javier garcía breva

El Gobierno concede al gas la seguridad jurídica que niega a las renovables

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La denuncia de los investigadores de la Plataforma Solar de Almería (PSA) de la asfixia financiera a la que ha sido condenada por el Gobierno no tendrá el eco de la de los pensionistas, pero afecta de igual manera al futuro de nuestro estado del bienestar. La calidad de vida está asociada a la protección del medio ambiente y a la sustitución de la energía fósil por las energías limpias y la PSA, desde 1977, es el primer eslabón de la investigación y desarrollo de la energía solar en España y en todo el mundo.
El Gobierno concede al gas la seguridad jurídica que niega a las renovables
Foto: JC Casado/Ciemat

Las restricciones presupuestarias del Gobierno han bloqueado hasta las ayudas europeas que tiene concedidas la PSA. Esta condena a la energía solar no es una decisión aislada pues coincide con el veto del Gobierno a la inclusión en los presupuestos de 2018 de una enmienda del PSOE, Podemos, ERC y grupo Mixto a favor de la seguridad jurídica para las inversiones renovables y coincide también con una serie de medidas publicadas en el BOE por las que el Gobierno garantiza al sector gasista la seguridad que niega a la energía solar.

El RDL 13/2012 paralizó las inversiones en nuevas infraestructuras gasistas debido a la falta de demanda de gas y al déficit del sistema gasista por la infrautilización de las infraestructuras existentes. Seis años después la situación sigue siendo la misma, pero el Gobierno ha decidido facilitar al sector gasista nuevos nichos de negocio, sobre todo en la edificación y en el transporte, para impulsar el consumo de gas que garantice la rentabilidad de centrales, gasoductos y regasificadoras.

El BOE de 15 de marzo de 2018 publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se ha restablecido la tramitación del gasoducto MIDCAT con Francia (ahora llamado STEP), paralizado por el RDL 13/2012. La decisión se adopta sin informe de la CNMC ni justificación documentada de estudios de demanda o de costes para los consumidores que modifiquen las causas que obligaron a suspender la interconexión gasista hace seis años.

El BOE de 26 de mayo de 2018 ha publicado el RD 335/2018 que, para incrementar la utilización de las regasificadoras y los ingresos del sistema gasista, define los peajes para la descarga de buques, almacenamiento de GNL, recarga de buques y suministro a buques que utilicen GNL como combustible; además, el real decreto levanta la suspensión del RDL 13/2012 para tramitar la autorización de nuevas regasificadoras.

Si el Gobierno no puede hacer nada para salvar la PSA puede, por el contrario, hacer todo lo que haga falta para gasificar España. Lo más incongruente es que las medidas se toman cuando en 2017 se ha comprobado cómo, con ola de frio y sequía, las centrales de gas han seguido funcionando al 12% de su capacidad porque la demanda sigue sin despegar y se mantiene el déficit estructural del sistema gasista que argumentaba el RDL 13/2012 para suspender nuevas inversiones.

Impulsar la demanda de gas con más infraestructuras innecesarias solo puede provocar un aumento del déficit del sistema gasista; pero para ello la Ley 18/2014 estableció, en sus artículos 59, 60 y 61, que todos los déficits del sistema se trasladarán automáticamente a los peajes, con lo que el sector gasista tiene garantizada su retribución, independientemente de cómo evolucione la demanda o la competitividad del país.

Si se tiene en cuenta que la energía del sol es la primera inversión energética del mundo, la más barata y limpia, la apuesta española por el gas importado, con precios impuestos desde terceros países, además de ser incompatible con los objetivos de lucha contra el cambio climático, es un fraude. La falta de capacidad del regulador de la competencia lo hace posible y evita al Gobierno tener que aportar estudios que demuestren la necesidad y la viabilidad económica de nuevas infraestructuras.

En el caso de la interconexión gasista con Francia el regulador francés exige que se justifique la demanda y el coste para los consumidores antes de decidir nada. La CNMC ha adoptado el mismo criterio para la regasificadora de Granadilla en Tenerife. La reciente confirmación por Angela Merkel de su apuesta por el gas ruso y el desbloqueo por la Comisión Europea del flujo del gas de Gazprom a Europa central y oriental convierten el gasoducto MIDCAT en una quimera y un coste incalculable para los consumidores españoles.

Considerar al gas como energía de transición a las renovables es un eufemismo para retrasar el desarrollo de las energías renovables y de la generación distribuida. Es la misma política contra las renovables de siempre, que el Ministro de Energía justifica con la idea de que aún necesitan dos décadas para madurar o que España hizo mal en invertir en renovables. ¿Por eso hay que castigar a la PSA, el más importante centro de investigación mundial en energía solar?

Sólo desde una mentalidad mediocre se puede reeditar el “que inventen ellos” para ocultar la injustificada desconfianza hacia la energía solar, autóctona e inagotable, pensando que la energía más barata es la del gas que no tenemos.

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Álvaro
Me revuelve las entrañas que tipos corruptos como estos políticos, sigan usando nuestros recursos par lucrarse ellos y sus amigos.. y que aqui no pase nada......