El Partido Popular ha gobernado España durante seis años y medio. Ganó las elecciones de noviembre de 2011 (mayoría absoluta en el Congreso); ganó las generales de 2015 (123 diputados); ganó las anticipadas, tras un año de gobierno interino, de 2016 (las ganó con 137 escaños); logró investir en octubre del 16 a su candidato -Mariano Rajoy- gracias al sí explícito de Ciudadanos y a la abstención del PSOE en aquel otoño caliente; y gobernó en minoría hasta la moción de censura de junio de 2018.
Entre estas dos últimas fechas, se han dado dos circunstancias extraordinarias: (1) el Partido Popular y Ciudadanos han unido sus fuerzas en la Mesa del Congreso (donde tenían mayoría, cinco diputados; frente a cuatro de PSOE y Podemos) para evitar que llegaran al Pleno varias proposiciones de ley clave, como la del Autoconsumo; y (2) el Partido Popular ha aprobado, gracias al apoyo de Ciudadanos y los nacionalistas canarios y vascos, dos presupuestos generales del estado (PGE).
Tras ese largo sexenio (noviembre de 2011-junio de 2018), y tras la moción de censura, el Partido Socialista ha gobernado España durante poco más de nueve meses, los transcurridos entre junio de 2018 y el mes corriente: gobierno breve cuyo colofón ha sido el anuncio de Pedro Sánchez de que adelantaba las elecciones a la vista de la imposibilidad de aprobar un nuevo PGE. En fin, que toca ahora votar.
En Energías Renovables hemos repasado los programas de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos para ver qué decía cada cual sobre Energía. Y hemos contado lo que nos hemos encontrado en ellos. Ahora vamos a contar… lo que han hecho los unos y los otros, sobre todo los que han tenido responsabilidades de gobierno, porque un programa electoral vale… lo que vale un programa electoral.
Las propuestas energéticas del Partido Popular no entrañan demasiadas dudas
El PP ha gobernado durante más de seis años y ha imprimido a lo largo de todo ese tiempo una impronta muy concreta en lo energético. La formación liderada por Mariano Rajoy pasará a la historia de la política energética española por la creación del famoso impuesto al Sol, que empezó a perfilar en la primavera de 2012, aprobó en el otoño de 2015 y dejó en herencia al PSOE en junio de 2018 (el Partido Socialista tardó cuatro meses en derogarlo). Pero no es el único impuesto creado por el Ejecutivo Rajoy. Los ministerios de Soria y Nadal han legado otro igualmente emblemático: el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, un impuesto del 7% que grava todo kilovatio hora generado, sea producido por una placa solar, un aerogenerador o una central nuclear. Un impuesto en fin que no atiende a motivos ambientales y que está denunciado en Bruselas, un impuesto por cierto que ahora el PP ha dicho que derogará si recupera el Gobierno.
La tercera subida del Ejecutivo Rajoy ha sido la percutida sobre el término de potencia, cuyo precio ha incrementado hasta un 125% en determinados tramos. Sobre el particular, se quejaba amargamente, allá por el año 2013, la Unión Española Fotovoltaica: se ha incrementado el componente fijo de la tarifa, el término de potencia, más de un 120% a los consumidores domésticos –decía UNEF en uno de sus comunicados- y un 75% a los industriales, lo cual “penaliza de forma deliberada" -denunciaba la asociación- a los autoconsumidores, pues ese encarecimiento "desincentiva los motivos que llevan a ejecutar la inversión".
Más dinero para Endesa, Iberdrola, Gas Natural (ahora denominada Naturgy) y compañía
Otro coste que ha subido el Ejecutivo Rajoy durante su gobierno ha sido el relativo a la distribución, que es un coste regulado. El precio fijado por el Gobierno en 2013 fue 4.699 millones de euros (M€). Ese año, el Gobierno Rajoy cambió la ley y la fórmula de cálculo de esa retribución. En 2014, las distribuidoras cobraron 5.013 millones de euros; en 2015 ingresaron 5.039; en 2016, los consumidores les pagamos 5.162; en 2017, la factura a abonar ascendió a 5.174 y en 2018 esa cifra, que aún no está consolidada, será mayor aún (girará en torno a los 5.400). Aunque en España hay varios centenares de distribuidoras, más del 90% de esa cantidad lo cobran solo cinco de ellas: Endesa (que pertenece al grupo italiano Enel), Iberdrola, Gas Natural (ahora denominada Naturgy), Hidrocantábrico y Viesgo.
