidos al máximo y controlados mediante una Evaluación de Adecuación de Recursos que certifique su necesidad real y un plan para su abandono posterior". El Instituto considera que "las centrales con emisiones intensas de carbono, bajo criterios estrictos de límites de las emisiones de CO2 de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora, no deberían recibir subvenciones que alarguen su vida de forma artificial".

En opinión de la directora del Instituto, Ana Barreira, "este tipo de mecanismos, mal entendidos, permiten que se alargue de forma artificial el uso del carbón a pesar de ser el combustible más contaminante y uno de los principales responsables del cambio climático. No se debe permitir el uso de la legislación -explica Barreira- para proteger y subvencionar centrales térmicas que están abocadas al cierre en el contexto actual. Es necesario trabajar en un plan ordenado de abandono del carbón y cierre de las centrales térmicas si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y evitar los efectos más duros del cambio climático", concluye.

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