Con el transporte de electricidad, que es otro coste regulado (su precio también lo fija el Gobierno), ha pasado, tras la reforma eléctrica del PP, exactamente lo mismo. En el año 2013, el transporte nos costó a todos los consumidores 1.604 M€. Pues bien, en el año 2017, y según la misma CNMC, el transporte nos costó 1.709 M€ (o sea, cien millones de euros más); y en 2018, y aunque aún no está definitivamente consolidada la cifra, ese coste volverá a superar los 1.700 M€, que se va a embolsar una única empresa, Red Eléctrica de España (REE), que es una empresa de capital en un 80% privado.
Menos electricidad circulando por las redes
Lo que no ha subido a lo largo de los últimos años ha sido la electricidad transportada y distribuida. Todo lo contrario. Ha bajado el número de kilovatios que se han movido por los tendidos. REE y las distribuidoras (Endesa, Iberdrola y compañía) transportaron y distribuyeron el año pasado 268.808 gigavatios hora, menos electricidad que en 2011 (269.816).
En el haber del Partido Popular quedan los 8.500 megavatios de potencia renovable subastados (en seis años y medio), potencia que todavía no está en marcha, pero que irá siendo ejecutada a lo largo de los próximos meses. El bagaje en todo caso parece escaso, sobre todo si miramos el derredor (Alemania, por ejemplo, ha instalado –no subastado, sino instalado- 6.500 megas de nueva potencia renovable en los doce meses de 2018).
En fin, 6.500 efectivamente instalados en solo doce meses... frente a los 8.500 subastados en seis años y medio (77 meses)
Pero si el PP quiere una bandera para su política energética esa es la del déficit de tarifa. La deuda acumulada que se encontró el Partido Popular en 2011 (acumulada desde el año 2000, gobernaban Aznar y Rato) ascendía a 21.828 M€. A 31 de diciembre de 2018, o sea, 7 años después, esa deuda se había reducido en tres mil millones: 18.851 M€ (todos los datos son de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
Sexenio Rajoy
Tras las mil reformas puestas en marcha durante el sexenio Rajoy (cambios en los sistemas de cálculo de las retribuciones, creación de nuevos impuestos, incremento del precio de determinados peajes –de hasta un +125%-, recortes a la retribución del kilovatio hora renovable so pretexto de combatir el déficit tarifario), el precio de la electricidad registrado en mayo de 2018 -vísperas de la moción de censura- estaba por las nubes: el mercado eléctrico español cerró aquel mes de mayo (último de Rajoy presidente) como el mayo más caro (54,92 euros por megavatio hora) de la última década (2009-2018). Hay que remontarse al mayo de 2008 (la crisis estalla en septiembre, con la bancarrota de Lehman Brothers) para encontrar un mayo peor: 56,18.
Esos son los números más gruesos del inmediato pasado. ¿El programa energético del PP de cara a las elecciones de abril? Pues un programa que, sin complejo alguno, desdice rotundo lo ejecutado por el propio PP durante sus casi siete años de gobierno. Para empezar, el Partido Popular de Casado dice sí al autoconsumo, que "hace más habitables nuestros municipios" y no a la regulación del diésel ("eliminaremos las restricciones indiscriminadas a los vehículos diésel").
Además, Casado asegura ahora que evitará el crecimiento de la parte regulada de la factura (esa que ha engordado, como apuntábamos arriba, en algunos casos de forma espectacular); promete que acabará con el impuesto del 7% (gravamen establecido por el ministro Soria); sostiene que impulsará los contratos bilaterales de compraventa de electricidad (power purchase agreement) creando un marco de seguridad jurídica; e insiste, por fin, en que convocará más subastas, todo ello, “bajo el paradigma de la sostenibilidad económica”.
Todo eso es lo que dice –en lo que se refiere a la Energía- el programa electoral del PP. Pero prácticamente nada de eso ha apuntado Casado en los debates de televisión, donde sus mensajes clave han sido tres: (1) no pactaremos nada ni con los independentistas, ni con el PSOE vendepatrias, ni con el PNV, ni lógicamente con Podemos (o sea, que si Casado quiere ser presidente solo quedan Cs y Vox); (2) bajaremos los impuestos; y (3) somos los mejores gestores de la economía de España (afirmación a la que Rivera contestaría en el primero de los dos debates, y foto mediante, con un zasca en toda regla: “¿Sabe dónde está el milagro económico del PP? En la cárcel").
¿Y el PSOE?
En diez meses, el Ejecutivo Sánchez ha derogado el impuesto al Sol y ha aprobado un nuevo real decreto de autoconsumo. Ha presentado en el último minuto de la prórroga, después de adelantar las elecciones, un borrador de Ley de Cambio Climático y Transición Energética a sabiendas de que no podría aprobarlo; ha presentado una Estrategia de Transición Justa; y, por fin, ha enviado a Bruselas un borrador de Plan Nacional Integrado (PNI) de Energía y Clima 2021-2030 que fija unos objetivos ambiciosos y que, aunque puede ser matizado por Bruselas o por el futurible Gobierno de España, establece ya una serie de pilares que será difícil remover (es, probablemente, el gran legado de Ribera).
El Plan deja muy clara la propuesta energética del PSOE, que prevé, para el año 2030, una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 gigavatios (hoy hay 104). De los 157, apunta 50 para la eólica (hoy hay 23); prevé 37 gigas de potencia solar fotovoltaica (hoy hay menos de 6); 27 de ciclos combinados de gas (los que hay ahora); 16 de potencia hidráulica (hoy son 19); 8 de bombeo (hoy hay 3,3); 7 de termosolar (hoy son 2,3); y tres gigas de potencia nuclear (hoy hay 7), así como cantidades menores de otras tecnologías.
Fuerte apuesta por el gas, pues, que no pierde ni un gramo de peso, prórroga nuclear (tres gigas seguirán operativos en 2030, lo que supone que algunas centrales superarán con creces los 40 años de vida) y apuesta tibia por la termosolar, que es la renovable que puede ocupar el lugar de la nuclear y/o el gas (servir de respaldo) en el sistema.
En lo que se refiere a la movilidad, el borrador de Ley de Cambio Climático que acaba de presentar el Gobierno Sánchez plantea una propuesta muy tibia, que casi se circunscribe a que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos no destinados a usos comerciales sean cero emisiones no más tarde del año 2040. En fin, lejos pues de leyes similares más ambiciosas, como la balear, que prohíbe la circulación de vehículos diésel en… 2025 (excepto los que ya estuviesen matriculados allí entonces). El propio secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, reconocía hace bien poco que “ya hay 280 ciudades de la Unión Europea que han cerrado sus centros [urbanos] al diésel”.
El PNI de Energía y Clima es la hoja de ruta que ha de conducir a este escenario: 21% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990; 42% de renovables sobre el consumo total de energía final, para toda la UE; 39,6% de mejora de la eficiencia energética; 74% renovable en la generación eléctrica. En 2050 el objetivo es alcanzar la neutralidad climática con la reducción de al menos un 90% de nuestras emisiones de GEI y en coherencia con la Estrategia Europea. Además de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050.
El Gobierno Sánchez estima que la inversión total que va a movilizar el PNI rondará los 236.000 millones de euros (M€) a lo largo de esa década (el 80% de la inversión correrá a cargo del sector privado,; el 20%, del sector público). Según el Plan, de aquí a 2030 España se ahorrará en combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) de forma acumulada más de 75.000 M€ “respecto del escenario tendencial”. El impacto sobre el empleo (respecto al escenario sin Plan) sería de 250.000-364.000 empleos netos (empleo anual constante).
Por fin, el Ejecutivo Sánchez apuesta por las subastas como solución para impulsar el despliegue de más potencia renovable: “o bien subastas específicas para renovables gestionables o bien que un elemento de ponderación de esa subasta sea la gestionabilidad”. Son palabras de Joan Groizard, director de energías renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). Groizard ha dirigido el equipo de técnicos del IDAE que ha participado en las dimensiones renovable y de eficiencia energética del Plan.
Podemos sin embargo no ha gobernado
El Área de Economía de Podemos (ojo al dato: Área de Economía), ha desarrollado, en colaboración con la Secretaría de Acción de Gobierno, a cargo de Pablo Echenique (que es el secretario de Organización del partido), el Plan Horizonte Verde. Lo ha hecho a partir de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que presentó Podemos en el Congreso en julio de 2018. El Plan Horizonte Verde plantea, entre otras medidas, "una movilización sin precedentes de todas las energías productivas e intelectuales de nuestro país mediante una inversión público-privada anual en el entorno del 2,5% del PIB español". Todo ello, con el fin de conciliar la lucha contra el cambio climático con la justicia social. En ese sentido, Podemos adelanta que, "antes de plantear cualquier cierre de empresa o industria basada en combustibles fósiles, se garantizará por ley la creación de dos empleos por cada empleo que se pierda".
El objetivo último que plantea este Plan, que quiere ser la piedra angular del programa de Podemos, es una transformación "masiva" del sistema nacional productivo.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del ya disuelto Parlamento ha sido el primero en presentar en el Congreso una Proposición de Ley (PdL) de Cambio Climático. Lo contaba hace unos días el diputado de Equo Juan López de Uralde (integrado en ese Grupo Parlamentario): hemos sido los primeros y los únicos que de verdad nos lo creemos –venía a decir-, porque "el Partido Popular registra su proposición de Ley de Cambio Climático cuando sale del Gobierno y el Partido Socialista la presenta cuando ya ha convocado las elecciones generales".
La Ley que propone Podemos incluye una batería muy amplia de medidas. Destacan el cierre nuclear en 2024; el del carbón en 2025; la realización de una auditoría de todos los costes del sector eléctrico en el plazo de un año; la renacionalización de Red Eléctrica de España; y la devolución a la titularidad pública de las explotaciones hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando (además, Podemos propone que la prioridad de la hidráulica sea "el apoyo a la integración en el sistema eléctrico de las tecnologías renovables no gestionables").
La Ley de Podemos fija varios objetivos clave: en 2030, un objetivo de reducción de emisiones de CO2 del 35% respecto a 1990, un objetivo del 45% del consumo de energía final mediante fuentes de origen renovable (en concreto, se establece el objetivo de generar el 80% del consumo de energía eléctrica mediante fuentes renovables) y una reducción del consumo de energía primaria mediante la implementación de medidas de eficiencia y ahorro del 40% “respecto a un escenario business as usual”. En 2050, los objetivos son: 95% de reducción de emisiones de CO2 respecto a 1990, 100% del consumo de energía final cubierto mediante fuentes de origen renovable y 50% para el objetivo de eficiencia energética.
Otras propuestas claves
• El Gobierno elaborará un Plan Nacional de Eficiencia Energética que, entre otras medidas, incluya la rehabilitación energética anual de un mínimo de 500.000 viviendas, priorizando las actuaciones a los hogares y barrios más vulnerables.
• Auditorías energéticas para empresas con un elevado consumo energético. Las auditorías incluyen un inventario de las emisiones, un análisis de su vulnerabilidad frente al cambio climático y propuestas de adaptación.
• Reforma del mercado eléctrico español, incluyendo un cargo a la sobrerretribución que termine con los «beneficios caídos del cielo» de ciertas centrales de generación.
• Estabilidad para la retribución de las instalaciones existentes de energías renovables, restableciendo la seguridad jurídica en el sector.
• Reestructuración de las facturas de la electricidad y del gas: el término fijo no podrá representar más del 25 % del término variable; la parte regulada del término variable será progresiva en su precio a medida que el consumo aumente.
• Los municipios, mancomunidades o asociaciones de municipios que lo deseen tendrán derecho a adquirir y gestionar su red de distribución.
• Se establecen los siguientes objetivos mínimos de venta de vehículos eléctricos (turismos) respecto del total de turismos vendidos: 3% en 2020, 25% en 2025, 70% en 2030 y 100% en 2040.
• Creación del Fondo de Financiación Verde, cuya finalidad será financiar las medidas de mitigación y adaptación en materia de cambio climático.
• Obligación de que la suma de inversión pública y privada en I+D alcance el 2% del PIB en cinco años y el 2,5 % del PIB en diez años desde la aprobación de esta Ley.
• Obligación de las Administraciones Públicas de contratación de suministro eléctrico 100% renovable en todos sus consumos; la obligación de las Administraciones Públicas de adquirir, siempre que sea posible, vehículos que no empleen combustibles fósiles.
• Promoción del desarrollo de sistemas de autoconsumo en las cubiertas de edificios públicos que deberán desempeñar un papel ejemplarizante.
• Rediseño del bono social eléctrico y creación de un bono social gasista. Ambos tendrán las siguientes características: la renta per cápita del hogar vulnerable es el único criterio de adjudicación; la cuantía del descuento en la factura será la necesaria para que, de acuerdo con su nivel de renta, todos los hogares puedan acceder a un consumo mínimo de energía.
• Desarrollar una fiscalidad (siempre progresiva, como toda fiscalidad) que cierre la brecha existente entre la recaudación ambiental en España (que apenas supone un 1,6% del PIB) y la media la Unión Europea (donde representa el 2,4% del PIB).
• Introducción de un precio mínimo) para el precio de las emisiones de CO2 en el sector eléctrico.
• Reforma del impuesto de matriculación, que dependerá íntegramente de las emisiones del vehículo, y del impuesto de circulación, que dependerá de una combinación de emisiones, peso y potencia.
Ciudadanos y la sombra del impuesto al Sol
Ciudadanos no ha gobernado en estos años en España, como sí lo ha hecho el Partido Popular. Sin embargo, la formación naranja ha desempeñado un papel clave de sostén del presidente Rajoy, al que dijo sí quiero el día de la investidura (en octubre del 16) y al que ha facilitado la aprobación de sus dos presupuestos (2017 y 2018). Su labor en la Mesa del Congreso –la labor de Cs- también ha sido clave para neutralizar ciertos debates parlamentarios.
Durante la legislatura que acaba de concluir, la Mesa del Congreso ha estado compuesta por 9 diputados: 3 del PP, 2 del PSOE, 2 de Ciudadanos y 2 de Unidos Podemos. Pues bien, las 3 diputadas del PP (Ana Pastor, Rosa María Romero y Alicia Sánchez-Camacho) y los dos representantes de Ciudadanos en esa Mesa (José Ignacio Prendes y Patricia Reyes) han votado en numerosas ocasiones (en clave pinza) para evitar que ciertas proposiciones de ley (sobre autoconsumo, prospecciones petrolíferas o centrales nucleares) llegaran al Parlamento.
La coartada que se ha buscado el Ejecutivo para vetar la tramitación parlamentaria de esas proposiciones de ley es esta: "la aprobación de esta Proposición de Ley -ha argumentado en varios casos- supondría un aumento de los créditos presupuestarios y una disminución de los ingresos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta su conformidad para su tramitación en virtud de lo dispuesto en el apartado 6º del artículo 134 de la Constitución". Ese apartado dice que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".
El problema llega cuando el Gobierno no justifica adecuadamente esa presunta afección presupuestaria (algo que ha sucedido, según la Unión Española Fotovoltaica, en el caso de la Proposición de Ley (PdL) del Autoconsumo, texto que planteaba la derogación del impuesto al Sol; y algo que sucedió también, según el Gobierno balear, en el caso de la PdL de las prospecciones petrolíferas; esta PdL llegaba al Congreso de los Diputados desde el Parlament balear). En ambos casos, el Gobierno vetó y la Mesa del Congreso –las tres diputadas del PP y los dos representantes de Ciudadanos- asumieron ese veto y hurtaron así al Pleno del Parlamento el debate sobre el texto.
El caso balear es curioso: el Parlament aprobó por unanimidad (incluso el PP de Baleares votó a favor) una Proposición de Ley "para la declaración de las aguas jurisdiccionales españolas como Zona Libre de Prospecciones de Hidrocarburos". El Parlament presentó esa PdL en el Congreso de los Diputados, allí la vetó el Gobierno y, a continuación, la Mesa del Congreso (PP y Cs) avaló ese veto. Con el autoconsumo pasó lo mismo. Ciudadanos aceptó el argumento del Gobierno –impacto presupuestario-, se sumó al veto de las tres diputadas del PP en la Mesa del Congreso, y la PdL nunca llegó al Pleno, que no pudo debatir.
El tiempo ha colocado a cada cual en su lugar. Las maniobras de PP y Ciudadanos para evitar el debate parlamentario han sido sancionadas con posterioridad por el Tribunal Constitucional (TC), que ya ha emitido varias sentencias contra la Mesa del Congreso por haber aceptado sin el debido contraste vetos del Gobierno Rajoy a PdLs presentadas por la oposición. El TC también ha fallado contra el veto a la PdL sobre las centrales nucleares, Proposición de Ley en la que Podemos planteaba el cierre escalonado del parque nuclear español.
Las varias sentencias llegan tarde. Y llegan tarde porque el Parlamento está disuelto; pero la imagen de Ciudadanos ha quedado tocada en el sector. Sobre todo porque, en el caso del “no” de Cs a la tramitación de la PdL de Autoconsumo (marzo del 17), el partido naranja aseguró que, aunque no levantaba el veto, se ocuparía de organizar una mesa bipartita con el PP para “desbloquear” cuanto antes la regulación del autoconsumo (así lo dijo entonces su portavoz de Energía, Melisa Rodríguez). De la mesa, sin embargo, nunca más se supo. Y, durante año y medio (hasta la moción de censura), el autoconsumo estuvo desaparecido/secuestrado en algún cajón del ministerio (o de la mesa de Melisa).
El partido de Albert Rivera (foto) aborda la cuestión energética de manera asaz escueta. Solo 6 de las 175 medidas que recoge su Programa Electoral tratan ese tema. Dos son, quizá, las medidas estrella: la formación naranja promete (1) incrementar el presupuesto de I+D+i (investigación desarrollo e innovación) "para que España sea líder en el desarrollo de baterías para coches eléctricos" y se compromete así mismo a (2) promover "una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que garantice la seguridad jurídica y la no dependencia de combustibles fósiles" (el partido de Rivera ha sido muy criticado porque es el único de los cuatro partidos nacionales que aún no ha redactado su Propuesta de esa Ley; el PP presentó su propuesta 15 después de salir del gobierno; Podemos presentó la suya en julio del año pasado; y el PSOE firmó la suya justo después de convocar elecciones anticipadas).
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Cs garantizará la seguridad jurídica y la no dependencia de combustibles fósiles, impulsará una transformación hacia un modelo energético basado en energías renovables en 2050, desarrollará un modelo de subasta para la introducción de energías renovables basado en criterios de eficacia tecnológica y eficiencia económica y su programación con un calendario estable, garantizará un marco jurídico estable y seguro con una adecuada rentabilidad razonable para los inversores en tecnologías renovables que sufrieron los recortes arbitrarios de los gobiernos del PSOE y el PP.
Además, Cs promete (1) despolitizar el Consejo de Seguridad Nuclear para garantizar la independencia y credibilidad de este organismo regulador; (2) impulsar la eficiencia energética a través de la rehabilitación de 300.000 viviendas al año; (3) hacer más transparente la factura de la luz y bajarla “un tercio” eliminando impuestos e impulsando la competencia; (4) aprobar un Estatuto del Consumidor Electrointensivo (grosso modo, subvencionarle la electricidad a los grandes consumidores de energía); y (5) aumentar los mecanismo de compensación de costes de emisiones de gases de efecto invernadero, condicionando dicha ayuda a la implementación de medidas de eficiencia energética e innovación por parte de nuestra industria.
Todo lo cual queda bajo la sombra del impuesto al Sol (bajo la sombra de la duda). Porque la pregunta es: ¿y por qué no presionó al PP –partido que dependía de su apoyo- para que introdujese alguna de esas medidas? ¿Por qué decidió, muy antes al contrario, alinearse con el Ejecutivo en la Mesa del Congreso para evitar que ciertas PdLs llegaran al Parlamento?
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